Durante una protesta en el Tribunal Superior de Justicia, varias mujeres condenaron la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, y exhibieron casos que ejemplifican esa problemática que, en varios casos, ha colocado a los agresores por encima de las víctimas
Texto y fotos: Karla Quintana / Raíchali
Chihuahua – Un colectivo de mujeres acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) lanzaron una exigencia pública a juezas y jueces familiares a realizar su labor con perspectiva de género.
Maria Luisa Salazar Olvera, coordinadora del área de delitos de género del Cedehm, aseguró que existe una condición reiterada en donde se violentan los derechos de las mujeres, así como de las infancias.
“Estamos viendo de forma reiterada como se violentan los derechos de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos. Cada vez vemos que los tribunales les están entregando sin conocer el contexto los jueces y las juezas a los hijos e hijas a los agresores”, apuntó.
El señalamiento lo hizo este lunes al realizar, junto a otras mujeres más, una protesta en la llamada Ciudad Judicial, donde se encuentra el Tribunal Superior de Justicia. Ahí se expusieron varios casos para ejemplificar las fallas que, aseguran, hay en el sistema judicial.
Oralia Molina, por ejemplo, tiene su caso en el noveno juzgado de lo familiar, bajo órdenes del juzgador Carlos Espino. Ahí lleva un año en trámite mientras ella debe acudir constantemente a los tribunales. “Me quitó a mi hijo con manipulaciones, en los estudios periciales salio que estaba siendo manipulado”, relató.
También condenaron que las medidas de protección no son otorgadas adecuadamente y, en caso de serlo, son retiradas basándose en la versión del agresor. Mientras que en el tema de pensiones alimenticias hay cantidades que resultan inverosímiles para mantener a niñas y niños. “Los tribunales están otorgando pensiones alimenticias de una cantidad de 13 pesos diarios para que un niño y una niña tengan un sustento”, aseguraron.
Durante la protesta de este lunes, las mujeres subrayaron que al momento de decidir poner fin a la violencia sufrida, se enfrentan a la amenaza de ser denunciadas por los propios agresores, quienes buscan utilizar la violencia vicaria como un medio para mantener su control sobre ellas.
En el caso de Isela, una mujer originaria de Honduras, víctima de un intento de feminicidio hace seis años, la juez sexta de los familiares, Isabel Lujan, decidió entregar a su hijo de 15 años a su agresor.
“Soy mujer extranjera, trato de sacar a mis hijos adelante como Dios me da a entender, yo creo que tiene que hacer justicia, debe de haber justicia, ella debe de hacer justicia a nosotras”, dijo.
“La aplicación y la interpretación es donde está faltando por parte de los tribunales [..] esta violencia nosotros la vemos a diario como las mujeres llegan, y lo que se está aconteciendo es que las mujeres están llevando 3, 4 o hasta 5 procesos de índole familiar, de índole penal los cuales las están denunciando por diversos delitos con la intención de continuar con la violencia”, explica Maria Luisa Salazar Olvera, del área de delitos de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
A pesar de algunas medidas adoptadas, aseveraron, se reconoce que todas las manifestaciones realizadas en el 8 de marzo no serán suficientes si los tribunales, jueces y juezas no modifican su perspectiva actual.
Es esencial que el sistema judicial incorpore una visión más comprensiva que incluya la perspectiva de la infancia y de las mujeres, asegurando así un acceso equitativo a la justicia y una protección de las mujeres y de sus hijos e hijas, apuntaron.
Otro de los casos exhibidos este lunes tiene que ver con la jueza séptima de los familiares, Nicolasa Consepcion Páyan Holguin. “Hay un cúmulo de arbitrariedades y una queja muy generalizada no solo de las mujeres que acompañamos sino al exterior vemos que este es un juzgado con una juzgadora que todavía sigue emitiendo resoluciones totalmente violatorias a los derechos de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas” señaló Salazar Olvera.
Actualmente hay una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado sin avanzar, y han solicitado una cita con la presidencia del Tribunal para abordar los casos en nombre del grupo de mujeres acompañadas por el Cedehm.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
