La sombra de la impunidad se exhibe sobre el asesinato de 17 personas que ocurrió hace un año en medio de un motín y la fuga de 30 reos del Cereso número 3 a cargo del gobierno de Chihuahua, de los cuales tres continúan prófugos
Por Redacción de La Verdad
Ciudad Juárez– A un año del motín y la fuga masiva de reos registrada en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso) número 3, que dejó 17 personas asesinadas entre reclusos, custodios y guardias de seguridad, prevalece la impunidad sobre este hecho que el primero de enero del 2023 puso en alerta máxima a la ciudad.
Nadie ha sido sancionado por este acto criminal que replegó al gobierno de María Eugenia Campos Galván. En ese entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua era la responsable de mantener el control del penal, ahora es la encargada de investigar esos hechos por los que aún no ha ejercido acción penal en contra de ningún de los funcionarios que estaban a cargo del centro penitenciario y que fueron cesados o transferidos a otras áreas de la administración estatal.
Además, en el Cereso prevalecen algunas de las condiciones señaladas como las causas que detonaron la fuga de 30 internos – tres de ellos aún prófugos–, la masacre en las celdas y otros hechos violentos por distintos rumbos de la ciudad: persiste el déficit de custodios, registra sobrepoblación y se mantiene el tráfico de objetos prohibidos, entre ellos armas y drogas.
“Seguimos trabajando…hay mucho por hacer”, dijo Carlos Manuel Salas, el titular de la Fiscalía de Chihuahua en la zona Norte, al ser cuestionado sobre la impunidad que prevalece a un año de esos hechos.
El fiscal aseguró que hay órdenes de aprehensión giradas por ese hecho, pero evadió responder sobre el número de personas bajo investigación.
Las familias de custodios y algunos de los reos asesinados durante la fuga masiva exigen justicia y la reparación del daño causado, por lo que tienen meses en una batalla legal en contra el Gobierno de Chihuahua, a quien reclaman una indemnización por la actuación irregular y omisiones de la FGE ante ese hecho que desató la masacre.
“La irregularidad por parte de las autoridades está en permitir la introducción de armas, el autogobierno, que los internos estuvieran tomando alcohol, permitirles estar fuera de sus celdas después de las 7 de la tarde y la comunicación que existía con personas que estaban al externar del penal”, explica César Alonso Segura Gamboa, abogado que representa a tres de los siete internos asesinados el pasado 1 de enero en el interior del penal.
Cuestionado sobre la impunidad que prevalece a un año de estos hechos, Hernán Ortiz, coordinador de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), expone que evidentemente la fuga masiva y masacre en el Cereso es parte de la red de corrupción.
“Hablamos de actos de corrupción que causaron muerte, si no se investiga todo es una simulación. Eso de destituir (a los responsables del penal) es como decir que se cometió un delito y nos vamos a hacer de la vista gorda. Estos actos no pueden quedarse sin investigar, sin castigo”, afirma.
“Son actos de mucha gravedad”, dice a su vez el criminólogo Óscar Máynez, quien cuestionó que aún no se proceda penalmente contra las personas que permitieron la introducción de armamento, drogas, dinero y que autorizaron privilegios y celdas VIP en el Cereso.
Decenas de reos replegados mientras soldados y policías realizaban una inspección en el Cereso. 02 de enero de 2023. Fotografías: FGE Chihuahua
‘Vamos alistarnos para salir, ahí vienen por nosotros’
Han pasado 356 días. La madrugada del 1 de enero del 2023, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, presunto líder de “Los Mexicles” –una pandilla identificada como aliada del cártel de Sinaloa–, consolidó su fuga y la de otros 29 internos del penal ubicado en la calle Barranco Azul, al surponiente de la ciudad.
Lo hizo con el apoyo de un grupo de hombres armados que irrumpió en el Cereso. Durante la evasión, se provocó un motín que dejó un saldo de 17 personas asesinadas, 13 heridos y una estela de terror entre los visitantes al penal, custodios y otros reos.
También se generó pánico en la ciudadanía durante la fuga hubo un enfrentamiento entre policías y civiles, que dejó un saldo de dos personas asesinadas, y en las horas siguientes a la evasión se desplegaron operativos en busca de los reos prófugos que desataron balaceras en la vía pública y culminaron en asesinatos, entre las víctimas mortales están dos agentes ministeriales.
Además, se reportaron quema de vehículos y negocios, lo que recordó el Jueves Negro –una jornada violenta ocurrida el 11 de agosto del 2022 presuntamente ordenada desde el Cereso número 3 de Ciudad Juárez que dejó un saldo de 11 personas asesinadas–.
En las declaraciones ante el Ministerio Público, internos y custodios del Cereso 3 de Ciudad Juárez narraron lo que ocurrió la madrugada del primer día del 2023.
Un reo de iniciales J.C.M.V., declaró que aproximadamente a la 1 de la mañana del primero de enero, El Neto preguntó a un grupo de unos 32 internos si querían seguir con él porque ya se iba, y los invitó a evadirse, sin precisar más detalles. Pero les ordenó prepararse.
“Nos dijo que nos equiparamos con chalecos, cascos y un arma, pero era la que cada quien alcanzara, estuvimos como tres horas… nos regresó al restaurante del módulo 18 y ahí hicieron una lista… nos formó por escuadrones, eran cuatro escuadrones de siete u ocho internos… el primer escuadrón iba a encontrar en la primer caseta dos reos vestidos de custodios que era uno de nombre Julio César y le dicen “Cholo”, narró.
Prosiguió: “Veníamos entre las bardas para que no vieran las cámaras, al momento de ir llegando a la caseta los que estaban vestidos de custodios tenían que ir a tocar el portón de Aduana y abrieron, eran custodios porque no había reos aún, ahí. Pero los del escuadrón 1, tenían que someter a todo el que estuviera ahí para abrir el banco de armas, cuando abrieron entró el escuadrón 1 y eso hizo”.
Los Mexicles también irrumpieron en el área de Ingresos porque creían que ahí estaba la llave del portón. Pero los custodios alcanzaron a cerrar la puerta y a esconderse en el baño. Como no se localizó la llave del portón, Los Mexicles destruyeron el candado con un marro. Al mismo tiempo, un grupo de personas en el exterior del reclusorio empezaron a realizar disparos, se menciona en el expediente donde se consignan las declaraciones de los reos y custodios a los que La Verdad tuvo acceso.
“Corrimos desde la caseta hasta el Del Río (supermercado frente al penal) y había dos vehículos, un Versa blanco que es donde se subió Neto y ya cada quien agarró rumbo, los de los escuadrones 2, 3 y 4 sólo tenían que salir y cuidar a Neto, nosotros no quedamos sin carro porque el Hummer H2, blanca que venía por nosotros nos dejó tirados”, refirió el mismo interno.
Otro interno de iniciales por D.L., señaló que el 31 de diciembre del 2022 estaban festejando “suave” la llegada del Año Nuevo, tomando alcohol y El Neto se alocó y les dijo “vamos alistarnos (SIC) para irnos, ahí vienen por nosotros”.
“Neto quería salir para arreglar las cosas afuera, contra Los Chapos, él quería arreglar eso y con los de La Empresa… (pide) que me preparara, que me pusiera el equipo, que nos íbamos a salir, me dieron un chaleco, un R15 y diez cargadores, y un casco antibalas…” declaró el interno.
“Hubo muchos que aprovecharon el motín y se salieron sin que estuvieran en la lista y muchos de los que estaban en la lista no alcanzaron a salir. Ese día Neto había dado la orden de salirnos sin disparar, al menos que nos dispararon íbamos a disparar, pero se distorsionó todo, a los de la patrulla del Cereso los amagaron y les mataron, cosa que a Neto le molestó mucho”, agregó.
Un custodio de iniciales T.R.S., indicó que 10 minutos ante de las 7 de la mañana del 1 de enero escuchó a través del radio que sus compañeros pedían apoyo, él optó por buscar un lugar seguro para resguardarse y pudo ver a un interno portando un arma larga y disparando al área de Aduana vehicular, después escuchó varios disparos y vio a muchos internos armados.
“Entraron elementos del Ejército, me preguntaron qué cómo estaba la situación. Les comenté que nos estaban disparando desde el interior, que serían desde el área 4 y 5. El Ejército se organizó y le pidieron al compañero J. que les abriera el acceso a la esclusa 3, ingresaron, y a los acompañamos, yo y J., cuando llegamos a la esclusa 3 nos empezaron a disparar, los compañeros también repelieron la agresión y tratamos de avanzar, un grupo al área 4 y otro al área 5.
“Cuando entramos a la esclusa 3, estaban tres compañeros maniatados, boca abajo en un charco de sangre, en eso avanzamos al área 4 pero una granada de gas fue utilizada y nos gasearon a todos los que íbamos en grupo, por lo que decidimos volver”, contó el custodio.
De acuerdo con ese testimonio, “Los Mexicles se habían resguardado en los módulos 15 y 16 del área 4 y habían bloqueado las entradas con colchones incendiados.
Los internos estuvieron más de una hora atrincherados en los módulos 15 y 16, hasta que más elementos del Ejército Mexicano llegaron a dar apoyo se rindieron y quitaron la obstrucción de los accesos.
El objetivo de El Neto y su grupo armado siempre fue llegar a la Aduana, el último muro para salir del centro penitenciario, se menciona.
“Escuché un golpe fuerte en la puerta que conduce a la Aduana vehicular, como si le hubieran dado una patada y al salir del cubículo observé varias personas con armas largas y todas con equipo táctico que ingresaron de la Aduana vehicular hacia el área de Ingresos y en eso un sujeto me apuntó con un arma larga y me dijo “aquí vas a quedar, tírate al suelo” y sentí el cañón caliente del arma en mí nunca. Mis demás compañeros ya estaban tirados”, dijo el custodio identificado como A.A.G.
Un análisis realizado como parte de la investigación oficial, establece que la fuga se concretó en 7 minutos.
Las cámaras de seguridad del reclusorio captaron que a las 6:53 de la mañana un grupo de internos salió del módulo de “Los Mexicles”; a las 6:59 llegó al exterior del penal un grupo de hombres armados que descendieron de un vehículo Ford Explorer. A las 7 de la mañana se observó a reos armados saliendo del área de Aduana del penal.
De los 30 fugados el pasado 1 de enero, aún quedan tres prófugos; 21 reos fueron recapturados con vida y seis de las personas evadidas se reportaron por las autoridades como fallecidas.
La corrupción se anida tras las rejas
Tras los hechos violentos del pasado 1 de enero, autoridades de tres niveles de gobierno realizaron dos acciones de revisiones y cateos, que exhibieron la corrupción que imperaba en el penal.
Todo eso ocurrió bajo la gestión de Alejandro Alvarado Téllez como director del Cereso. Quien fue destituido el 3 de enero bajo investigación por la fuga masiva de personas y la masacre al interior del penal. Tenía casi cinco meses al frente del penal.
Alvarado Tellez respondía a las órdenes de Luis Alfonso Harris Arrondo, director general del sistema penitenciario – integrado por 11 penales, entre ellos el Cereso de Ciudad Juárez–, quien fue cesado, también bajo investigación.
Todo ocurrió cuando esa instancia penitenciaria formaba parte de la Fiscalía General del Estado, encabezada entonces por Roberto Fierro Duarte, quien días después del suceso reconoció que existían problemas serios de corrupción en el Cereso número 3.
“Lo evidente no lo podemos ocultar, se descubrió corrupción… y vamos a culpar a los responsables de estos y los vamos a llevar a los tribunales”, dijo Fierro Duarte dos días después del hecho criminal. Sin embargo, fue removido del cargo 16 días después de la fuga masiva de reos que desató una masacre en el Cereso y enviado a desempeñarse como secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta e 13 de junio, cuando dejó el cargo para reaparecer hace menos de dos meses como director jurídico de la Secretaría de Hacienda estatal.
Tras la salida de Fierro Duarte de la Fiscalía de Chihuahua, la corporación quedó a cargo de César Jáuregui Moreno. Con esos cambios, la administración y control del Cereso y los penales del estado se transfirieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
A la fecha, no se conoce si los entonces mandos siguen bajo investigación o si sus nombres están entre las personas a quienes presuntamente se les giraron órdenes de aprehensión.
“No ha habido un gran avance en lo que hay sobre las órdenes de aprehensión que están solicitadas y no están ejecutadas, y seguimos investigando”, respondió el fiscal Carlos Manuel Salas al ser cuestionado sobre qué ha sucedido con la carpeta de investigación iniciada en enero del 2023.
Sobre cuántos funcionarios están bajo investigación, Salas respondió: “no traigo las cifras a la mano”. Aunque ofreció entregar la información a través de Comunicación Social, eso no ocurrió.
¿Quién tiene el control?
Durante el año, los reos han burlado en al menos dos ocasiones la seguridad de Cereso, en agosto, cuando se les encontraron más de 340 artículos prohibidos por el reglamento del Sistema Penitenciario, entre ellos drogas y hasta un modem de wifi, y el pasado 7 de diciembre, cuando se detectó que contaban hasta con una granada.
Aun así, Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), aseguró en entrevista que desde que su dependencia asumió el control del Cereso, “pasamos de un autogobierno a un gobierno dentro del penal”.
A su vez, el general Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario y de Reinserción Social Estatal, señaló que en el transcurso del 2023 se han detectado la introducción de objetos prohibidos.
En el año, refirió, se detectó a 40 personas que intentaron introducir al reclusorio droga, aparatos eléctricos y licor en botes para jugo. Seis de esas personas se desempeñaban como custodios, pero solo algunos fueron consignados al Ministerio Público, la mayoría fueron despedidos y se le prohibió la entrada al penal.
Además de estas condiciones, se mantiene la sobrepoblación en el penal y el déficit de custodios, es decir que su personal de seguridad y custodia es insuficiente para la cantidad de internos.
Loya Chávez comentó que la capacidad instalada en el Cereso es para 3 mil personas y actualmente alberga a 4 mil 200, lo que dificulta cumplir con la segregación contemplada en la ley.
Loya también reconoció que, a un año de ocurrido el motín y la fuga, no se ha aumentado el número de custodios de acuerdo con el número de internos, a pesar de que se han graduado dos generaciones de personal penitenciario.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomienda que se debe tener un custodio por cada interno clasificado como de riesgo alto; un celador por cada 10 reos considerados de riesgo medio, y un oficial por cada 20 presos considerados de baja peligrosidad.
“Creo que estamos como a un 60 por ciento por debajo de ello. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos cubriendo con policías estatales, es decir, lo que hicimos fue mandar personal de la Policía Estatal que son personal que está destinado para vigilar las calles a apoyar al sistema penitenciario”, señaló Loya.
Justicia y reparación, la deuda
Mientras las investigaciones se mantienen estancadas, las familias de reos y custodios exigen justicia y reparación del daño causado por las autoridades, a quienes acusan por las condiciones en las que mantuvieron el penal y que desencadenó la fuga y la masacre.
Nueve de las 10 familias de los custodios asesinados durante el motín y evasión de presos, presentaron demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral en contra del Gobierno del Estado por casa una de las víctimas.
Las demandas fueron presentadas el pasado 9 de octubre, en las cuales se piden el pago de 30 millones de pesos para cubrir las afectaciones a las viudas y los hijos de cada uno de los custodios asesinados, al considerar que fue la omisión del Gobierno del Estado la que provocó sus muertes.
Se acusa al Estado de no haber cumplido con los protocolos, de incumplir con las condiciones de seguridad necesarias para que los celadores pudieran desempeñar su trabajo, permitir el hacinamiento y la sobrepoblación, informaron litigantes del Despacho Lex Iusta Abogados, quienes representan a las familias.
Las demandas se presentaron ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Pero esta dependencia se negaba a contestar, por lo que se interpuso un juicio de amparo.
Sobre esta demanda de familiares de las víctimas, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, considera que algunas personas tratan de lucrar con los asesinatos ocurridos en el reclusorio.
“Nosotros nos apegamos a lo que el Derecho manda. A veces con el dolor la gente trata de lucrar y nosotros lo que hacemos es a lo que la ley nos permite hacer única y exclusivamente”, declaró.
Los custodios asesinados fueron identificados como Édgar Omar Hernández García, Guadalupe Gámez Galán, Jaime Arciniega Alvarado, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Abel Juárez Hernández, Carlos Santiago Padilla Silva, Manuel Rodríguez Soria, Víctor Hugo Rivera Meraz, José Ausencia Pérez Puentes y Domingo Trejo Serrano.
Además de los custodios, por su cuenta, familia de reos asesinados durante la fuga masiva también iniciaron un proceso contra la Fiscalía de Chihuahua
César Alonso Segura Gamboa, abogado de las familias de tres de los siete internos que murieron el 1 de enero, informó que las demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral se presentaron contra la Fiscalía General del Estado, porque esta era la autoridad que estaba a cargo de los centros penitenciarios del Estado cuando se registró el motín y la sustracción de 30 personas.
Por cada uno de los tres internos muertos, se reclaman 26 millones de pesos.
La FGE se negó a responder a las demandas por lo que las familias acudieron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), donde se inició el expediente 378/2023-3, pero el pasado 4 de noviembre la Fiscalía respondió con una negativa.
“La irregularidad por parte de las autoridades está en permitir la introducción de armas, el autogobierno, que los internos estuvieran tomando alcohol, permitirles estar fuera de sus celdas después de las 7 de la tarde y la comunicación que existía con personas que estaban al externar del penal. A uno de mis representados el Ejército lo mató, le dieron cinco disparos en el cuerpo”, señaló Segura.
En la respuesta oficial, Carlos Mario Jiménez Holguín, director General Jurídico de la FGE, enumeró una serie de razones para no pagar la indemnización.
Entre estas que los familiares de los internos muertos no tienen la representación legal de los fallecidos, considera que la Fiscalía no es competente porque es la SSPE quien administra el penal; dijo que el Estado no podía prever la realización de un motín, los internos tenían armas y las metieron de forma ilegal; las autoridades actuaron para para repeler una agresión real e ilegítima, y que fueron los propios internos quienes se colocaron en una situación de riesgo creada por ellos mismos.
“Resulta imposible de prever la planeación de un motín, lo anterior debido a la constituida cantidad de afiliados a la organización criminal “Mexicles” dentro y fuera del penal en que sucedieron los hechos, los cuales al contar con bastos recursos tanto humanos como económicos producto de actividades ilícitas, como secuestro, extorsión, robo de autos entre otros”, se indica en la respuesta oficial respecto al interno Edgar Echeverría Rodríguez.
Los internos muertos en el motín y evasión son Juan Carlos Nurias Gómez, José Luis Oliván García, Edgar Echeverría Rodríguez, Mario Enrique Falcón Herrera, Jorge César Lares Nicols, César Vega Muñoz y, Cristian Reyes Navarro.
Frente al panorama de impunidad de este hecho, el criminólogo Óscar Maynez consideró que la fuga y motín puede convertirse en un parteaguas para impartir justicia, lamentablemente dijo que no ha pasado nada y reina la impunidad.
Señaló que en todos los centros penitenciarios existen protocolos muy estrictos y es fácil establecer dónde están las fallas y quiénes son los involucrados, por lo que consideró que no es aceptable que se le de carpetazo a estos actos que son de mucha gravedad.
En esto coincide Hernán Ortiz, coordinador de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), quien consideró que las autoridades se están convirtiendo en cómplices al no procurar justicia y no arrestar a los responsables de las omisiones que se convirtieron en las causas de la fuga y muerte en el penal.
“Hablamos de actos de corrupción que causaron muerte, si no se investiga todo es una simulación”, afirmó. “Estos actos no pueden quedarse sin investigar porque significa que las actuales autoridades son cómplices del crimen”.
Ha pasado un año desde la fuga masiva y la muerte de 17 personas en el Cereso número 3 sigue en la impunidad, mientras tres reos aún siguen prófugos.
