Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Antonio M.D. segundo mando a nivel central; y el contralmirante Salvador G.G, quien era el titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, se presentarán este día ante diversos jueces federales para responder por la muerte de 40 personas migrantes y las lesiones de otros 27
POR BLANCA ELIZABETH CARMONA / LA VERDAD
Ciudad Juárez- Los dos altos mandos a nivel nacional del Instituto Nacional de Migración (INM) y uno estatal, van a comparecer este viernes 21 de abril antes diversos jueces federales para responder por la muerte de 40 personas migrantes y las lesiones sufridas por otros 27 en el incendio ocurrido en una instalación que estaba bajo su administración.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional del INM, debe comparecer por primera vez y de forma voluntaria a las 9:15 de la mañana de este viernes para escuchar la formulación de cargos legales.
Se espera que el Ministerio Público de la Federación lo acuse de haber cometido un delito que no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues de lo contrario le hubieran ejecutado antes la orden de aprehensión y, en cambio, lo llamaron a comparecer de forma voluntaria.
En esa diligencia también se determinará la medida cautelar que deberá cumplir Garduño Yáñez, la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso y él tendrá la oportunidad de rendir declaración o reservarse.
Mientras que Antonio M.D., quien se desempeña como director General de Control y Verificación Migratoria del INM, se presentó este jueves 20 de abril para escuchar la acusación por una presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, él y sus abogados lograron que la diligencia se suspendiera unas horas y el funcionario evadió la prisión preventiva.
Como medidas cautelares el juez federal José Avelino Orozco Córdova, le impuso a Antonio la obligación de que se presente a firmar una vez cada mes, iniciando el próximo 28 de abril; así como la prohibición de salir del país; y fijó la siguiente audiencia también para este viernes a las 10 de la mañana.
El contralmirante Salvador G.G., quien era el titular de la Oficina de Representación en el estado de Chihuahua al momento que sucedió el incendio, es el tercer mando que tendrá audiencia este viernes.
Él fue presentado por primera vez ante el juez Juan José Chávez Montes, el pasado 17 de abril.
En esa diligencia Salvador G.G., quien es un militar en retiro y sirvió en la Secretaría de la Marina, fue acusado de haber cometido los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
En la audiencia de este viernes, los abogados del contralmirante podrán presentar datos de prueba para buscar desvirtuar la acusación presentada por la representación social.
También el militar tiene el derecho de rendir declaración ante el juez si es su deseo y el juzgador deberá determinar si lo vincula o no a proceso penal.
Hasta este viernes 21 de abril, 10 presuntos responsables del incendio ocurrido en la estación migratoria, ubicada junto al puente internacional Reforma-Stanton y en la calle General Rivas Guillén, han comparecido ante jueces federales.
El 4 de abril y dentro de la causa penal 216/2023 fueron vinculados a proceso penal los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T., y Gloria Liliana R. G; así como Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector).
También, el mismo día y con la misma causa, se vinculó al guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y al migrante de Venezuela, Jeison D. C.R.
Ellos cinco están acusados de haber cometido los delitos de homicidio y lesiones.
El 17 de abril se le formularon cargos al contralmirante Salvador G.G., por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
En la madrugada del 19 de abril y dentro de la causa penal 235/2023, fueron vinculados a proceso penal Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM y Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta Protección Migrante.
Además, en esa misma diligencia quedó en libertad Cecilia R. T., jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del INM en el Municipio de Janos.
Antonio M.D., director General de Control y Verificación Migratoria, es el décimo en comparecer ante un juez.
Libra segundo mando nacional de INM prisión preventiva
Unos minutos después de las 9 de la mañana de este jueves 20 de abril inició la diligencia en contra Antonio M.D.
Los abogados del funcionario le indicaron al juez, José Avelino Orozco Córdova, que la carpeta de investigación -formada por unos 12 tomos- se les había entregado unos minutos antes del inicio de esa diligencia.
Además, indicaron que el material que recibieron incluye un video de 12 horas de duración.
Precisaron que existe el principio de igualdad procesal y por ende requerían de tiempo para conocer toda la información existente en la carpeta de investigación.
El Ministerio Público de la Federación se opuso y al final el juez sí otorgó una suspensión de unas 24 horas, fijó la audiencia a las 10 de la mañana de este viernes 21 de abril.
El juez también anunció que entraría al estudio de qué medida cautelar iba a imponer.
En esos momentos una de las agentes del Ministerio Público pidió la prisión preventiva contra Antonio indicando que él es el segundo al mando en el INM y puede destruir, modificar y alterar medios de prueba, así como influir en los coimputados.
La fiscal expuso que en su calidad de director General de Control y Verificación Migratoria a nivel nacional, Antonio tiene acceso a todos los documentos.
Tanto es así, dijo la fiscal, que en la carpeta de investigación hay varios oficios firmados por el funcionario debido a que él es el responsable de dar las órdenes para que se responda al Ministerio Público de la Federación respecto a la investigación que se abrió por el incendio ocurrido el 27 de marzo.
La fiscal detalló que ya el pasado 19 de abril el nuevo encargado del despacho de la Oficina de Representación en Chihuahua, José Andrés Quevedo Ramírez, respondió que esta imposibilitado para presentar a tres funcionarios que son requeridos para interrogarlos.
El Ministerio Público de la Federación requería a Héctor P.M., pero él causó baja el pasado 31 de marzo (cuatro días después de ocurrido el incendio); a Jesús A.L., quien tampoco se ha presentado a laborar y a Paloma C.C.
Los fiscales reiteraron que el INM en Chihuahua está obstruyendo la investigación, pues ha impedido que la Policía Ministerial se acerque a las víctimas.
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El 29 de marzo, dijo la fiscal, policías federales acudieron al Hospital 35 del IMSS para entrevistar a varias víctimas sobrevivientes. Pero el personal del INM de Chihuahua impidió el acceso a las víctimas.
Después se tuvo conocimiento que el INM de Chihuahua envió al Hotel Colonial bajo custodia a una víctima y nuevamente el personal del Instituto impidió el acceso.
Aunado a ello, se modificó el perfil del puesto que ocupa Antonio M.D.
A partir del perfil de las plazas, el Ministerio Público de la Federación ha estado conociendo las responsabilidades de los funcionarios públicos.
En este caso, dijo la fiscal, el 5 de abril el INM entregó a la representación social un oficio detallando el perfil del cargo que ocupa Antonio -que es de director General de Control y Verificación Migratoria-, y en esa fecha la responsabilidad de ese cargo era seguridad y protección.
Pero, “derivado de las audiencias” se solicitó más información el 16 de abril pasado. En esta ocasión el INM informó que ese mismo cargo tenía como responsabilidad la normatividad y gobierno, ya no era seguridad y protección.
Esto a partir de un cambio en el perfil de ese puesto, que se autorizó a partir del 18 de abril, aunque el oficio donde se notificó al Ministerio Público es del 16 de abril, es decir, dos días antes de que se hiciera los cambios oficialmente.
Ante los señalamientos, los abogados de Antonio M.D., dijeron que fueron las secretarías de la Función Pública y la de Gobernación quienes hicieron los cambios, afirmaron que su representado no infirió en eso.
Los litigantes también dijeron que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con los medios necesarios para investigar y si no lo hace está incumpliendo; consideraron que no está acreditada una obstaculización a la investigación; señalaron que no hay ningún inferior jerárquico de su representado detenido; y expresaron que es falaz lo relativo a víctimas custodiadas en un hotel.
Además, Antonio M.D., habló para decirle al juez que su deseo es someterse al proceso penal.
“En todo momento ha sido mi intención proporcionar información de los hechos, auxiliar a los lesionados, a las familias, darles acceso a las autoridades. No se obstruye la investigación. He tenido o tuve la posibilidad de interactuar con la Ministerio Público para hacerle llegar los elementos de prueba, los documentos las veces que se ha requerido”, afirmó Antonio M.D., ante el juez.
El funcionario federal también dijo que estuvo atendiendo el retorno de quienes fallecieron, facilitando información a los cónsules de los países de donde eran originarias las víctimas y atendiendo a los familiares.
Agregó que no fue notificado de que era objeto de una investigación, afirmó que se enteró a través de los medios de comunicación y ante la imposibilidad de permanecer en su ciudad de residencia, por encontrarse en Ciudad Juárez para atender todo lo derivado del incendio, presentó un documento al Poder Judicial de la Federación para pedir que lo notificaran.
“No me quiero sustraer, aquí estoy presente”, apuntó.
Antes de que terminara la diligencia, el Ministerio Público le pidió al juez que agregara otra medida cautelar al funcionario, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo. Pero el juez se negó diciendo que ya había pasado la oportunidad de la representación social para hacer peticiones respecto a la cautelar.
