Javier Corral no tiene ni ha tenido a lo largo de los últimos años autoridad para juzgar lo que le pasa hoy indicando un empleo ilegítimo, moral y políticamente, de la lucha anticorrupción… Si los morenistas quieren convertirlo en mártir, allá ellos
Por Jaime García Chávez
La vida política chihuahuense no puede estar entrampada en las pugnas, por intereses de facción, entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el senador electo Javier Corral Jurado, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y Osvaldo Rodríguez Borunda, la muy costosa boca de ganso por la que habla la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua.
A ratos se perciben las contradicciones entre estos personajes como un pleito de miembros de antigua familia, una riña de malandrines y siempre teniendo en presencia intereses personales de alta dimensión, que caen en la facciocidad similar de aquellas confrontaciones que hicieron historia entre güelfos y gibilinos. No son contradicciones en el buen sentido que pueden tener estos en la política y que se resuelven en las vías de la institucionalidad o de la simple autocontención.
Se trata, ni más ni menos, de ajuste de cuentas que corren igual a las que practican los delincuentes organizados. Así de sencillo y por ello el ciudadano, con el nivel que tenga en el entramado social, no ha de tomar partido por ninguno de los contendientes porque a final de cuentas lo que está en juego son los intereses mezquinos de los contendientes y el daño público que se puede hacer a la sociedad con este tipo de conflictos que hoy ocupan la atención generalizada, porque un monopolio periodístico se encarga de ello, con munificente retribución.
Esto se advierte mejor cada día que pasa. Por ninguno de los cuatro ciudadanos mencionados nadie ha dicho que se va a partir la cara. Sus historias son tan conocidas que si convocan a una manifestación espontánea de apoyo no juntarían a más personas que las que caben en cuatro o cinco metros cuadrados de una plaza pública.
Veamos algunos puntos concretos. Osvaldo Rodríguez Borunda se vanagloria de haber ganado un juicio en los tribunales de El Paso Texas y derrotado a Javier Corral, pero no informa el contenido concreto preciso del litigio, oculta su esencia y aprovecha el suceso para que se reconozca en su persona al periodista que no es. Se trata lisa y llanamente de un gángster con suficientes facturas para cobrarle a la actual gobernadora (de la que ha vivido por décadas) y escenificar un ancestral pleito con Javier Corral, de esos que se suelen ver en los malos divorcios que se tramitan en los juzgados.
A su vez, la gobernadora Campos Galván dice que no interviene en la causa penal contra Javier Corral, risible versión, a la vista de que se han depurado los magistrados del TEJA, ampliando su elenco con una ley que prácticamente nos lleva a pensar en los proscritos tribunales especiales a que se refiere la Constitución. Tiene metidas las manos en el asunto hasta los codos, como bien lo exhibe el nombramiento de un inquisidor en la persona del inútil Roberto Fierro en la Secretaría de la Función Pública, dependiente jerárquicamente del Ejecutivo estatal.
Maru Campos se quiere levantar preconizando la máxima de que “la ley es dura pero es la ley” y se lanza contra Corral, como si no recordáramos que esa misma ley fue tan dúctil como una plastilina para evadir los cargos por su complicidad con César Duarte.
La gobernadora carece de eso que se llama autoridad para presentarse como abanderada de una legalidad que nunca ha practicado. Y digo más, así como Corral actuó por venganza en su contra, ahora ella le paga con la misma moneda.
Al final, pero no por ello al último, están Javier Corral y su compadre Cruz Pérez Cuéllar. El primero encara un problema de responsabilidades que acá desde la barrera se ve sencillo, sin sustancia y prácticamente librado. Hizo la declaración de un bien o no la hizo, él ya argumentó que se trata de una posesión producto de un contrato civil sufragado con dinero propio obtenido de su sueldo de gobernador. Es lego en derecho y parece que no sabe que todo se debe declarar: propiedades, posesiones, dominios usufructos, usos, habitaciones, servidumbres, hipotecas inmobiliarias. El problema radica en dirimir si una posesión como “derecho real” forma o no parte del patrimonio, si es o no un derecho que produce riqueza, del que ya se obtienen beneficios y por tanto corre en su contra la omisión de no haberla declarado. Por otra parte se le recrimina el que no haya pagado algún impuesto, pasando por alto que el notario del exgobernador es su cercano amigo.
Corral se defiende diciendo que se trata de un “embate” en su contra, que en el fondo se busca descarrilarlo del escaño senatorial que privilegiada o inexplicablemente se le otorgó por Morena, pero sabe que eso es imposible. Él llagará a la institución senatorial y el conflicto local no será un obstáculo.
Pero Corral, a su vez, no tiene ni ha tenido a lo largo de los últimos años autoridad para juzgar lo que le pasa hoy indicando un empleo ilegítimo, moral y políticamente, de la lucha anticorrupción. Botones de muestra bastan. Prohijó a María Eugenia Campos en 2016 teniendo en mano información que la descalificaba para que llegara a la alcaldía de Chihuahua porque necesitaba sus votos para ser gobernador. Después pretendió juzgarla penalmente para descarrilarla de la candidatura a gobernadora y colocar a su amigo Gustavo Madero Muñoz. Protegió al cerebro de la corrupción duartista Jaime Ramón Herrera Corral y, lo más grave, traicionó en toda la línea la lucha cívica de Unión Ciudadana, lo que aquí es parte de la vox populi. La traición es lo suyo.
Corral contribuyó a que su compadre Cruz Pérez Cuéllar se mantuviera impune durante todo el quinquenio teniendo en mano expedientes para encausarlo penalmente y ahora es su compañero de partido, aunque lo señale como parte del maruduartismo, pero todo sea por la próxima elección local. ¡El poder, ah, el poder!
Mal mensaje lanza la virtual presidenta de la república cuando mete las manos a la lumbre por Corral, arropándolo políticamente, en lugar de simplemente estar ausente de algo que no le corresponde o, en todo caso exigir que funcionen las instituciones como debe ser. Si los morenistas y algunos ilustrados quieren deificar a Corral, se hace que no entienden que es un problema de responsabilidad pública, no de biografía y lustre personal, es virtuoso, es política, dicen. ¡Por favor! Quieren convertirlo en mártir, allá ellos. Sólo les digo: nadie es intocable, háganse cargo, además, de que este es un tiempo de canallas.
***
Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
