El liderazgo social anclado a los esfuerzos filantrópicos de Chihuahua tiene un potencial inapreciado y aún adormecido. Y no me refiero solamente al poder transformador del dinero, sino a la disciplina y al capital social que el colectivo empresarial podría desplegar en un sentido real y profundo de corresponsabilidad para el desarrollo
Por Diana Chavarri
La cantidad de fundaciones y programas de donativos en el estado de Chihuahua no son pocos si se comparan con otras entidades. Sus modelos recaudatorios, además, han sido ejemplo de réplica. Pero resulta complejo entender su funcionamiento y su impacto en las condiciones de vida de millones de personas.
Sabemos que las tragedias son un activador de la voluntad de la sociedad mientras la catástrofe se encuentra en sus puntos más álgidos. Luego, las iniciativas se esfuman con cierta rapidez, lógicamente, ignorándose que se requieren recursos de mayor permanencia para paliar los efectos de las tragedias e, idealmente, para atender las causas y prevenir que vuelvan a suceder.
En estas experiencias, el sector empresarial ha sabido innovar con la creación de fondos, programas y vehículos financieros que han inyectado recursos a la solución de problemas relevantes de una forma más permanente y con visiones de largo plazo.
Mis cálculos arrojan un monto que puede superar los mil doscientos millones de pesos de recursos privados anuales chihuahuenses, sin contar la cooperación internacional y donaciones provenientes de otros entes públicos y privados. Tan solo FECHAC y FICOSEC reunirán juntos más de mil dieciocho millones de pesos este año. Ambos son modelos de corresponsabilidad social que emanaron del empresariado en momentos de aguda crisis (el primero debido a una catástrofe climática y el segundo a una catástrofe de violencia e inseguridad). Debo decir que más de ocho años de mi vida profesional los invertí en puestos directivos en esas organizaciones.
El resto de los recursos son reunidos por fundaciones comunitarias (como la de la Frontera Norte y la Paso del Norte para la Salud y Bienestar), fundaciones empresariales (como la Rosario Campos de Fernández), programas de donativos corporativos y programas de redondeo (como el de S-Mart y Soriana). Con todos ellos tuve la oportunidad de construir alianzas exitosas para el desarrollo.
Los modelos FECHAC y FICOSEC han generado un sinnúmero de interpretaciones, debates y críticas sobre el origen y características de los recursos, su gobernanza, las líneas estratégicas y criterios de apoyo, su efectividad, transparencia, rendición de cuentas, sus filias o fobias políticas, el comportamiento ético de sus integrantes, etcétera.
Los dos entes son bienes públicos y atienden problemáticas de interés común en coadyuvancia con el Estado, organizaciones de la sociedad civil (OSC), actores para el desarrollo y consultores especializados en salud, educación, capital social, seguridad, justicia y competitividad. Fueron creados mediante decreto aprobado por el Congreso del Estado y gestionado y solicitado previamente por el empresariado al Ejecutivo Estatal. Los Decretos son públicos.
El decreto habilita al Estado a recaudar y “etiquetar” una contribución extraordinaria del 15 por ciento (en total para ambos modelos) que paga el empresariado sobre el monto que resulta del Impuesto Sobre Nóminas. El decreto establece también la creación de fideicomisos públicos para la administración de los recursos. También determina cuáles asociaciones civiles serán las beneficiadas directas -y que dispersan luego- los recursos recaudados. Y sí, el recurso es de origen empresarial, sale de sus bolsas, pero adquiere un carácter público al tocar las arcas del gobierno. Para mi es asunto aclarado.
Así, la contribución extraordinaria se concentra en dos fideicomisos que, bajo reglas de operación públicas, legalmente deciden el destino de los recursos hacia proyectos que cumplen los requisitos y criterios de apoyo.
Y con esto, son sujetos obligados a las leyes de transparencia, contabilidad gubernamental, auditorías superiores, etcétera, sin menoscabo del cumplimiento del resto de las obligaciones por el carácter privado de las asociaciones civiles que dispersan los recursos de los fideicomisos (fideicomisarias). Además, voluntariamente se someten a auditorías privadas anuales.
No es cosa de menor importancia la gobernanza de estos importantes instrumentos. Son presididos por empresarios. Son gobernados por empresarios y por una minoría de empresarias. También participan funcionarios públicos en la gobernanza. El destino de los recursos se decide por mayoría. Sus Manuales de Gobernanza son documentos rectores muy valiosos que regulan la actuación y toma de decisiones.
Las donaciones están impregnadas inherentemente de una visión empresarial. En mi opinión esto es positivo, puesto que demandan proyectos bien gestionados y orientados a resultados con indicadores medibles. Exigir impacto a los proyectos es legítimo y necesario.
Pero, a la vez, la visión empresarial es un arma de doble filo, porque se queda muy corto el traslado de prácticas empresariales a problemas públicos de complejidad extraordinaria (como los que han decidido abordar) sin una consciente y previa contextualización sobre las realidades estructurales y sociales y una seria especialización en tácticas y estrategias inherentes a las problemáticas.
De ahí que se vuelve vital instalar principalmente tres estrategias básicas para que los órganos de gobierno tomen decisiones informadas en evidencia: a) una cultura de sólido aprendizaje multifacético, b) la integración y escucha a equipos especializados y consejos consultivos y c) la construcción de una teoría de cambio congruente y sólida con una buena matriz de indicadores. No es cosa sencilla, pero es posible.
La decisión primaria más importante ya la ha tomado el empresariado: desprenderse de sus recursos para el bien común conformando un mecanismo de recaudación masiva de recursos privados, que son superiores al presupuesto anual 2024 de las Secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común y de Innovación y Desarrollo Económico juntas.
La decisión más compleja, por el nivel de responsabilidad que ésta conlleva, la toman mes a mes: definir cuáles serán proyectos que recibirán financiamiento y que prometen incidir en las problemáticas más sentidas del estado de Chihuahua. Y más allá del dinero, decidir cómo ejercer su capacidad de incidencia en asuntos de interés público en su relación con los funcionarios y estructuras de primer nivel de la administración pública a las que tienen acceso, trascendiendo la seducción del poder.
El liderazgo social anclado a los esfuerzos filantrópicos de la entidad tiene un potencial inapreciado y aún adormecido. Y no me refiero solamente al poder transformador del dinero, sino a la disciplina y al capital social que el colectivo empresarial podría desplegar en un sentido real y profundo de corresponsabilidad para el desarrollo. Ojalá se ponga en marcha ese gran potencial. La ciudadanía lo necesita.
