La Suprema Corte sumó un hecho emblemático a la batalla jurídica que en Chihuahua, Durango y Yucatán se ha emprendido por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a partir de aquí los Congresos locales deben legislar para proteger el derecho a decidir o pueden ser demandados
Por Mariela Castro Flores
Tw / IG: @MarieLouSalomé
El pasado miércoles 21 de junio, durante sesión pública, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sumó un hecho emblemático más a la batalla jurídica que en Chihuahua, Durango y Yucatán se ha emprendido por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que encuentran en sus Congresos locales el principal obstáculo en su reconocimiento, además, de poder decidir sobre sus cuerpos de acuerdo a su conciencia y proyecto de vida. Es decir, legisladores conservadores y de talante antiderechos siguen obstinados en negar libertades.
El antecedente con el cual los Congresos están obligados –por orden constitucional– y siendo criminalmente omisos es con el que la SCJN determinó en acción de inconstitucionalidad por el estado de Coahuila en septiembre de 2021, al resolver que es inconstitucional criminalizar el aborto en cualquier etapa de la gestación, lo que obliga a autoridades médicas y judiciales a atender sin criminalizar, proveer servicios de aborto y en caso del aborto autogestivo que requiere revisión, no se padezca persecución posterior al revelarse el hecho.
Sin embargo, a pesar del antecedente y la obligación de los Congresos a acatar el dictamen de la Corte y legislar en consecuencia, se han negado a presentar en comisiones el tema de la iniciativa impulsada por Marea Verde Chihuahua para sacar el aborto del Código Penal; por otro lado, esta Asamblea en conjunto con otras organizaciones afines de las entidades previamente mencionadas a través de la plataforma de litigio estratégico llamada Abortistas Mx, han emprendido una campaña de promoción de amparos (individuales y colectivos) para impugnar las normas locales que impiden el acceso al aborto, lo que ha generado victorias significativas y que el gobierno estatal ha respondido a través de la Secretaría de Salud, es decir, aunque hemos avanzado, la resistencia ultraconservadora del actual gobierno continua a pesar de no tener modo alguno de ganar esta batalla.
Los resultados en los distintos estados han dado pie a tratar de unificar por esta misma vía lo necesario para emitir un criterio del que solo la Corte sea capaz y que sirva de faro a juzgadores, al legislativo y el ejecutivo a la hora de hacer valer los derechos reproductivos. En Chihuahua, por ejemplo, un Tribunal Colegiado resolvió que mujeres y personas con capacidad de gestar pueden gozar de protección jurídica mediante el amparo si deciden en un futuro abortar sin necesidad de estar cursando un embarazo al momento de tramitarlo, en tanto otras salas para Durango y Yucatán, resolvieron lo contrario. Por eso fue necesario llevar el asunto al máximo tribunal del país.
En la nueva sentencia que en realidad es ratificación de la sentencia que prohíbe la criminalización por aborto, se suman nuevos criterios que cuestionan el carácter ético de Códigos Penales punitivistas y restrictivos como como el nuestro, asegurando que: “fomentan la creencia sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas. También, aumentan el estigma para quienes acuden a estos servicios de atención médica desde nociones y concepciones estereotípicas y discriminatorias. A su vez, generan un temor en los profesionales de la salud, aun cuando las legislaciones penales no criminalicen ciertos abortos. Ello puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud”, lo que pone la discusión en una dimensión social más amplia en términos de justicia reproductiva puesto que abre la puerta para la visibilización de la violencia obstétrica y la discriminación por el estigma.
Y es que a partir de aquí ya no hay espacio para la simulación: o legislan los Congresos lo debido para proteger el derecho a decidir o pueden ser demandados formalmente. Y no solo ellos, también las autoridades de salud que pretendan negar servicios de aborto o denuncien a quien los solicite o los proveen haciendo padecer violencia obstétrica. Ya tenemos la decisión explícita y clara de la Corte que además nos provee de las herramientas necesarias para hacerlo.
Desde Marea Verde Chihuahua se celebra tener al Poder Judicial de la Federación como principal aliado para la defensa de los derechos reproductivos y afirman, seguirán trabajando para que toda mujer y persona con capacidad de gestar pueda ampararse para no ser criminalizada, en tanto no se logre que el Congreso local cumpla con su obligación de legislar y así lograr la despenalización del aborto de forma legal.
Por la despenalización social, se sigue trabajando desde la incidencia política y el trabajo comunitario y de campo para que el aborto se reconozca y se provea como lo que es: un derecho y todas las personas lo sepan.
Será ley.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
