Me pregunto si la estrategia no sería meternos a ese sitio para no ver lo importante: toda la documentación de la participación de la Sedena y la Marina en la noche de la desaparición y el montaje después, o ahora el hecho de que retiraron órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas, 16 militares
Por John Gibler*
El pasado 18 de agosto la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) presentó su primer informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. En contraste con los primeros dos informes de más de 400 páginas, cada uno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el de la COVAJ tiene 97 páginas, de las cuales casi 38 páginas están completamente testadas (ocultas con marcas negras).
Las páginas testadas dejan entrever capturas de pantalla de teléfonos celulares con los números, las identidades y el contenido de lo que parecen ser mensajes de WhatsApp todo ocultado. Estas capturas de pantalla son las evidencias nuevas que distinguen el informe del COVAJ de los tres informes del GIEI y de todas las otras investigaciones que se han hecho.
En estas imágenes supuestamente se encontraría el sustento con el que el actual gobierno busca sustituir a la “verdad histórica”, con una narrativa que indicaría que los 43 estudiantes desaparecidos fueron separados en tres grupos, asesinados de formas brutales, que el coronel al mando del 27 Batallón de Infantería de Iguala habría ordenado el asesinato de 6 de ellos que cuatro días después seguían vivos, y que posteriormente habrían exhumado los restos para cambiarlos de lugares, entre ellos, uno de los sitios mencionados es el mismo Batallón 27.
El GIEI, que ha investigado el tema desde el 2015, publicó un comunicado poco después de la conferencia de la COVAJ donde señala que no tuvo conocimiento del informe previamente y que no había visto las pruebas obtenidas de las capturas de pantalla, los teléfonos celulares de los que se obtuvieron, ni los exámenes forenses realizados para recuperar la información.
“Una vez tengamos acceso directo a esta información,” dice el comunicado, “y podamos analizar a profundidad el contenido del informe, compartiremos nuestras valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto”.
El 24 de septiembre la periodista Peniley Ramírez empezó a publicar imágenes del informe con las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter. Luego escribió sobre su contenido en su columna en Reforma. Cuenta que una fuente le pasó la información. No cuestiona la veracidad de la información en ningún momento. No habló con las familias.
Hace casi ocho años otro periodista hizo algo muy parecido con la “verdad histórica”. Esteban Illades publicó un artículo en la revista Nexos—sin ir a Ayotzinapa, sin hablar con los estudiantes—narrando el expediente de la entonces PGR que le fue filtrado.
Como ya sabemos: ese expediente fue hecho a base de torturas, mentiras y todo tipo de falsificaciones para sustentar algo que, con las pruebas que hoy se tienen, podemos asegurar que no ocurrió: la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula durante la noche del 26-27 de septiembre del 2014.
Después pasamos cuatro años analizando y debatiendo todos los pormenores de una mentira, de una cortina de humo que fue montada con la participación de la Sedena, la Marina, la Policía Federal y la PGR.
Ahora, una vez más toda la atención del caso se concentra alrededor de una supuesta “evidencia” presentada por el gobierno, luego filtrada a la prensa, y que no ha sido verificada. En el caso de la “verdad histórica” fueron videos de supuestas confesiones. Ahora son pantallazos.
Las capturas de pantalla que ya se pueden leer llaman la atención por lo explícitos que son los supuestos remitentes acerca de lo que acaban de hacer con los estudiantes, porque mencionan constantemente y para que no quede duda los nombres de con quiénes están hablando (que coinciden con personal militar, de la PGR o miembros de Guerreros Unidos con órdenes de aprehensión), que parecieran escribir igual y compartir faltas de ortografía.
Me pregunto si no estamos ante un nuevo basurero de Cocula en versión digital: un lugar donde no pasó nada. Me pregunto si la estrategia no sería meternos a ese sitio para no ver lo importante: toda la documentación de la participación de la Sedena y la Marina en la noche de la desaparición y el montaje después, o ahora el hecho de que retiraron órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas, 16 militares.
Todavía no se ha mostrado de dónde surgieron esas capturas de pantalla, cómo llegaron los aparatos a la COVAJ, cómo fueron analizados, cómo se extrajo la información de los celulares, y cómo fue contrastada esa información con la inmensa documentación que ya existe en el caso y cuántos testigos coinciden con esa historia.
Pregunté hace un par de semanas en una columna si López Obrador y su gobierno querían encubrir a los altos mandos del ejército. Esa pregunta me sigue pareciendo pertinente.
Mi primera reacción al abrir y leer el informe de la COVAJ hace un mes fue pensar que lo habían escrito con prisa. Hay mucho diseño y poco contenido en las 97 páginas y, aparte de la información testada, no hay mucho nuevo. Cuando me enteré que el fiscal especial para el caso de la unidad de FGR y los miembros de su equipo no participaron y ni siquiera estuvieron presentes en las audiencias de Jesús Murillo Karam, empecé a preocuparme más.
¿Están buscando cerrar el caso, aunque digan que el informe presenta resultados preliminares? ¿Querían darle una palomita al gran compromiso de campaña de resolver el caso de Ayotzinapa antes del cuarto informe del presidente y del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes? ¿Querían proceder en contra de Murillo Karam con una averiguación mal hecha para poder decir que están cumpliendo pero sabiendo que el juez terminará desechando la causa? ¿Quieren echarle la culpa al fiscal especial aún y cuando maniobraron todo esto a sus espaldas?
Volver a exponer a las familias a evidencias que podrían ser falsas, todo por un juego político, sería gravísimo. En la marcha de conmemoración por el octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, los mensajes de las madres y los padres fueron claros: que se enjuicie al ejército y que se siga avanzando la investigación con evidencias verificadas.
Ahora mismo la falta de pruebas da fuego a los militares para que se presenten como víctimas y ésta se ha convertido en la excusa para que los nostálgicos defensores de la “verdad histórica”, salgan en su defensa. Urge, entonces, esclarecer las nuevas evidencias. Urge mayor información sobre su procedencia. Urge un análisis externo e independiente de las capturas de pantalla para verificar su procedencia y su contenido.
Sin esa verificación sólo serán, una vez más, pura pantalla. Otro basurero.
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John Gibler es autor del libro ‘Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa’ y colaborador del proyecto periodístico A dónde van los desaparecidos
