El esclarecimiento parcial del caso deja cabos sueltos: no fueron turistas, sino extranjeros indocumentados; tanto alcalde de San Felipe como transportistas ocultaron datos
Por Carmen Pizano / Pop Lab
Guanajuato- Con la aplicación de notables recursos materiales y humanos que rara vez se emplean en la búsqueda de víctimas de desaparición, los gobiernos federal, de San Luis Potosí y de Guanajuato localizaron a un ciento de personas retenidas contra su voluntad, pero han sido incapaces de dar respuestas a las múltiples interrogantes sobre un caso donde se mezcla inseguridad en carreteras y el tráfico ilegal de migrantes que ya incluye el asesinato de un conductor originario de León, Guanajuato.
El involucramiento de dos estados: Guanajuato y San Luis Potosí representó que corrieran versiones contradictorias entre las autoridades de ambas entidades.
Durante dos días, la información que revelaron las autoridades involucradas dejan más dudas que respuestas sobre lo que sucedió a partir del 3 de abril y las personas responsables. Entre las preguntas sin responder están:
¿Qué hace una empresa leonesa que se dedica al turismo transportando migrantes desde Guanajuato a los que hace pasar por turistas?
¿Por qué el alcalde del PVEM en San Felipe insistió desde el primer momento que habían sido liberados y estaban ya en su destino, cuando no fue así; por qué insistió en que eran vecinos del lugar, cuando solo 2 de los 23 lo son?
La primera versión que surgió sobre la desaparición del grupo que salió de La Quemada, San Felipe, es que se trataba de turistas que iban a Saltillo, Coahuila, información que surgió desde la propia empresa transportista Eifel, propietaria de las dos camionetas en las que viajaba el grupo, pero más tarde se confirmó que se trataba de migrantes centroamericanos.
En la ficha de búsqueda de Joel Juárez Sánchez, el conductor leonés que murió asesinado en San Luis Potosí, se detalló que viajaba en una camioneta con número de placas GTR2686 del estado de Guanajuato; es decir, no estaba certificado el vehículo para transportar turistas porque las placas tendrían que ser federales.
En la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato se faculta al gobierno estatal para emitir permisos para transporte de personal, pero se trata de una licencia que aplica para prestar el servicio únicamente en la entidad.
El Gobierno de Guanajuato ha dado pocas explicaciones sobre lo acontecido, pero sí aprovechó para lucirse con el anuncio de que enviaron dos helicópteros y personal de la Secretaría de Seguridad Pública para apoyar en los trabajos de búsqueda, sin aclarar si la empresa y los vehículos que rentaron tenían los permisos estatales para el transporte de personal u operan con permiso federal que les permite transitar por el estado dando el servicio de transporte turístico.
Otro personaje que ha jugado un papel protagónico es el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, quien desde el día que se hizo pública la desaparición del grupo, posteó un video en redes sociales donde aseguró que tenía conocimiento de que estaban camino a su destino, con el único contratiempo de que los detuvieron para pedirles un cobro por el paso de la carretera, por parte de un grupo criminal. https://www.youtube.com/embed/BYwSpzyVUaw
La versión de Maldonado no se limitó al video del jueves 5 de abril, sino que la tarde del 6 de abril, después de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato dio a conocer que se habían rescatado a 35 personas durante los operativos en San Luis Potosí, el gobierno municipal de San Felipe emitió un comunicado de prensa en el que insiste que no existió desaparición de personas ni secuestro en el este caso.
Incluso, mencionan que hablaron con las familias de dos migrantes sanfelipenses que se comunicaron por teléfono para informar que están en la frontera para cruzar a Estados Unidos.
¿Por qué Maldonado intenta suavizar lo ocurrido con el grupo de migrantes centroamericanos? Además, en el video del 5 de abril nunca habla de extranjeros, sino solo de “habitantes de la comunidad La Quemada?
Entre la poca información que ha sido compartida, en su mayoría surge de las autoridades potosinas, mientras la Secretaría de Seguridad de Guanajuato optó por filtrar información a Milenio, medio que manejó que Luis Felipe Macías Arriaga y Joel Juárez Sánchez, los dos choferes de Eifel, eran polleros al servicio del crimen organizado.
Buscan turistas; destapan red de trata
Joel Juárez Sánchez, originario de León, fue reconocido en la industria del transporte por ser un buen chofer, y fue asesinado «producto de los golpes que le propinaron», según la Fiscalía de San Luis Potosí.
Lo que inició como la búsqueda de turistas sanfelipenses, destapó la red de trata de migrantes que opera en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León.
Por la cobertura mediática del caso desde que se dio a conocer la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las autoridades locales hicieron lo que en pocas ocasiones aplican en tareas de búsqueda de personas: movilizar los recursos humanos y materiales para localizar al grupo.
El resultado, de acuerdo con información de la Fiscalía General potosina, fue la localización sin vida del guanajuatense Joel Juárez Sánchez, chofer de la empresa de transporte Eifel, y el rescate de 96 migrantes centroamericanos y nueve mexicanos.
La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó el asesinato de Juárez Sánchez, el rescate de 105 personas y la detención de dos presuntos responsables: 45 migrantes que viajaban en autobús junto con el conductor de nacionalidad mexicana estaban cautivos. Según las autoridades, el autobús fue interceptado en el tramo Villa Hidalgo a Matehuala por un grupo criminal que opera en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León.
31 centroamericanos y cuatro nacionales, entre ellos el grupo que salió de San Felipe, fueron localizados en una zona semidesértica en las inmediaciones de Doctor Arroyo, Nuevo León. En este operativo participaron los dos helicópteros y el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato que fueron enviados a participar en las tareas de búsqueda.
11 indocumentados que estaban retenidos en un hotel de Matehuala. En este sitio se detuvo a una persona que hacía funciones de vigilancia.
9 migrantes en una casa de seguridad con otra persona detenida, que presuntamente podría estar relacionada con los hechos.
Además, en los operativos que desplegaron las autoridades en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala «se pudo rescatar con bien a cuatro ciudadanos que habían sufrido asaltos en sus vehículos y los cuales también estaban privados de su libertad», asegura el comunicado de la Fiscalía de San Luis Potosí.
En una tarjeta informativa que difundió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, habla únicamente de la localización de las 35 personas en una brecha de San Gabriel, Matehuala, sin hacer mención de las 45 personas del autobús, las 11 que estaban en el hotel de Matehuala y los nueve migrantes más de la casa de seguridad.
El inicio
El lunes 3 de abril el grupo de personas salió de San Felipe en dos camionetas que habían sido arrendadas por la empresa de transporte Eifel, con domicilio en León, mismas que iban con dirección a Saltillo, Coahuila.
Durante la madrugada del 4 de abril, uno de los representantes de la empresa reportó la desaparición de los dos choferes: Luis Felipe Macías Arriaga y Joel Juárez Sánchez, además del resto de personas con las que habían salido.
Uno de los representantes de la empresa Eifel presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato, luego se dio a conocer a los medios de comunicación locales que eran 23 personas las que iban en las dos camionetas. Con el GPS pudieron encontrar una de las camionetas en las inmediaciones de Matehuala.
Hasta que se dio a conocer en medios locales sobre la denuncia de desaparición presentada por la empresa transportista, la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, publicó en sus redes sociales un mensaje de confirmación sobre la desaparición de personas en San Luis Potosí.
En ese mensaje, la funcionaria estatal señaló que desde el día 4 de abril las autoridades guanajuatenses y las potosinas estaban en coordinación para su localización.
El mismo miércoles comenzó a circular información sobre el presunto secuestro del grupo de turistas sanfelipenses, por quienes pedían entre 60 mil y 70 mil pesos para liberarlos, sin que autoridades de Guanajuato o San Luis Potosí dieran más detalles.
Unas horas más tarde, la Fiscalía General de San Luis Potosí emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que habían localizado a 16 personas, las que habían salido de Guanajuato, que habían sido víctimas de robo pero que estaban bien.
«… Se encuentran bien de salud, fuera de peligro, y ya de regreso con sus familiares, previa entrevista ante la Fiscalía. Asimismo, se pudo recuperar el vehículo en el que se transportaban… A raíz de estos acontecimientos, se inició ya coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, debido a que es el Estado de origen de algunas de las víctimas», aseguró la Fiscalía de San Luis Potosí en el comunicado de prensa.
También el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que el grupo había sido localizado y «con rumbo a su destino».
Sin embargo, fue uno de los socios de la empresa transportista el primero que desmintió las versiones oficiales de la Fiscalía de San Luis Potosí y del alcalde de San Felipe, al asegurar que no se había tenido contacto con las personas.
Minutos después de la medianoche, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, informó que dos helicópteros fueron enviados a San Luis Potosí para colaborar con los trabajos de búsqueda de las personas.
Uno de los dueños de la empresa de transporte Grupo Eifel reveló que había familias que estaban pagando el dinero que les pidieron, pero de los dos operadores no tienen ninguna información.
«De los dos operadores no sabemos absolutamente nada… lo último que nos comentaron es que solo faltaban dos personas de entregar el mentado rescate para liberarlos a todos».
El jueves, el vocero de seguridad potosino Miguel Gallegos reconoció que la información que había dado a conocer un día antes la Fiscalía, sobre las 16 personas localizadas el día 6 de abril, no eran las mismas que habían salido de San Felipe, sino personas provenientes del Estado de México.
Las autoridades potosinas explicaron que sobre la carretera 57 a la altura del municipio de Matehuala, donde fue encontrada una de las camionetas de Grupo Eiffel, se localizaron deambulando a 16 personas, incluido el conductor de la camioneta.
El secretario de Seguridad, Guzmar Ángel González Castillo, aceptó que en el tramo de la carretera federal 57 a la altura de Matehuala es frecuente que se comentan delitos.
«Está considerada como un área que suceden eventos como estos, de ahí que estamos trabajando con recorridos», dijo.
El primer mensaje del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llegó hasta la tarde del jueves. A través de su cuenta de Twitter, se posteó un mensaje en el que asegura que se entabló comunicación directa con la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE) y con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Luis Rodríguez Bucio, para dar con el paradero de las personas guanajuatenses.
Contradicciones
La mañana del viernes, la Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que Joel Juárez Sánchez, el chofer que viajaba en una camioneta con placas de la empresa de transportes Eiffel, había sido asesinado.
«El tripulante de la otra camioneta de la empresa que rentó los dos vehículos se encontró sin vida, pues al parecer falleció producto de golpes que se le propinaron, aunque esto será determinado por la necropsia de ley», señala el boletín difundido la mañana del viernes.
También expone que en una de las camionetas de la empresa Eiffel viajaban 12 migrantes y el chofer, mientras que en la otra era uno de los choferes con otras tres personas mexicanas; es decir, según las autoridades de San Luis Potosí no se trataba de 23 personas que salieron de San Felipe, sino 17.
La cantidad de personas de las que hablan las autoridades potosinas con las que maneja el gobernador de Guanajuato no coincide: la noche del jueves 6 de abril, Diego Sinhue Rodríguez publicó en sus redes sociales un agradecimiento al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de Protección Civil del Estado por el trabajo de 20 horas que realizaron.
«Localizaron a los 23 desaparecidos en San Luis Potosí», sostuvo en el tuit.
Contrario a las evidencias, otro de los que mantiene una versión distinta al resto de las autoridades es Eduardo Maldonado, alcalde de San Felipe.
El gobierno municipal de San Felipe, Guanajuato, envió un comunicado de prensa en el que se afirma que los dos habitantes que viajaban con el grupo están a salvo y camino a la frontera con Estados Unidos.
Aseguraron que tuvieron comunicación con las familias de ambos sanfelipenses, uno originario de la comunidad La Quemada, otro de la comunidad El Cúbito.
«Los presuntos desaparecidos se encuentran bien y se encuentran en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila», se afirma en el comunicado de prensa, en el que también comenta la autoridad municipal que los hombres viajaban con rumbo a la frontera con Estados Unidos para intentar cruzar.
«Reiteramos que se ha negado un secuestro o robo de sus pertenencias», agrega, con el mensaje de que las familias no quieren que se conozca su identidad ni números telefónicos.
En todo caso, de ser cierta la versión, ambas personas se habrían separado del grupo original y viajado por su cuenta, ya que incluso los vehículos permanecieron en la zona de Matehuala.
Las interrogantes en torno al caso son más que lo aclarado hasta ahora.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pop Lab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
