El plazo para la investigación en el proceso penal en contra de César Duarte concluye este jueves 8 de diciembre. La defensa del exgobernador ya lo ve fuera y activista advierte la mano de Maru Campos
Por Sugeyry Romina Gándara / SinEmbargo
La absolución de al menos cinco de los siete procesos administrativos que pesan en contra de César Duarte Jáquez por el desvío de recursos públicos en Chihuahua serán utilizados por la defensa del exgobernador en el proceso penal que sigue en su contra, lo cual, daría posibilidades a su defensa para lograr la liberación del priista, consideró la defensa y advirtieron activistas
El plazo fijado para el periodo de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua en el proceso penal en contra de Duarte Jáquez concluye este jueves 8 de diciembre, por lo que la defensa estima que si la Fiscalía no pide una ampliación hasta por seis meses, o bien el Juez no se la concede, la audiencia de juicio oral se podría realizar dentro de tres o cuatro meses, informó a SinEmbargo Juan Carlos Mendoza, abogado del exmandatario.
“Las absoluciones por supuesto que pueden ser usadas en el proceso penal, por eso (los que lo acusaron) están tan temerosos, porque con lo que nosotros demostramos en esos procesos administrativos no van a poder sancionar (al exgobernador) con la prisión”, expresó el litigante.
Y añadió: “Hay un principio en el derecho que dice: si puede lo más, puede lo menos. En el sentido inverso también sería: si no puedes con lo menos tampoco puedes con lo más. Esto significa que si administrativamente no se le puede probar nada, penalmente mucho menos”.
El abogado de Duarte explicó que solicitarán también el cambio de la medida cautelar, es decir, que pase de prisión preventiva a otra medida —seguramente arraigo domiciliario— al argumentar problemas de salud y porque ya se van a cumplir dos años de que fue privado de la libertad, esto último considerando el tiempo desde que fue capturado en Miami, Estados Unidos.
Por su parte, el activista Jaime García Chavez advirtió que el panorama para la liberación de Duarte Jáquez es amplio, pues acusó que la actual Gobernadora panista, María Eugenia Campos, ha allanado el camino para que no sea sentenciado por corrupción.
“María Eugenia Campos, como está también en medio de esta corrupción por las prebendas que recibía por parte de César Duarte, pues ella está interesada en que, liquidando el tema mayor, quedaría limpia. Podemos apostarle poco a la justicia, esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho, porque el régimen de corrupción e impunidad que aún prevalece en el país tiene en el déficit legislativo, en materia penal, la herramienta principal para que los corruptos puedan estar evadiendo permanentemente la justicia cuando hay alguna pretensión de hacer justicia. En ese sentido, el panorama político es propicio para la impunidad”, afirmó el activista chihuahuense.
Juan Carlos Mendoza explicó que César Duarte enfrentaba, además del proceso penal por el que fue extraditado, siete procesos administrativos en su contra, de los cuales en cinco de ellos ya fue absuelto. Fue el 14 de noviembre, detalló, cuando el imputado fue notificado de las últimas tres absoluciones.
“Duarte solo está enfrentando un procedimiento penal por la causa 3041/2019 y tiene pendientes dos procedimientos administrativos, uno de ellos es igual que el que se está llevando por la vía penal. Esos procesos administrativos son exactamente iguales, son los mismos hechos que están en las causas penales y por el cual fue señalado como imputado. Se trata de procedimientos administrativos que empezaron a imponerse contra Duarte en el año 2019, luego de que la Fiscalía empezó a advertir que no iba a haber manera —por todas las irregularidades y violaciones al debido proceso— de sostener esa acusación. En esos cinco (procedimientos administrativos) se resolvió que no hay responsabilidad administrativa por parte del licenciado César Duarte”, dijo su abogado defensor.
La Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, informó en días pasados que los procedimientos administrativos que quedaron sin efecto no fueron del conocimiento del estado porque se encontraban prescritos y la dependencia a su cargo no logró entrar al fondo del caso al haberse terminado su tiempo para la investigación.
La funcionaria aseguró que el expediente sancionatorio no se pudo resolver debido a que las conductas atribuidas al exmandatario y dos de sus excolaboradores prescribieron por la “impericia” con la que se hizo la investigación en la administración del exgobernador Javier Corral.
Juan Carlos Mendoza explicó que los procedimientos administrativos son la primer vía para calificar alguna irregularidad de un funcionario público en ejercicio de sus funciones y se sancionan con la inhabilitación para poder ejercer algún cargo y multas económicas.
Los dos procesos administrativos que quedan pendientes se encuentran actualmente en el Tribunal de Justicia Estatal Administrativa y uno de ellos es clave, porque se tratan exactamente de los mismos hechos que se señalan en la causa penal contra Duarte. Sin embargo, el curso de ese procedimiento está retrasado, según señaló el abogado.
“Desde el mes de abril el Magistrado ponente debió haber citado a las partes a comparecer para el desahogo de las pruebas. Nosotros consideramos aquí una grave irregularidad: detención de la justicia por parte de este Magistrado Alejandro Tavares. Llama la atención de manera especial porque a partir de abril tenía 15 días para citar a comparecencia, pero ha habido mecanismos y argucias para ir deteniendo que se presenten los alegatos y con ello detener la resolución”, acusó.
El abogado consideró que la resolución de ese procedimiento penal está detenido porque es igual al procedimiento penal, es decir, los mismos hechos que están en el procedimiento penal.
EL PROCESO PENAL CONTRA DUARTE
En la causa penal en contra de César Duarte —por la cual fue extraditado de Estados Unidos a México el pasado 2 de junio a México— se le acusa de dos delitos: desvió de recursos por 96.6 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014, y de asociación delictuosa, como se le conoce al delito de peculado.
El dinero supuestamente desviado por el exmandatario de Chihuahua fue destinado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, como la Unión Ganadera División del Norte o de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte, empresas fuertemente ligadas al exgobernador.
El 9 de junio pasado el Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte Jáquez, luego de una audiencia de más de 12 horas, en la que se determinó la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, y dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación, la cual concluye este jueves 8 de diciembre.
“Sería un absurdo si la Fiscalía pide una prorroga hasta por seis meses, pero pues dicen que tienen toda la vida investigando y todavía necesitar más tiempo sería un absurdo. Al terminar el tiempo de investigación, se tienen hasta dos meses para celebrar la audiencia intermedia y luego se tendría un mes, aproximadamente, que se pudiera estar citando para la audiencia de debate de juicio oral”, dijo.
El abogado de Duarte reiteró que durante el juicio oral buscarán incorporar como pruebas la absolución de los procedimientos penales con lo cual está muy esperanzados a que esto le de la libertad así como también la absolución.
“Por eso están tan temerosos y por eso están haciendo esas dilaciones de la justicia, porque con lo que nosotros demostramos en el procedimiento administrativamente no van a poder sancionar con la prisión”, abundó.
El pasado 3 de octubre se dio a conocer que un Juez federal rechazó otorgar dos amparos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el proceso penal que se le sigue por presuntos delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos.
Uno de los amparos rechazados implicaba la anulación de la vinculación a proceso por los delitos anteriormente mencionados; mientras que otro buscaba evitar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, aunque su defensa argumenta que dicha medida constituiría una pena anticipada.
El Juez argumentó que éste último amparo denegado se justifica ya que, como César Duarte cuenta con un trámite de residencia en Miami, Florida —lugar donde fue detenido— y además, cuenta con una licencia de conducir en Estados Unidos, implicarían razones para abandonar el país.
LAS OTRAS ACUSACIONES
La Fiscalía de Chihuahua informó el pasado 21 de julio que buscaba ejecutar más ordenes de aprehensión en contra del exgobernador, pues aseguró que continúa con los trabajos de solicitud de excepción al principio de especialidad, con el fin de cumplimentar el resto de las órdenes de aprehensión en contra de César Duarte Jáquez.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que las acciones han sido realizadas desde el pasado mes de abril, tiempo en el que funcionarios de la FGE han sostenido reuniones de coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) “incluso antes de que el imputado fuera extraditado”.
De acuerdo con la información, el procedimiento se lleva de conformidad con el Artículo 17 del Tratado de Extradición, en el cual, dijo, “se ha hecho lo propio con la dependencia federal para que ésta a su vez haga la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicite al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y así se supere la excepción al principio de especialidad”.
Por motivos del Tratado Internacional de Extradición, Duarte Jáquez sólo podría ser detenido, procesado y enjuicio por los delitos por los que fue extraditado, en este caso solo se le trajo al país por una de las 21 órdenes de aprehensión en su contra, la referente al delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos, que no amerita prisión preventiva.
Juan Carlos Mendoza aseguró que la Fiscalía de Chihuahua ha lanzado solo trata de confundir a la sociedad diciendo que se puede ejecutar y ser procesado las demás ordenes de aprehensión.
“Si bien es cierto que hay una regla de excepción en el Tratado de Extradición en el Artículo 17, esa regla de excepción señala en el inciso C que ha posibilidad de que el Estado requerido (es decir Estados Unidos) haya dado su autorización para la excepción. En este caso eso ya no es posible porque el procedimiento de extradición ya se terminó y ya no es aplicable”, aseguró el litigante.
No obstante, el activista Jaime García Chavez recordó que también hay una denuncia penal en contra del mandatario en materia federal, presentada por el activista en septiembre de 2014, donde lo acusa de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos que, se presume, fueron empleados para crear un banco del exgobernador, es decir el caso del banco Unión Progreso de Chihuahua, que se quedó estancado en la FGR.
En el último tramo del sexenio anterior, “Enrique Peña Nieto solicitó, a través de la PGR, que se decretara el no ejercicio penal contra Duarte, es decir, quiso irse de la Presidencia dejando en libertad a su amigo César Duarte”, dijo el abogado.
No obstante, el activista tuvo que recurrir a dos amparos que finalmente obligaron a la ahora FGR a que justificara esa pretensión de la no acción penal, “cosa que no ha sucedido hasta ahora”, comentó.
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