La descentralizada que opera el suministro de agua potable en Ciudad Juárez asegura que este financiamiento es requisito para acceder a un fondo de más de 223 millones de pesos para reparación de los cuatro colectores
Por Itzel Ramírez / La Verdad
El Congreso del Estado autorizó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez la contratación de deuda pública pagadera en un plazo de hasta 18 años por 95 millones 500 mil pesos, como parte de un proyecto de inversión binacional que busca se eliminen las descargas de aguas residuales de lado mexicano del Río Bravo.
El crédito forma parte de un requisito establecido por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) para acceder a una aportación a fondo perdido por 11.5 millones de dólares ( más de 223 millones de pesos a un tipo de cambio de 19.40 pesos por dólar), un recurso ya autorizado por la institución binacional, según explicaron funcionarios de JMAS y de la Junta Central de Agua y Saneamiento a diputados que integraron las Comisiones Unidas de Agua y Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, las encargadas del análisis y dictamen.
El proyecto denominado “Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario de Ciudad Juárez, Chihuahua” -que obtuvo el financiamiento del NADBank-, considera un costo total de 26.9 millones de dólares entre la construcción de cuatro colectores (Norzagaray, Mimbre, Nadadores y Víboras), contingencias y obras de supervisión, de acuerdo con lo informado por JMAS a su Consejo de Administración el pasado 21 de junio, en una reunión a la que tuvo acceso La Verdad.
Además de los financiamientos provenientes de NADBank y el del crédito, JMAS cuenta con 10.9 millones de dólares de un Convenio de Apoyo Financiero de gastos no recuperables de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para completar el costo de las obras, según detallaron los servidores públicos en aquella sesión.
La reparación de los cuatro colectores significa la construcción de 12 mil 619 metros de tubería, lo que, de acuerdo con cálculos de la JMAS, beneficiará a 246 mil personas de las colonias Felipe Ángeles, Ampliación Felipe Ángeles, Ladrilleros y Caleros, Bellavista, Altavista, Josefa Ortiz de Domínguez, parte de la colonia Hidalgo y 5 de mayo.
Cada segundo, mil litros de aguas negras
La creciente densidad poblacional del norponiente de Ciudad Juárez ha contribuido al deterioro de los cuatro colectores que serán reparados y en lo que las tuberías colapsadas terminan por dejar al aire libre aguas residuales, explicaron funcionarios de JMAS y JCAS el pasado 23 de noviembre en el Congreso.
Las fallas en el sistema de alcantarillado implican que cada segundo, mil litros de aguas residuales van al cauce del Río Bravo, según cálculos de NADBank.
En la actualidad, todos los días se realizan trabajos de desazolve, precisó en entrevista Sergio Nevárez, director de la JMAS, a fin de evitar que las aguas negras permanezcan en cielo abierto y contaminen el río.
Según cálculos presentados a los legisladores, las obras de desazolve de esos cuatro colectores representan un gasto anual de 42 millones de pesos, más 5.4 cuatro millones de por la reparación de colapsos en la zona; además de 6.7 millones de pesos que se destinan para atender las inundaciones que van al Río Bravo.
Grupos ambientalistas han protestado contra la JMAS por las aguas negras vertidas al caudal del Río Bravo; incluso, han iniciado quejas formales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En agosto de 2021, el sistema de tuberías Frontera Force de El Paso, Texas, sufrió una avería que causó que millones de litros de aguas residuales llegaran al Río Bravo, las reparaciones terminaron en enero de este año.
De acuerdo con El Paso Water, el sistema de gestión de agua de la ciudad texana, Frontera Force gestiona diariamente un promedio de 10 millones de galones de residuos.
Nevárez apuntó que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) verificó que de lado estadounidense ya no hay descargas de drenaje, por lo que el problema permanece únicamente para México.
Plazo incierto
Aunque la JMAS ha informado a legisladores y a través de un comunicado que el crédito se pagará en un plazo de 13 meses, el proyecto aprobado hoy por el Congreso establece un periodo máximo de pago de 18 años.
“Aún y cuando en la autorización se establece un plazo de hasta 18 años… se expuso que la institución binacional en referencia solicitó contratar el crédito a un plazo de por lo menos 13 meses, por lo que atendiendo a esta circunstancia y a la propia capacidad financiera manifestada por la Junta Municipal, el crédito deberá contratarse en el menor plazo posible”, se lee en el dictamen de la iniciativa, una propuesta enviada al legislativo por la gobernadora Maru Campos.
Sin embargo, el decreto no contempla ningún artículo en el que indique la obligación de usar el menor tiempo posible para finiquitar el préstamo.
Nevárez dijo que aunque el plazo de 18 años se establece dentro de las posibilidades, las condiciones que pedirá la Junta a las instituciones financieras que participen en la licitación del crédito serán que se pague en un plazo “no mayor a 12 meses y un día”.
“A nosotros no nos conviene tener deuda porque dentro de los proyectos que tenemos para 23 y 24, ahí sí vamos a pedir créditos”, adelantó el director ejecutivo de JMAS.
El organismo público tanto en comparecencias como en las reuniones internas ha defendido su capacidad de pago y finanzas sanas.
Para el cierre de 2022, JMAS proyectó ingresos por dos mil 572 millones 61 mil 839 pesos y egresos por dos mil 85 millones, 135 mil 604 pesos; es decir, una utilidad de 486 millones 926 mil 234 pesos, según se lee en el dictamen.
Como fuente de pago se compromete un porcentaje “suficiente y necesario”, JMAS echará mano de los recursos derivados de la recaudación por concepto de prestación de los servicios presentes y futuros, aunque, ha asegurado, no habrá incremento de cuotas para los usuarios.
La autorización especifica que la Junta podrá constituir un fideicomiso para el manejo del crédito, mismo que será constitutivo de deuda pública y que deberá constatarse a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
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