La reacción del gobierno mexicano ante las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada, revela una peligrosa estrategia de negación institucional que perpetúa la impunidad y vulnera los derechos de las víctimas
Por Salvador Salazar Gutiérrez
El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. El pasado 4 de abril, el presidente del CED Oliver de Frouville, declaró ante las Naciones Unidas que las desapariciones en México eran un tema “preocupante” pues son sistemáticas y generalizadas. Por tal motivo, y frente a la evidencia que por varios años ha recabado el Comité, se debía aplicar la activación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada que sostiene “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”. (ONU, 1992). La reacción del gobierno mexicano ante las declaraciones del Comité, revela una peligrosa estrategia de negación institucional que perpetúa la impunidad y vulnera los derechos de las víctimas.
A las pocas horas de la declaración emitida por el CED, se produjo una marejada de descalificaciones y la negación de la declaratoria por parte de actores adscritos al oficialismo, como la presidenta Claudia Sheinbaum o el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña. En particular el senador, al tomar la palabra ante la tribuna en la cámara alta, expresó su “indignación” ante las declaraciones del presidente de la CED, manifestando que en las dos últimas administraciones a cargo del “gobierno del pueblo”, no ha existido “ningún caso de desaparición forzada” y que él retaba “a cualquier integrante del senado o al propio organismo de la CED a mostrar un solo caso de desaparición forzada en los últimos años”. Si bien considero lamentable su declaración, es más preocupante y deplorable el eco de una cargada partidista que es muestra clara de una visión omisa, negligente, e indolente ante la evidencia clara y contundente de la participación directa e indirecta de agentes del Estado en casos de desaparición forzada en los años recientes.
Valdría la pena recordar que el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece que “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. (ONU, 1992).
El 18 de marzo del 2008, el Estado mexicano ratificó su adhesión a dicho instrumento, enfatizando en aquel momento su “activa” participación en la promoción y aplicación de la Convención (Ver Boletín SER https://sre.gob.mx/sre-docs/dh/docsdh/boletines/2008/desaparicionesforzadas.pdf). Esto, entre otras acciones y presiones ante la crisis de desapariciones que se han presentado por más de tres décadas, dio como resultado la elaboración y publicación, el 17 de noviembre del 2017, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
El artículo 27 de dicha ley, menciona que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
Como se puede observar, esta definición se ancla en los términos generales que define la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU en sus términos generales. Un número importante de académicas y académicos, han dado cuenta de que el Estado mexicano aún y cuando evidentemente no promueve una política punitiva abierta de desaparición forzada, esto no niega la participación directa de agentes del Estado –militares, policías, servidores públicos–, en cientos de casos que en los últimos 15 años han sido reconocidos por la Comisión Nacional de Búsqueda y la propia CNDH.
Destacar sobre todo el criterio de “aquiescencia”, que según la Real Academia Lengua Española se refiere a un acto o procedimiento de ascenso, consentimiento o anuencia. Esto implica que si bien el Estado mexicano, a través de los últimos 15 años no ha promovido una política de desaparición forzada –lo más cercano a ello se puede ubicar en el periodo de la “guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón–, sí hay evidencia contundente de una cínica inoperatividad consentida ante la presencia y participación de particulares ligados al ámbito de la macrocriminalidad, que han aprovechado la complicidad con agentes del Estado en diversos territorios para gestionar y aplicar una estrategia continua y sistemática de desaparición sobre diversos sectores de la población –sobre todo jóvenes hombres y mujeres o niños y niñas–.
Queda claro que el caso Teuchitlán cobró una relevancia mediática central. Pero es preocupante cómo la práctica generalizada del Estado mexicano, ha sido la de negar, denostar o simplemente desestimar las diversas voces que han clamado por una verdadera política de atención a las víctimas bajo procedimientos establecidos por marcos normativos como la Convención contra la Desaparición Forzada o incluso la propia Ley General para el enfrentar al fenómeno emitida en el 2017, y que en este momento está en discusión frente a iniciativas gestadas a la ligera por el ejecutivo federal enviadas al Senado hace unas semanas resultado del cuestionamiento ante el hallazgo en el rancho Izaguirre en este municipio de Jalisco.
Vaya coincidencia que días pasados se detuvo el procedimiento dentro del Senado para la revisión de estas iniciativas, al momento en que se llevaba a cabo la declaración de la aplicación del artículo 34 por el CED. Espero que no se repitan aquellas imágenes en las que la esposa de un expresidente de la República, en su visita a Ciudad Juárez ante lo acontecido el 30 de enero del 2010 en la colonia Villas de Salvarcar con la masacre de 15 jóvenes, y el reclamo legítimo de una de las madres que tomó la tribuna durante la presentación de la estrategia “Todos Somos Juárez”, esta bajó del púlpito y abrazó a la madre del joven como si con ello buscara exentar de la culpa a la nefasta estrategia que pulverizó la vida en la frontera por varios años.
Es preocupante la reacción de funcionarios del gobierno federal, quienes, en lugar de partir del reconocimiento de la incapacidad del Estado para atender un fenómeno que desde hace años se ha desbordado, deberían buscar respaldo en expertos internacionales en la materia. Lamentablemente la respuesta es una muestra de autoengaño o una especie de ego negacionista, expresado en frases burdas y carentes de evidencia como la expresada por la dirigente morenista al sostener que es “facciosa” la postura del CED.
No perdamos de vista que Veena Das, gran antropóloga originaria de la India ha colocado en sus estudios cómo el lenguaje del Estado puede encubrir, distorsionar o incluso producir violencia: “La violencia se inscribe en la vida cotidiana no sólo a través del acto brutal, sino también a través de su lenguaje –el lenguaje del Estado, de los funcionarios, de los informes”. (Veena Das, “Life and Words”, 2006)
Si el actual gobierno federal no asume un compromiso real, y sigue en una postura de negación y denostar toda crítica o cuestionamiento frente a su incapacidad de atención, el panorama de erosión de legitimidad de su gobierno está en el horizonte. Efectivamente la desaparición de ciento de miles de personas no es exclusiva de las dos últimas administraciones, pero esa no debe ser la justificación indolente del gobierno actual. El cinismo del Estado no es exclusivo de un solo gobierno ni de un solo partido; es un síntoma profundo de una estructura que, pese a los colores y los discursos, sigue fallándole a quienes está obligado en la atención y otorgamiento de justicia. La pregunta es urgente, ¿en quién radica la responsabilidad de actuar frente a los cuerpos desaparecidos, las palabras negadas, las voces ignoradas y los silencios impuestos desde el poder?
