¿Qué convirtió el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez en una trampa mortal?
martes, marzo 19, 2024
Extintores mal colocados, sin sistema de rociadores, una llave de la celda pérdida. Esta investigación destaca las fallas que convirtieron el incendio de la estación de detención de migrantes de Ciudad Juárez en una trampa mortal
Por Cindy Ramirez / El Paso Matters
Investigación por La Verdad, Lighthouse Reports y El Paso Matters
Cristhian estaba casi muerto, intubado y en coma inducido a sus 23 años. Mientras luchaba por su vida desde una cama de hospital, su familia lloraba por él desde más de 2200 millas de distancia.
Pensaron que estaba muerto.
Sus padres, Samuel y Serafina, creían haber perdido al menor de sus siete hijos. Mayra, su esposa embarazada, cayó de rodillas en agonía, pensando que su hijo por nacer nunca conocería a su padre.
A través de las redes sociales se percataron de las primeras noticias que hicieron que el viaje de Cristhian desde Honduras a Estados Unidos en busca del sueño americano terminara en una pesadilla: un devastador incendio en una estación de detención provisional de migrantes en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, cobró las vidas de 40 personas y dejó heridas a 27 más.
Eso fue el lunes 27 de marzo de 2023, un día que marcó una de las tragedias más mortíferas en un centro de migrantes en México.
Cristhian sobrevivió el incendio, pero no fue ileso. Pasó más de un mes en los hospitales de Ciudad Juárez y El Paso, finalmente dado de alta con una serie de problemas de salud persistentes y cicatrices emocionales de las que no le gusta hablar.
“¿Por qué no yo?”, dijo Cristhian, quién pidió ser identificado por su nombre y sin apellido, se pregunta por qué él no estuvo entre los fallecidos. Tal vez fue por la voluntad de Dios que viviera, dijo. Actualmente, Cristhian se encuentra en una casa en un suburbio del norte de Texas, en donde se hospeda con su familia bajo un permiso humanitario temporal de EEUU. “¿Por qué me salvé?”, se pregunta a sí mismo.
Un año después del incendio siguen sin respuesta muchas preguntas. El incidente sigue bajo investigación y nueve de las 11 personas acusadas en el caso permanecen esperando su juicio tras las rejas en las cárceles estatales de Ciudad Juárez.
Una investigación realizada por El Paso Matters, La Verdad y Lighthouse Reports detalla el caos de esa noche, mostrando una serie de fallas en los protocolos de seguridad más allá de la llave de la puerta de la celda que las autoridades alegan no se pudo encontrar. Se obtuvieron 16 horas de imágenes de cámaras de seguridad fuera y dentro de la estación, y miles de páginas de documentos, incluyendo declaraciones juradas judiciales y otros registros. Se analizaron las imágenes de la cámara de seguridad para recrear el incidente mediante un modelo 3D.
Varios sobrevivientes entrevistados para esta investigación confirmaron informes anteriores de que los migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) carecían de comida y agua, y permanecían encerrados en una celda superpoblada, y fueron maltratados verbalmente y amenazaron con ser deportados.
Los sobrevivientes mencionados en esta investigación son identificados cuidadosamente según las especificaciones de cada uno ya que algunos temen por su seguridad y persecución.
Fragmentos de video de las cámaras de seguridad de las instalaciones previamente filtrados han mostrado colchonetas de vinilo en llamas en la celda de detención de hombres y humo que rápidamente invadió el área mientras funcionarios uniformados caminaban alrededor de las instalaciones sin abrir la celda.
‘No les vamos a abrir’
Pero imágenes de las cámaras de seguridad previamente inéditas y los documentos judiciales que se obtuvieron para esta investigación muestran una serie de fallas de seguridad esa noche: Las autoridades uniformadas buscaron extintores que no estaban en sus lugares designados o no funcionaban correctamente, y hasta consideraron usar mangueras para apagar el fuego. Ninguno de los siete detectores de humo de la instalación funcionaba y no había ningún sistema de rociadores. Anteriormente también se habían cerrado otros dos puntos de acceso a la celda, uno de ellos fue completamente sellado.
Hubo un lento intento de localizar las llaves de la cerradura de la puerta de un lado de la celda el cual pudo haber ayudado a disipar el humo – con varios uniformados preguntándose quién tenía las llaves por última vez. Varios funcionarios habían abierto y cerrado la celda y la puerta de al lado con dos juegos de llaves a lo largo del día.
Y aunque la mayor parte del video no tiene sonido, se descubrieron dos cámaras cerca de la entrada principal con audio confuso.
“¡Hay un desmadre!”, se puede escuchar a un guardia de seguridad privada decir.
Otra voz se escucha un poco más claramente.
“A ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes ”, dice una mujer con uniforme del INM mientras habla y envía mensajes de texto por su teléfono celular.
No está claro con quién estaba hablando por teléfono. La mujer era una de los dos agentes del INM a cargo durante el turno nocturno ese día, según documentos revisados.
La funcionaria del INM es una de las 11 personas imputadas por el hecho y permanece encarcelada. No se recibió respuesta a la solicitud de entrevista para hablar con ella enviada a través de su abogado.
Otras ocho autoridades del INM y guardias de seguridad privada están imputados en el caso, ya que los fiscales han afirmado que el incidente mostró un “patrón de irresponsabilidad”. A un año del incidente, el director del INM, Francisco Garduño Yáñez , sigue en libertad y en su puesto a pesar de ser acusado de conducta delictiva por incumplimiento de sus funciones.
Los dos migrantes venezolanos acusados de provocar el incendio siguen tras las rejas.
Se intentó comunicarse con estos dos individuos y con otras personas acusadas en el caso a través de sus abogados o familiares, pero no se recibieron respuestas o no se encontraron a sus representantes.
Los funcionarios del INM se negaron a comentar sobre esta investigación, aunque señalaron repetidamente que las llaves “faltantes” eran la razón por la que nadie abrió la celda. Los videos muestran que nadie intentó abrir la celda de los hombres.
Adicionalmente, las declaraciones juradas judiciales muestran que un guardia no identificado entregó a los bomberos presentes en la escena una llave a la puerta del exterior – minutos después de que habían hecho un agujero en la pared con un mazo para dejar salir el humo.
Quince mujeres detenidas en una celda cercana fueron liberadas por un guardia de seguridad privado cuando el humo empezó a filtrarse en la celda para mujeres. “¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío!”, gritaban las mujeres mientras salían apresuradamente del edificio. Ellas no recibieron ningún tratamiento médico esa noche.
‘¡Vamos a morir!’
Cristhian no habla mucho sobre los detalles de esa noche o quién podría tener la culpa. El joven de carácter tímido y tranquilo espera que se haga justicia y dijo estar concentrado en seguir adelante.
Sin embargo, nada de eso le sienta bien a Estuardo, un migrante y ex guardia de seguridad guatemalteco de 25 años que sobrevivió al incendio. Dijo que las muertes podrían haberse evitado.
“Podrían haber abierto la puerta por completo, pero no quisieron abrirla”, dijo durante una entrevista en octubre en un refugio para inmigrantes de El Paso en donde se alojaba temporalmente bajo un permiso humanitario. “Simplemente argumentaron que la llave no estaba ahí. ¿Cómo podría faltar la llave? Apenas momentos antes habían abierto la puerta de la celda”.
Las autoridades a cargo de la estación de detención sabían de la amenaza del incendio, dijo Estuardo. Pero las amenazas –y más tarde sus gritos de ayuda– no entraron en oídos sordos.
“¡Nos vamos a quemar! ¡Nos vamos a morir! ¡Tenemos hijos!”, Estuardo recordó que él y otros detenidos gritaban.
El centro de detención cerró después del incendio. Garduño anunció en mayo que sería reemplazado por un nuevo edificio cerca del puente internacional Ysleta-Zaragoza, a unos 24 kilómetros al este y sería supervisado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH). No proporcionó fechas específicas de la construcción de las nuevas instalaciones que aún no se inauguran.
El incendio llevó a la CNDH a investigar el incidente y visitar estaciones de inmigración en todo México, afirmando que los “ lamentables hechos” en Ciudad Juárez fueron el “resultado irreversible de una política migratoria disfuncional”. La comisión publicó su Informe Especial sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular el pasado 9 de febrero.
El informe confirma que en el recinto del INM en Ciudad Juárez hubo escasez de alimentos, papel higiénico y agua potable para los detenidos, citando que algunos migrantes llevaban más de 12 horas sin tomar un trago de agua. Las malas condiciones llevaron a los migrantes a protestar quemando las colchonetas, una práctica común en otras estaciones migratorias que, según el informe de la comisión, el INM no abordó para evitar que volviera a suceder.
La comisión también afirma que había monitoreado seis estaciones migratorias entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2023 –incluida la de Ciudad Juárez– como parte de sus controles regulares. Sin embargo, el personal de la comisión que visitó la instalación provisional se enfrentó a un “comportamiento obstructivo” porque inicialmente se les negó el acceso y no se les permitió llevar cámaras al interior una vez que se les permitió la entrada, afirma el informe.
Amigos en un viaje
“Con lo que me pasó, no me arriesgaría”, dijo Cristhian, el migrante de Honduras.
“Cuando salí de casa, me comprometí a que se hiciera la voluntad de Dios y que si Él me permitía venir aquí, sería para ayudar a mi familia”, dijo Cristhian, quien describió su deseo de migrar como algo personal que se trataba de su familia.
Él trabajaba en el campo de sus padres en Naranjito, un pueblo de unas 13.000 personas en el extremo occidental de Honduras, a unos 64 kilómetros de Guatemala. La familia cultivaba granos de café y granos básicos. Estaba casado y su esposa esperaba su primer hijo juntos. Había comenzado a construir una casa para su incipiente familia, pero trabajar en el campo apenas generaba lo suficiente para alimentar a la familia, dijo.
“¿Me voy?”, se preguntaba Cristhian así mismo.
Él y un grupo de amigos de su infancia del pueblo Nuevo Porvenir en la localidad de Protección, Santa Bárbara, hicieron el recorrido juntos.
Los amigos pertenecían a las 55 familias que habían sido desplazadas por el huracán Mitch en centroamérica en 1998, cuando el pueblo se llamaba simplemente “Porvenir ”, según el medio de comunicación en línea hondureño Contra Corriente. Las familias reconstruyeron sus casas con plástico y madera a pocos kilómetros de distancia después de que el huracán destruyera granjas y cultivos, según el periódico. Alrededor de 375 personas viven ahora en la aldea de Nuevo Porvenir, según muestran las estimaciones más recientes del censo hondureño.
Los hombres se dirigieron al norte de México y luego viajaron en un autobús chárter a Ciudad Juárez para buscar oportunidades que no encontraban en sus aldeas.
Fueron detenidos por funcionarios de inmigración, policías municipales y miembros de la Guardia Nacional Mexicana, y trasladados a la estación del INM al pie del puente internacional que une EEUU y México.
Alrededor de las 21:30 horas comenzó el incendio de la estación de detención. Los camiones de bomberos y las ambulancias llegaron 13 minutos después. La primera persona fue sacado nueve minutos después.
No todos salieron con vida.
‘Era como una película que no iba a terminar’
Un paramédico de la Cruz Roja en Ciudad Juárez describe la escena del incendio de esa noche como “inquietante”.
“Lo más impactante es que los viste sacar a una persona, y a otra, y a otra”, dijo Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador de la Cruz Roja que acudió al lugar.
Era como una película que no terminaría, dijo, describiendo varios viajes que hizo llevando a pacientes con quemaduras graves entre centros de tratamiento médico y hospitales. La mayoría de los hombres estaban inconscientes, dijo, mientras que algunos estaban conscientes pero no podían hablar.
De la Torre dijo que la escena quedó libre de víctimas siete horas después.
Cristhian, por su parte, dijo no tener ningún recuerdo de la escena descrita por de la Torre. No vio cómo se inició el fuego y sólo recuerda haber oído algo de conmoción entre los detenidos antes de ser abrumado por el humo. No tuvo tiempo de pensar, de reaccionar, de tirarse al suelo o de taparse la boca con la camiseta.
Cayó y perdió el conocimiento.
Cuando despertó, estaba en el Centro Médico Universitario de El Paso en donde pasó15 días. Anteriormente había pasado 29 días en el Hospital General de Ciudad Juárez. Cristhian sufrió quemaduras internas y neumonía y perdió 20 libras de peso. Todavía tiene problemas para respirar “normal” y dolores de cabeza “muy frecuentes”.
La primera persona que vio al abrir los ojos fue a su esposa embarazada. Allí también estaba su hermano Exequiel.
“Lloré de alegría en verla”, recordó Cristhian. “Me agarraba la mano y me la ponía en su vientre, ‘Aqui esta nuestro hijo. Ánimo. Sé fuerte porque yo te necesito’”.
Sus tres amigos no corrieron la misma suerte y murieron por asfixia al inhalar el humo del incendio.
Los cuerpos de Edin Josué Umaña Madrid, de 26 años, Jesús Adony Alvarado Madrid, de 32 años, y de Dikson Aron Córdoba Perdomo, de 30 años, fueron trasladados en avión de regreso a Honduras más de dos semanas después del incendio. Los tres amigos tuvieron funerales conjuntos y fueron enterrados cerca uno del otro en su pueblo de Nuevo Porvenir, informó La Prensa de Honduras.
Ellos fueron tres de los seis hondureños que murieron en el incendio. Los otros tres fueron José Ángel Ceballos Molina, de 21 años, Óscar Danilo Serrano Ramírez, 37, y Alis Dagoberto Santos López, de 42 años, quienes tuvieron funerales separados en sus respectivos pueblos de origen.
Cristhian fue uno de los seis sobrevivientes de Honduras.
“Agradezco a Dios por esa oportunidad que me dio de ver a mi hijo nacer y estar con mi esposa…. Asi hay muchas personas que no pudieron – murieron”, dijo.
Después de recibir la libertad condicional, viajó a Arkansas para ver a uno de sus hermanos, que años antes había emigrado a EEUU. Allí nació su hijo Jahaziel. Cristhian, su esposa y su bebé se mudaron a Texas, en donde viven con Exequiel y un cuñado.
Exequiel dice que Cristhian muestra signos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión al ver que de repente se queda en silencio y mira a la nada. Sus ojos se llenan de lágrimas y tiene que despertar de esos pensamientos y volver al presente.
“Parece estar bien, pero ya no es el mismo de antes”, dijo Exequiel, a quien se le concedió permiso humanitario para unirse a Cristhian en EEUU mientras se recupera. “Él no quiere hablar sobre el incidente, pero sabemos que lo tormenta todos los días”.
La familia está considerando solicitar asilo, aunque Exequiel no está seguro de lo que eso significará para su esposa e hija de dos años que dejó atrás.
Sus audiencias de inmigración están programadas para finales de 2025.
Tres días de luto nacional
La historia de Cristhian tiene resonancia en otros sobrevivientes.
Estuardo, el ex guardia de seguridad de Guatemala, fue trasladado en avión al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en la Ciudad de México para recibir tratamiento en estado crítico, en donde pasó más de 40 días antes de ser liberado. Sufrió quemaduras en aproximadamente el 25% de su cuerpo, incluyendo la cabeza y las orejas. Estas las intenta ocultar bajo una gorra de béisbol, y además tiene quemaduras en las vías respiratorias, lesiones renales y hemorragias en el tracto digestivo.
También le amputaron la mano derecha.
Estuardo, quien mide aproximadamente 5 pies 6 pulgadas y es de complexión robusta, dijo que perder la mano fue especialmente emotivo porque contaba con su juventud, fuerza y “manos trabajadoras” para conseguir trabajo en los EEUU. Hacer cualquier tipo de labor le ayudaría, dijo.
Esperaba poder comenzar rápidamente a enviar dinero a sus padres, que viven en un pequeño pueblo agrícola de menos de 50.000 habitantes en San Marcos de Guatemala, al otro lado de la frontera sur de México. A su hermano, su esposa y su hija también se les concedió la libertad condicional humanitaria temporal.
Estuardo y otras dos personas –Rubelsy, taxista de 39 años, y Enrique, guardia de seguridad de 24 años – cruzaron el Puente Internacional Paso del Norte hacia El Paso en octubre. Permanecieron en un refugio para inmigrantes de El Paso durante unos días hasta que se pudo organizar su viaje y ahora se encuentran en otras ciudades de EEUU que pidieron que no se revelaran.
Estaban entre los nueve guatemaltecos heridos en el incendio y dijeron que ellos también se sienten culpables de haber sobrevivido, ya que de los 40 hombres que murieron en el incendio, 19 de ellos eran de Guatemala . Sus cuerpos fueron trasladados en avión a su país de origen el 11 de abril de 2023. Sus ataúdes, cubiertos con las banderas blancas y azules de su país, yacían alineados en la pista de un aeropuerto mientras sus familias lloraban reclinándose en ellos. El gobierno del país declaró tres días de luto nacional por las muertes.
‘Sus vidas han cambiado para siempre’
Cristhian y Estuardo se encuentran entre 50 personas – sobrevivientes del incendio y sus familias – que con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y de migrantes, recibieron un permiso humanitario temporal acelerado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La entrada al país también los coloca automáticamente en el proceso de deportación, lo que significa que todavía tienen que presentarse ante un juez de migración para presentar su caso, dijo Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso y Ciudad Juárez. Mientras tanto, pueden solicitar asilo para permanecer en el país indefinidamente, afirmó.
De los 50 que recibieron esa libertad condicional, 29 son sobrevivientes del incendio: 22 hombres y siete mujeres. Además, a 21 miembros de la familia también se les permitió la entrada a EEUU, incluidos ocho niños de 13 años o menos.
Ninguno recibió autorización de trabajo, pero pueden solicitarla, dijo Babaie.
Las Américas trabajó con otros grupos de derechos humanos y servicios para migrantes en ambos lados de la frontera, incluida la Casa de la Anunciación de El Paso, Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez y el Instituto para las Mujeres en la Migración para ayudar a trasladar a los sobrevivientes y sus familias al país.
“Sus vidas cambiaron para siempre después de ese incidente y tendrán un largo camino hacia la recuperación”, dijo Crystal Sandoval, directora de iniciativas estratégicas de Las Américas. Se le quebró la voz al relatar algunas de las luchas que han tenido las familias para encontrar atención médica y de salud mental, servicios de rehabilitación y servicios sociales que los ayuden a sobrevivir.
Las familias no reciben ninguna ayuda del gobierno de EEUU, sino que dependen de amigos, familiares, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales para obtener alimentos, refugio y otras necesidades básicas, dijo Sandoval.
Las organizaciones también representan a algunos de los sobrevivientes en litigios pendientes en México para ayudarlos a obtener una compensación, agregó.
El gobierno mexicano, a través del INM, propuso reparaciones a los familiares de las víctimas.
En julio, se aprobaron fondos de unos 200.000 dólares (3.5 millones de pesos) para cada una de las familias de los 40 hombres que murieron en el incendio, una cantidad que grupos de derechos humanos condenaron como enormemente insuficiente.
La Fundación para la Justicia, una organización de derechos humanos con sede en Ciudad de México, emitió a mediados de diciembre un comunicado pidiendo a las autoridades mexicanas que hicieran reparaciones. “Más allá de una compensación monetaria lo que buscan es justicia, por ellos, pero también por los miles que vienen y quienes han perdido la vida olvidados en algún punto de México.”
“Las heridas físicas van sanando, mi salud está a un 30%, pero las heridas en el alma ¿quién o cómo las sano? Yo todavía me despierto a medianoche con el miedo a ser quemado vivo”, dijo Rubbelsy, el taxista de Guatemala, en un comunicado de diciembre de la Fundación para la Justicia. “No se trata solamente de una reparación justa del daño, sino restablecer la salud mental, y tener justicia”.
Aún no está claro si se han realizado reparaciones monetarias, aunque algunos pagos se discutieron durante una reunión reciente de funcionarios del gobierno mexicano.
Javier Emiliano Estrada Correa, el secretario ejecutivo de la CDNH, dijo recientemente a un grupo de senadores que la comisión tenía pruebas de que se había pagado dinero a las familias de al menos cinco víctimas. Durante una reunión el 21 de febrero de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento al incidente contó el número de familias que habían recibido reparaciones monetarias se detuvo abruptamente a las cinco y no dio más detalles, diciendo que proporcionaría al grupo un informe completo sobre las reparaciones más adelante.
En su informe especial de febrero, la comisión enumeró los gastos que el Instituto y otras agencias mexicanas dijeron haber asumido para atender a los sobrevivientes y sus familias, incluidos costos médicos y hospitalarios, alimentos, viajes, estadías en hoteles, servicios de lavandería, ropa y teléfonos celulares desechables. y artículos de tocador.
México también ofreció a los sobrevivientes y a algunos de sus familiares visas humanitarias para permanecer en el país.
La clave para cambiar
Organizaciones de derechos humanos han exigido juicios justos y abiertos para los acusados, pero también rendición de cuentas y cambios en las operaciones del INM.
Cinco meses después del incendio, el Instituto emitió un comunicado de prensa afirmando que planeaba cerrar otras 33 estaciones de detención provisional de migrantes en todo México y describió una serie de mejoras que prometió realizar en otras estaciones, incluida la instalación de salidas de emergencia, detectores de humo y extintores.
Al responder al informe de la CNDH, el INM dijo a la organización que seis de esas estaciones provisionales aún se encuentran en funcionamiento. El Instituto no puso a disposición una lista de sus ubicaciones ni de las estaciones permanentes abiertas, señala el informe.
Entre otras cosas, el INM dijo que en abril y mayo después del incendio, 450 miembros del personal del INM y otras personas que trabajaban en las estaciones de detención de migrantes recibieron capacitación de primeros auxilios, respuesta a incendios y evacuaciones.
El INM indicó que instaló o realizó revisiones de mantenimiento a detectores de humo en varias de sus propiedades, y que instaló más de 200 extintores nuevos en 12 propiedades y rellenó otros 1,600 extintores en sus instalaciones.
El Instituto no proporcionó ninguna actualización sobre la recomendación de la comisión de crear un registro de detenidos en todos las estaciones. Señaló protocolos de hacinamiento revisados que requieren que los funcionarios de las estaciones de detención notifiquen al Departamento de Verificación y Control de Inmigración cuando estén al 80% de su capacidad y hagan planes para descomprimirlos.
El INM tampoco respondió a la investigación de la comisión sobre cuántas personas en cada estación de detención de migrantes reciben llaves de las celdas de detención.
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Esta investigación es un proyecto colaborativo por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjáres de La Verdad; Cindy Ramirez de El Paso Matters; y Jack Sapoch, Monica C. Camacho y Melissa del Bosque de Lighthouse Reports.
