A casi tres años de la denuncia contra una jueza de lo familiar en el distrito judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, algunas de las víctimas rompen el silencio y reclaman la falta de justicia; la acusada fue suspendida con goce de salario y el proceso en su contra se mantiene estancado
Por Blanca Carmona / La Verdad
Buscar justicia dentro de una institución dedicada a impartir justicia ha sido un camino largo, lleno de obstáculos y sin protección, para un grupo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua que decidió enfrentar a una jueza por violencia laboral e institucional.
En diciembre del 2019, la Dirección General Jurídica del TSJ radicó una queja administrativa en contra de la jueza Primero Familiar por Audiencias, María del Carmen Domínguez Aguirre, por presuntas humillaciones, amenazas, gritos, acoso laboral, aislamiento, jornadas excesivas de trabajo y supervisión excesiva de actividades, como comer y hasta para tomar agua e ir al baño.
A casi tres años de presentadas las quejas, no hay una resolución judicial, por el contrario, algunas de las víctimas que acusaron a la jueza están señaladas como personas problemáticas, no tienen protección y siguen sufriendo padecimientos derivados del maltrato, como insomnio, depresión, ira, fatiga, lagunas mentales, falta de concentración, crisis de ansiedad y síntomas psicóticos.
En general, un estrés postraumático generado por la violencia a la que fueron sometidos, aseguran funcionarios del Tribunal afectados por la situación que decidieron hacer público el caso.
Como consecuencia de esta situación, la madrugada del pasado 18 de octubre una de las víctimas intento quitarse la vida. La incertidumbre que le genera estar a la espera de una resolución, el hecho de que no le crean que sufre las afectaciones de la violencia laboral a la que estuvo expuesta, el estigma que viven al interior del TSJ por haber presentado la queja y todos los gastos económicos que ha generado la atención médica que requiere se sumaron para que ella colapsara.
“Tengo miedo de regresar a trabajar y de las represalias. Colapso porque realmente no les importamos (al TSJ), quise morir y estuve internada…” dice la víctima, quien narra su caso con la condición de que su identidad sea resguardada.
“En lugar de ir mejorando se han agudizado los síntomas, la incertidumbre, la falta de justicia, el estigma, el que no te crean que estás mal ha ido empeorando en mi caso y de otras compañeras”, asegura.
La magistrada presidenta del TSJ, Myriam Hernández Acosta, rechazó una solicitud de entrevista sobre el caso abierto por empleados del Tribunal contra la jueza Domínguez Aguirre, quien fue suspendida hace casi dos años con goce de sueldo.
A través de su vocero, Israel Hernández Domínguez, el TSJ únicamente confirmó que existe un juicio administrativo y que la jueza sigue suspendida temporalmente del cargo.
El portavoz se negó a especificar si Domínguez continúa devengando un sueldo acorde a esa responsabilidad, aunque documentos oficiales revelan que, al ser suspendida, el Tribunal determinó no afectar sus percepciones.
Hernández tampoco pudo explicar porque la Dirección General Jurídica ha tardado tantos meses en emitir una resolución.
La batalla de 20 funcionarios
La jueza Domínguez Aguirre esta señalada como responsable de ejercer de manera directa y sistemática actos de violencia laboral e institucional, como: aislamiento, ofensas, trato grosero, denostativo, hostil y humillante, amenazas, comportamiento de intolerancia, discriminación, rechazo e intimidación en contra de 20 funcionarios judicial, desde el 24 de febrero del 2016 hasta agosto del 2019, así se documenta en el Acuerdo de Admisión a Trámite de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa al que tuvo acceso La Verdad.
“Situación que ha ocasionado en las víctimas un menoscabo en su salud física, psicológica y económica, así como en la administración de justicia; conductas que de igual forma son dirigidas a los testigos 15, 16, y 17 así como a los diversos usuarios que acuden a dicho tribunal a tramitar sus asuntos.
“Contraviniendo la funcionaria con su actuar, los principios previstos en la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los lineamientos internacionales y legislación aplicable” se lee en el documento.
Algunas de las víctimas señalaron que desde que inició labores el Juzgado Primero Familiar por Audiencias, la jueza Domínguez empezó a presionarlos. De forma constante les señalaba que hacían mal el trabajo, que no tenían conocimientos de Derecho, los reprendía a gritos por ejemplo diciéndoles que “estaba hasta la madre” de que no hicieran bien el trabajo, y les aventaba los expedientes en la cara.
Además, los amenazaba con levantar actas administrativas. Sumar tres actas es motivo de despido en el TSJ.
“Empezó a gritarme que como era posible que yo fuera licenciada en Derecho si era una persona descuidada, que no tenía organizado mi lugar, que no sabía lo que estaba haciendo, que no ponía cuidado en mi trabajo, que deberían regresarme de escribiente, que yo no valía la pena, que en una oportunidad ella iba a solicitar mi cambio. Bueno me dijo, me grito delante de todos. Yo me sentí muy mal esa vez, yo siempre me reservé no llorar, ese día si lloré, escondí la promoción porque tenía mucha vergüenza”, recordó una de las víctimas.
“Me tenía en una silla a la entrada del juzgado, sentada viendo la pared, no me dejaba ni siquiera recibir a los abogados litigantes porque decía que yo era un peligro, que no tenía una capacidad jurídica, que era una inepta, una ineficaz, que no servía como secretaria y no hallaba qué hacer conmigo. Esos eran los argumentos”, expresó otra de las víctimas quien es doctora en Derecho y desarrolló dos hernias discales a consecuencia del estrés. Ella fue sometida a una cirugía.
Las personas afectadas también dijeron que la jueza Domínguez Aguirre no les permitía comer y para confirmar que obedecían instrucciones buscaba en los botes de la basura cualquier rastro de comida; para controlar cuántas veces tomaban agua e iban al baño, la juzgadora colocó el contenedor del agua en su privado, sin tomar en cuenta que entre el personal había dos mujeres embarazadas.
Presuntamente también era normal que Domínguez utilizara un pizarrón o tablero, que se estaba a la vista de todos los usuarios del juzgado, para exhibir la cantidad de errores que cometía el personal.
En ocasiones optaba por retirarles el trabajo a los funcionarios y los sentaba en una silla manteniéndolos aislados o les asignaba actividades que no son propias de su cargo.
“Ella me daño físicamente, después de un accidente que tuve por no dormir y por presentar ansiedad, me empezó a dar trabajo que no podía hacer y que antes no hacía, como castigo. Tenía lastimado un brazo, me puso a cocer los oficios, a sellar, actividades que me lastimaban”, expuso una de las afectadas.
Esta misma víctima recordó en que varias ocasiones intentó que la cambiaran de juzgado, pero la juez María del Carmen Domínguez no lo permitió, le dijo que ya la había “adiestrado”, como si se refiriera a un animal. A esta misma persona le dieron funciones de secretaria auxiliar, pero le mantuvieron el sueldo de escribiente, refirió.
Aunque el horario oficial de trabajo es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, la jueza Domínguez presuntamente extendía el horario hasta las 11 de la noche y en ocasiones hasta la una de la mañana y los sábados ordenaba que trabajaran hasta las 5 de la tarde. Si el personal se incapacitaba, les enviaba trabajo a sus casas y levantaba actas administrativas, dijeron las víctimas.
Presuntamente la jueza contaba con el respaldo del magistrado Roberto Siqueiros Granados –quien en esas fechas formaba parte del Consejo de la Judicatura–, para mover a los funcionarios judiciales que no querían en su juzgado, principalmente previo al proceso de ratificación, y ante la renuncia del personal. Sin la intervención de Carrera Judicial.
“Esa mecánica la usaba Siqueiros para quitarle ‘las piedras’ a la jueza María del Carmen. Con las personas que ella empezaba a tener conflicto y se desbordaba a tal grado, lo que hacía él era ayudarla para gestionar los cambios sin el consentimiento de los funcionarios y lo hacía ver como que la persona quería, orquestaba todo”, dijo una de las víctimas.
“La Ley establece que, si un juez tiene alguna investigación o un problema, no lo pueden ratificar. Pero la ratificación de ella fue cuando estaba su protector el magistrado Siqueiros y derivado de él también estaba protegida por el entonces magistrado presidente del Tribunal, Pablo Héctor González Villalobos”, señaló.
El juicio administrativo se radicó el 18 de diciembre del 2019; posteriormente la jueza acusada fue notificada, se procedió a suspenderla temporalmente en enero del 2020 pero sin afectar sus percepciones ni derechos laborales.
Domínguez Aguirre tuvo la oportunidad de responder a los señalamientos ante la Visitaduría del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Dijo que la Ley Orgánica del TSJ la autoriza a ser estricta con el personal bajo su cargo, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso La Verdad.
La Ley otorga 40 días para el desahogo de pruebas. Sin embargo, ese periodo se extendió hasta el pasado 30 de septiembre cuando se presentó la última prueba pendiente; durante la pandemia no se realizó ninguna diligencia en el juicio administrativo.
Hasta este 16 de noviembre la jueza Especializada en Justicia para Adolescentes y comisionada como directora General Jurídica del Poder Judicial del Estado, Perla Guadalupe Ruiz González, no había emitido ninguna resolución.
A la fecha tres de las 20 víctimas decidieron retirar sus denuncias, por la presión a la que han sido sometidas.
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