Como defensor de derechos humanos, como ciudadano, como gestor cultural, como una persona de la diversidad sexual reclamo algo más que un “repudiamos enérgicamente” ante la falta de acciones de los 3 niveles de gobierno para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a todas las personas, específicamente en lo relacionado a los discursos de odio
Por Daniel Leonardo García
En las profundas charlas con mi amiga Lili (una mujer de la cual aprendo mucho diariamente), salió a relucir la reflexión acerca de la tradición de utilizar la icónica frase “repudiamos enérgicamente”, tan política y carente de mayores acciones de impacto social y que puede aplicar a tantos y diversos temas de interés común, así como de desinterés gubernamental.
Lo anterior en el contexto de mi asistencia, en representación del estado de Chihuahua, al Encuentro por la no discriminación “Contrastar las Narrativas de Odio desde las Identidades Sexuales y de Genero No Normativas”, del pasado 4 de julio, organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) en Puerto Morelos, Quintana Roo.
En la inauguración de dicho encuentro participaron diversas autoridades, pero quisiera destacar a dos de ellas. A Claudia Olivia Morales Reza, quien asumió la titularidad de Conapred el 12 de julio de 2022, lo cual es un hecho relevante pues Morales pertenece al pueblo Wixárika; y a Tobyanne Ledesma Rivera, titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien en 2017 recibió el Premio Nacional de la Juventud en la categoría B (de 18 a 29 años) por Aportación a la Cultura Política.
Gracias a la invitación a dicho evento pude cuestionar de manera directa a Ledesma Rivera por la falta de eficiencia de dicho mecanismo, en un contexto en que personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen valientemente el periodismo constantemente vivimos entre amenazas y actos violentos por hacer de conocimiento público posibles actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, pero a los funcionarios, especialmente del ámbito federal parece importarles poco o estar “atados de manos”.
Aprovecho para reconocer la buena voluntad de Morales Reza, quien permaneció durante toda la jornada del evento, ya que tras finalizar el acto protocolario de inauguración, donde llovían los halagos entre las funcionarias de los 3 niveles de gobierno, inició un huracán (más intenso que Beryl) de reclamos de parte de las personas activistas invitadas, quienes exigimos que la titular del Conapred realizará un posicionamiento ante diversos temas, pero principalmente ante los crímenes de odio por homofobia y transfobia, lo cual posiblemente rindió frutos este 19 de julio, pues mediante un comunicado de la Secretaría de Gobernación se señala que:
“El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en el Congreso de la Ciudad de México, que reforma distintos ordenamientos locales, entre ellos, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y la Ley de Víctimas, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida a la que se enfrentan las mujeres trans, por motivo de su identidad y expresión de género”.
Si bien dicho pronunciamiento es un avance significativo, dicha ley es para la Ciudad de México, aún se requieren acciones concretas por parte del Conapred y las autoridades mexicanas de los diferentes niveles de gobierno para garantizar los derechos, la dignidad, el derecho a una vida libre de violencia y otras necesidades de las personas de la diversidad sexual a lo largo y ancho del país, en donde sin duda el derecho a la libertad de expresión debe garantizarse, pero no a costa de la permisividad de los discursos de odio, como los que han ocurrido en el estado de Chihuahua en los 3 lamentables ejemplos que mencionare a continuación:
“Que el matrimonio gay se llame gaymonio o lesbimonio”, esta fue la postura plasmada en 2014 de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juarez A.C., mediante un pronunciamiento dirigido al Congreso del Estado pues según ellos en la unión de personas del mismo sexo no es posible la procreación, por lo cual insistían en que debía inventarse otra palabra como gaymonio o lesbimonio para referir a lo que ellos consideran como “uniones antinaturales”.
En 2018, quien ahora ocupa el cargo de gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en una entrevista, al ser cuestionada sobre el matrimonio igualitario, señaló: “seguimos creyendo en la familia natural, que es el matrimonio en el que creen los chihuahuenses. El 99 por ciento de los chihuahuenses están unidos legítimamente en este matrimonio de hombre y mujer y solamente el 1 por ciento de la población de Chihuahua se refiere, de acuerdo al INEGI en una opción homosexual”.
Mientras que, en 2019, Armando Cabada Alvídrez, quien fungía como alcalde del Municipio de Juárez, señalaba que “los postulados del libre desarrollo de la personalidad son subjetivos y contaminan el espíritu real de cualquier propuesta seria. Rechazó la reforma por convicción en favor de la vida, y por que el decreto vulnera a los ejes fundamentales de la sociedad, como son los niños y la familia”, esto ante su postura a favor de revocar el Decreto LXVI/RFCNT/0354/2019 II P.O., que entre otras cosas daría paso al derecho “autodeterminación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad”.
Paradójicamente, fue también en 2019 cuando Cabada Alvídrez seguía hondeando la bandera arcoíris con el activista Ignacio Diaz Hinojos, a quien de hecho dio el cargo de secretarío ejecutivo, el 23 de agosto, del recién creado Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred). Ante todo, quiero expresar mi reconocimiento al entusiasmo de a quien cariñosamente llamamos “Nasho”, tanto entre los círculos sociales de personas de la diversidad sexual como de amigos, pero esto no exime que, como funcionario, habrá que llamarle a la rendición de cuentas.
A grosso modo, en 2024 siguen sin estar garantizadas las principales demandas de las diversidades sexuales en el Estado de Chihuahua, pues si bien el matrimonio igualitario es algo que actualmente puede realizarse, aún no está incluido en la legislación estatal, como tampoco están garantizada la adecuación de la identidad legal de las personas trans, que actualmente se realiza como trámite administrativo a las personas mayores de 18 años y cuya acta de nacimiento haya sido emitida en el Estado de Chihuahua, pero existe una ley que garantice la continuidad del ejercicio del derecho a esta población.
De tal manera que como defensor de derechos humanos, como ciudadano, como gestor cultural, como una persona de la diversidad sexual reclamo algo más que un “repudiamos enérgicamente” ante la falta de acciones de los 3 niveles de gobierno en garantizar el derecho a una vida libre de violencia a todas las personas, específicamente en lo relacionado a los discursos de odio que siguen vulnerando la dignidad y salud mental de las personas de identidades sexuales y de género no normativas, aunque ya haya pasado la época del capitalismo y voto rosa.
Aspiro también a que las políticas públicas se realicen en un marco de respeto a los derechos humanos de todas las personas, con una perspectiva de interseccionalidad, reconociendo, celebrando y protegiendo la pluralidad, pero con especial énfasis a las infancias, a las personas de los pueblos originarios, a las personas neurodivergentes, a las personas con algún tipo de discapacidad, al adulto mayor, a las personas en contexto de movilidad, a todas aquellas personas con una condición de salud o labor estigmatizada, a las personas no binarias, y toda aquella población a la que el respeto y derechos le han sido negados.
