La universidad, como institución académica pública, no puede ser indiferente ante la represión ejercida contra quien decide expresar públicamente su inconformidad. La fuerza nunca debe sustituir al diálogo, especialmente en un espacio cuya razón de ser es la reflexión crítica y la formación de ciudadanos comprometidos con la justicia y la libertad
Por Salvador Salazar Gutiérrez
El operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizado el jueves 28 de agosto contra un extrabajador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el que se recurrió al uso excesivo de la fuerza policial, constituye un hecho inaceptable y preocupante que interpela a nuestra comunidad universitaria.
Más allá del trasfondo laboral o jurídico del caso, lo cual seguramente estará en ámbitos correspondientes de conciliación laboral, preocupa el mensaje que nuestra institución educativa debe encabezar en torno al compromiso con el respeto a los derechos humanos, la defensa del diálogo y la construcción de una convivencia democrática. Que una protesta pacífica, aun cuando sea de una sola persona, sea respondida con una agresión desproporcionada, es un signo que para nada es justificable y nos debe indignar a toda la comunidad académica.
La universidad, como institución académica pública, no puede ser indiferente ante la represión ejercida contra quien decide expresar públicamente su inconformidad. La fuerza nunca debe sustituir al diálogo, especialmente en un espacio cuya razón de ser es la reflexión crítica y la formación de ciudadanos comprometidos con la justicia y la libertad.
Cuando una autoridad universitaria recurre a justificar un acto de agresión para enfrentar la manifestación de un trabajador inconforme, erosiona el principio fundamental de universidad como espacio garante de derechos. El respeto a la dignidad humana, la defensa de los derechos laborales y la garantía del disenso forman parte de la esencia de cualquier institución académica que pretenda ser democrática.
El acto de agresión por parte de los agentes de seguridad pública, permite evidenciar un problema estructural más amplio: el lugar del poder punitivo en nuestras sociedades, un poder que se sostiene bajo la forma de castigo. En este punto, las reflexiones del jurista argentino Raúl Eugenio Zaffaroni resultan particularmente iluminadoras. Exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno de los principales críticos del derecho penal en América Latina, Zaffaroni ha mostrado con claridad que el uso excesivo de la fuerza no es un accidente ni una excepción, sino un recurso funcional a la preservación del poder y los privilegios de determinados grupos sociales. En su texto Derecho Penal Humano y poder en el siglo XXI sostiene que “el poder punitivo siempre selecciona a sus víctimas, no opera de modo universal, sino que recae con mayor dureza sobre los sectores que carecen de poder para defenderse” (Zaffaroni, 2016;52). Esto significa que la violencia estatal no es ciega ni equitativa: siempre se dirige hacia quienes tienen menos recursos para resistir.
En el caso del extrabajador de la UACJ, es evidente cómo la represión recayó sobre una persona aislada que manifestaba su inconformidad, sin representar una amenaza real para la seguridad pública. El problema es que el acto punitivo fue, más que una medida de control, un mensaje de quien se atreva a cuestionar a la institución, aun de forma individual, puede llegar a ser reprimido.
Zaffaroni nos advierte que esta dinámica no debe confundirse con “errores” o “excesos” de las fuerzas policiales. La violencia estatal excesiva se convierte en la herramienta idónea para garantizar la permanencia de un orden social profundamente desigual (Zaffaroni, 2016). Dicho de otra manera, la represión no es una anomalía o algo eventual, sino un engranaje esencial de un sistema que busca preservar el statu quo. El discurso de la seguridad, utilizado para justificar operativos como el que se generó afuera del edificio de rectoría de la UACJ, encubre en realidad un mecanismo de control social que favorece a ciertas élites y vulnera a quienes intentan ejercer sus derechos.
Desde esta perspectiva, lo ocurrido en la UACJ no puede interpretarse únicamente como un episodio aislado de violencia policial. Es una manifestación concreta de lo que Zaffaroni denomina el carácter selectivo y clasista del poder punitivo. El aparato represivo se activa con mayor fuerza allí donde percibe vulnerabilidad, precisamente porque no se arriesga a confrontar a quienes cuentan con respaldo político, económico o social. Considero que la represión contra un extrabajador se vuelve comprensible dentro de esa lógica: se trata de alguien sin poder, cuyo reclamo no amenaza los cimientos de los privilegios, pero cuya protesta debía ser sofocada para enviar un mensaje de control y justificación del uso excesivo de la fuerza.
La comunidad universitaria debe reconocer la gravedad de esta situación. Permitir o justificar la violencia policial ante un integrante o extrabajador de la comunidad universitaria, es aceptar la normalización de prácticas de intimidación y de silenciamiento que nos han afectado como sociedad. Como ha advertido Zaffaroni, el poder punitivo no sólo castiga a la persona reprimida, sino que envía una señal disciplinadora a todos los demás: delimita los márgenes de lo que es tolerado y lo que será castigado. En el ámbito universitario, esto equivale a restringir la libertad de expresión, inhibir la crítica y debilitar la vida democrática de la institución.
Estoy convencido que el acto contra el compañero extrabajador, lejos de fortalecer la imagen de nuestra universitaria, la socava. El prestigio de una institución académica no se construye mediante la fuerza, sino a través de la apertura al disenso, el respeto a la dignidad humana y la capacidad de tramitar los conflictos mediante el diálogo, no por un criterio de hartazgo. Por ello, lo sucedido debería provocar una reacción y reflexión colectiva: estudiantes, docentes y trabajadores no podemos permanecer indiferentes ante estas situaciones que, aunque dirigida contra uno de sus miembros, afecta a todos, pues erosiona las condiciones de libertad y respeto necesarias para la vida universitaria.
Los planteamientos de Zaffaroni ayudan a comprender que el uso excesivo de la fuerza en el campus universitario no es un error circunstancial ni una reacción desmedida ante un incidente menor. Es la expresión de cómo en nuestra ciudad, se ha fortalecido un poder punitivo selectivo que reproduce desigualdades y protege privilegios. La UACJ no puede tolerar y justificar estos actos de represión. Reconozco que la universidad cuenta con liderazgos que, en otros momentos, han favorecido y propiciado la construcción de espacios donde los conflictos se resuelvan mediante la palabra y nunca por la imposición de la violencia. Desde nuestras diversas posiciones, como profesores, estudiantes, administrativos, estoy convencido que debemos cuidar y sostener la misión social y académica, y continuar construyendo una institución educativa de nivel superior como referente de democracia, justicia y respeto a los derechos humanos.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
