“El mayor riesgo que se seguirá presentando mientras no se regulen los albergues es la violación de derechos humanos que lleguen a constituir delitos” advierten organizaciones que promueven la regulación de espacios para el hospedaje temporal de personas en movilidad que operan en Ciudad Juárez
Por Raúl Flores / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– Aun cuando han dado hospedaje temporal a miles de personas migrantes, los albergues habilitados en la ciudad por asociaciones, iglesias e instancias de gobierno operan sin una regulación de parte de las autoridades.
La situación quedó expuesta durante el proceso penal en contra de la pastora y directora del albergue Aposento Alto, Velia H.G., quien fue llevada a juicio y fue sentenciada a más 10 años de cárcel, tras haber sido encontrada culpable de haber forzado a tres migrantes a realizar trabajos a favor de ella y de su familia.
Tras ese caso, el vacío de regulación desató una mayor preocupación entre representantes de organizaciones humanitarias quienes llevan algún tiempo señalando la necesidad de contar con lineamientos y normas de operación de los albergues para personas en movilidad, con las que se busca asegurar que los operadores de estas instancias conozcan su función y responsabilidades, y que no se violen derechos.
“El mayor riesgo que se seguirá presentando mientras no se regulen los albergues es la violación de derechos humanos que lleguen a constituir delitos” advirtió Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), una organización que da asistencia psicológica a mujeres migrantes.
Actualmente cada albergue es autónomo, lo que expone a sus operadores a una situación de vulnerabilidad, explicó Francisco González, presidente de la red de albergues Somos Uno Por Juárez, integrada hace poco más dos años por responsables de esas estancias, para unir experiencias y capacidades, y convertir sus lugares en espacios seguros para las personas en movilidad.
Solo 12 de los 25 albergues que operan en la ciudad -principalmente por asociaciones e iglesias- están agrupados en esa red para autogestionar, autorregularse y fortalecer los servicios que prestan a migrantes.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), consideró que es urgente la regulación, aunque señaló que se tiene tiempo con esa solicitud sin lograr eco en las autoridades.
“Mientras no haya un mecanismo de supervisión de albergues, los que quieran cometer algo, lo van a seguir cometiendo en ese marco de impunidad”, afirmó Navarrete.
La promoción de la regulación de los albergues recae desde hace unos meses en el Consejo Estatal de Población (COESPO), pero por una reforma al acuerdo de creación de esta instancia del gobierno de Chihuahua que se dio en noviembre del 2023, donde se establece:
El Consejo debe “Instrumentar, promover, coordinar y operar, en su caso, los programas, estrategias y acciones de atención a la población en situación de movilidad en el estado, independientemente de su origen y perfil migratorio, para la gestión de acciones de protección, asistencia humanitaria e inclusión, con perspectiva de derechos, a través de los mecanismos de coordinación interinstitucional con actores del sector público, privado, social y académico”.
Enrique Valenzuela Peralta, coordinador de la COESPO, señaló que a través de la reforma más reciente, el Consejo está en aptitud de emitir lineamientos básicos para la operación de albergues.
Aunque asegura que algunos lineamientos encaminados a la regulación ya se establecieron, como el registro y recepción de personas que ingresan a los albergues, cómo respetar los datos personales y restricciones para el acceso de medios de comunicación para entrevistas en su interior.
¿Qué implicaría una regulación de albergues de parte del gobierno?
Blanca Navarrete, de DHIA, explicó que con la regulación, lo primero que debe ocurrir es establecer un proceso de reconocimiento para los espacios humanitarios.
Dentro de ese proceso se tendrían que especificar los estándares necesarios para la apertura y manejo de un albergue, los cuales se deberían evaluar en persona por la autoridad en un proceso de certificación.
También, agregó Navarrete, es necesario tener la supervisión frecuente de todos los espacios y un sistema para generar reportes y denuncias directas a la autoridad.
Para Ivonne Mendoza, de CEDIMAC, mientras el gobierno no intervenga para regular y supervisar los albergues, los derechos humanos de personas en movilidad están siendo comprometidos.
El caso de Aposento Alto es el resultado de la ausencia del estado en esto, consideró.
Ante el panorama, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha implementado una herramienta que llaman “semáforo”. A través de esta herramienta, se acercan con los albergues que estén dispuestos someterse a una evaluación en 15 rubros —por ejemplo: la gestión del espacio, protocolos de seguridad, agua y saneamiento, infraestructura.
La mayoría de los albergues que se evaluaron el año pasado con esta herramienta presentaron resultados adecuados, aseguró James Yong, jefe de la oficina del ACNUR en Ciudad Juárez. Aun así, en cada caso se identifican áreas donde hace falta mejorar y en esos casos la agencia internacional se encarga de movilizar a otras organizaciones para atender el problema detectado.
También se tienen que mantener los estándares de protección. Es decir, si en algún espacio se genera un reporte relacionado con abuso—como lo fue en Aposento Alto—se aplican lineamientos para justificar si es necesario retirar el apoyo.
“Entramos en una situación complicada, porque no somos la fiscalía, no estamos aquí para investigar, evaluar y llegar a un punto de determinar si un reporte fue real o no”, dijo Yong. “No es nuestro trabajo, no es nuestra responsabilidad y no queremos reemplazar a las autoridades”.
Lo que el ACNUR hace es mantener relaciones “estrechas” tanto con los encargados de los albergues como con las demás organizaciones involucradas para estar enterados de los reportes o denuncias que se generen.
Yong reconoció el trabajo que han hecho los tres niveles de gobierno para atender a los migrantes en su paso por la ciudad y a su vez dijo que siempre se tiene que buscar el mejoramiento de las condiciones actuales.
Valenzuela dijo que se tiene que seguir “construyendo de la mano” de organizaciones humanitarias y con las demás órdenes de gobierno para encontrar maneras de mejorar.
La ausencia del estado ha traído estas tragedias, como lo que vivieron los migrantes en Aposento Alto, asegura Ivonne Mendoza, por un lado no crean más espacios de acogida y por otro, no regulan los que ya están.
