Una camioneta con 19 cuerpos calcinados en su interior fue encontrada a finales de enero del 2021 cerca de Camargo, Tamaulipas, eran migrantes que salieron de Guatemala, solo uno era de El Salvador; más de 800 días después sus familias buscan que este crimen no se quede impune
Por Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco
Primera parte
Tamaulipas- “Cuando recibí la mala noticia me atormenté, pero recapacité. Quiero que el gobierno mexicano haga justicia”, afirma Ricardo García en entrevista telefónica. Ochocientos días después, el hombre ha comenzado a andar el camino para saber quiénes y porqué mataron a su hija Santa Cristina, 15 paisanos guatemaltecos y un salvadoreño.
Las familias indígenas guatemaltecas y salvadoreña pelean por su derecho a participar y atestiguar el trabajo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), del Poder Judicial y la Secretaría General de Gobierno, todos órganos del Estado tamaulipeco.
Sin embargo, en el inicio del juicio oral, la burocracia judicial y la violación de la custodia del expediente reservado han sorprendido a los parientes y los asesores jurídicos de la Red Jesuita en Guatemala y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Ricardo fue de los primeros familiares en enterarse lo que había pasado en Camargo, Tamaulipas. El 23 de febrero de 2021 respondió su teléfono y del otro lado una voz le dijo: “se murieron todos los paisanos de Comitancillo, todos se fueron”. Horas después el gobierno tamaulipeco confirmó que 19 personas, en su mayoría migrantes, habían sido asesinados y calcinados en una brecha del poblado Santa Anita, a 69 kilómetros de territorio estadounidense.
Un mes antes de la llamada, Santa junto a 14 paisanos guatemaltecos, habían partido con rumbo a Estados Unidos. Ella tenía 2 objetivos: atender la salud de su hermana y padre, y construir una casa para los 12 integrantes de la familia.
El 12 de enero de 2021, el señor García encaminó a su hija a la travesía que gran parte de los y las habitantes de Comitancillo han hecho, deseado o escuchado. Entre el 13 y 24 de enero, Santa habló con su madre Olga y hermanos. La primera comunicación fue para decirles que estaba bien, avanzando hacia México. La segunda llamada fue para contarles que le habían robado el dinero y el teléfono celular. La siguiente llamada tranquilizó mas a la familia porque Santa se escuchaba contenta. La última fue la de aquél hombre que avisó de la tragedia.
Una semana semana después de que las 4 mujeres y 15 hombres fueron encontrados calcinados en una camioneta Chevrolet Silverado, el rumor de que agentes del Estado habían participado en la masacre fue llenando las redes sociales. El 2 de febrero, el gobierno de Tamaulipas informó de la captura de 11 hombres y una mujer policías del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
Las familias de las víctimas fueron enterándose del caso por los medios de comunicación. Un día escucharon que el grupo policiaco había sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad.
La investigación avanzó y los tiempos fueron extendiéndose a petición de los abogados defensores. El 12 de marzo del mismo año, las familias recibieron los cuerpos de Marvin Alberto Tomás López, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Adán Coronado Marroquín, Édgar López y López, Ribaldo Danilo Jiménez Ramírez, Mádelyn Estefanie García Ramírez, Bramdon David García Ramírez, Rubelsy Elías Tomás Isidro, Santa Cristina García Pérez, Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, Iván Gudiel Pablo Tomás, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Dora Amelia López Rafael y Huber Feliciano Vázquez.
En Tamaulipas, las audiencias pasaron de agosto de 2021 a enero de 2023 entre alegatos de los abogados privados de los policías. Para enero de 2022, la Fiscalía contaba con testimonios, reportes de llamadas y datos de geolocalización de los presuntos culpables.
Las familias seguían sin conocer las pruebas recabadas hasta que sus abogados señalaron que l Fiscalía, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Poder Judicial de Tamaulipas habían violado el Código de Procedimientos Penales, al no incluir a las familias de las víctimas. Las madres y los padres presionaron al Consejo de la Judicatura estatal para que los dejaran participar. Solo les pidieron que los enlazaran vía videoconferencia en la etapa intermedia. El Poder Judicial no ofreció cumplir con la traductora de lengua Mam a español, ni la atención psicológica, como lo marca la ley.
Bajo estas condiciones, el juicio oral comenzó el 22 de mayo con la participación de una traductora y psicólogos voluntarios de la Red Jesuita.
La lucha en Mam y a la distancia
Elefante Blanco entrevistó a Yesenia Valdez, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familias de la masacre de Camargo para conocer los elementos que ya han marcado al juicio. El ánimo de la defensora es positivo, debido a que es el primer juicio por un asesinato masivo a migrantes en Tamaulipas, pero no echa las campanas al vuelo.
“La verdad no llega tan pronto, pero a diferencia de otras masacres, como San Fernando, Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; y Allende, Coahuila, ha habido un poco más de voluntad. Pero para empezar las familias no fueron llamadas a la investigación y a la primera etapa del proceso penal acusatorio. Y bueno, esto implica que no tuvieron acceso al expediente hasta ya fechas muy cercanas a este inicio de juicio oral, lo que representa sobretodo es que no se les hayan recibido propuestas o medios de prueba que pudieron haber aportado en el juicio y que era una parte relevante”, explica.
Valdez señala que el inicio del juicio ha servido para que el juez de enjuiciamiento, Patricio Lugo Jaramillo, reconozca a las familias y ubique el contexto en donde viven. La mayor parte vive en caseríos y aldeas ubicadas a 8 y 13 horas de distancia de la capital de Guatemala.
Aunque el primer reto había sido sensibilizar al Poder Judicial para que autorizara que las audiencias se llevaran por vía zoom. Un segundo se asomó, el garantizar que el servicio de Internet no fallara para las fechas de audiencia.
Empero, aunque el juez de enjuiciamiento manifestó que llevaría la misma línea de la etapa intermedia, para no vulnerar los derechos de las víctimas, en la segunda audiencia del juicio oral cedió ante las presiones de los abogados de los acusados que cuestionaron la falta de un agente del Ministerio Público que acompañara a las familias en Comitancillo. La decisión provocó que la segunda audiencia, realizada el 2 de junio, concluyera sin avances sustanciales.
No obstante las peticiones de los defensores, el Poder Judicial de Tamaulipas, a cargo de David Cerda Zúñiga, no ha reparado en sus incumplimientos en el juicio, como que la traductora y el equipo de salud mental es pagado por las organizaciones a pesar de ser una obligación del Estado mexicano.
“Es un derecho y una responsabilidad del Poder Judicial de Tamaulipas, pero somos las organizaciones acompañantes quien desde un momento hemos acercado y cuidado que se cuente con todo, por parte del Poder Judicial no se ha cubierto ningún costo”, sostiene la coordinadora jurídica de la Fundación.
Las familias mam agradecen que las personas voluntarias participen transmitiendo el conocimiento y la información de las audiencias, que se llevan en la sala F del Centro judicial de Ciudad Victoria, a 1,646 kilómetros de sus casas, desde donde exigen justicia.
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Este texto fue publicado originalmente en Elefante Blanco que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
