El Comité 9N convoca a una serie de eventos para seguir visibilizando la violencia estatal y criminalización del movimiento de mujeres y feministas en México, a dos años de la represión policiaca en Cancún, donde gobernaba la entonces alcaldesa Mara Lezama, actual gobernadora de Quintana Roo
Por Celia Guerrero
Twitter: @celiawarrior
El 9 de noviembre (9N) de 2020, la policía bajo el mando del municipio de Benito Juárez y del estado de Quintana Roo reprimió a balazos, con golpes y actos de tortura a manifestantes y periodistas que participaban en una protesta contra de la violencia feminicida en la ciudad de Cancún.
La manifestación en la que participaron mujeres sobrevivientes, familiares de víctimas, colectivas feministas y la ciudadanía harta de la violencia machista y feminicida, sucedió después de que el cuerpo de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado —conocida como Alexis, de tan solo 20 años— fue encontrado con signos de violencia extrema en la vía pública de la famosa ciudad turística, después de estar desaparecida un par de días. En Quintana Roo, el feminicidio de “Alexis” se sumaba a otra decena sucedidos hasta ese momento. Solo durante ese fin de semana se reportaron otros dos homicidios de mujeres.
Aquella protesta pasó a la historia reciente de México como una fecha más para recordar la constante violencia estatal dirigida a quienes exigen sus derechos y, en este caso específico, del uso criminal de las fuerzas del Estado en contra del movimiento de mujeres y feministas en el país. Ese 9N en Cancún la policía no solo disparó e hirió manifestantes y periodistas, también realizó detenciones arbitrarias, realizó actos de tortura psicológica y física, además de tortura sexual deliberadamente en contra de las mujeres detenidas.
Quienes recuerdan la jornada relatan que la manifestación salió de la zona turística, pasó por la fiscalía estatal y llegó a la explanada del palacio municipal. Ahí la seguridad pública realizó un acto que después sería leído como una trampa: retiró las vallas que rodeaban el edificio de gobierno y apagaron las luces. Mientras, unos 80 elementos de policía estatal y municipal, en coordinación con la Guardia Nacional, se preparaban para disolver la protesta.
Los videos que las personas presentes grabaron muestran cómo los policías salieron del edificio de gobierno armados, dispararon, golpearon y amenazaron a quienes pudieron para aterrorizar a la multitud, sin importar si eran gente que iba pasando, manifestantes o periodistas. Todo frente a los elementos de la Guardia Nacional que no intervinieron ni para bien ni para mal.
“La pregunta que queda siempre es la misma. ¿Quién dio la orden?”, se preguntan dos años después las y los integrantes del Comité de víctimas del 9N.
Aunque las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las y los asistentes fueron documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en una recomendación del 2020, dirigida al Ayuntamiento de Benito Juárez; Wendy Galarza, integrante del Comité 9N, considera que ninguno de los puntos recomendados ha sido cumplido.
Además, en la integración de las carpetas de investigación la fiscalía minimizó los delitos. Galarza explica que hasta el momento existen dos carpetas que han sido judicializadas. En una de ellas son 11 elementos de la policía involucrados, “altos mandos que son señalados solo por omisión”. Hay una mujer policía que actualmente se encuentra en prisión preventiva: la única detenida en relación a este caso. En la segunda carpeta los imputados son tres policías cuya prueba para detectar plomo resultó positiva: dos están “sustraídos de la justicia”, es decir, no saben dónde están y el tercero entró y salió de prisión.
“Nos dan una justicia selectiva”, lamenta Wendy, quien junto a otras y otros integrantes del Comité 9N sostienen una exigencia a las autoridades: justicia real, acompañada verdad y reparación integral para las víctimas.
Además, este 9N de 2022 el Comité convoca a una serie de eventos organizados con el objetivo de continuar visibilizando la represión y criminalización del movimiento de mujeres y feministas en México, una circunstancia gravísima que parecería tener más eco internacional que al interior del país.
«El espacio público es político y no podemos dejarlo a merced de criminales y corruptos pues corremos el riesgo de no recuperarlo nunca más y que la cultura de participación política diera un retroceso hasta la época de la guerra sucia en México”, escribe el Comité 9N en un texto que recuerda lo acontecido y lo califica como un crimen de Estado; ahora que Mara Lezama, quien era presidenta municipal de Benito Juárez cuando sucedió la represión, es la actual gobernadora de Quintana Roo.
