Martín Orquíz
Una de las más grandes deudas que las administraciones federales tienen con la sociedad mexicana es, aparte de combatir con eficacia la corrupción y la impunidad, es perseguir, obtener e invertir en el bien común las grandes riquezas acuñadas a la sombra de la criminalidad.
Es del conocimiento general y común, porque lo podemos ver todos los días en cualquier lugar de nuestra nación, que quienes se dedican a realizar generosas actividades ilegales ostentan sus ganancias a través de propiedades, automóviles, lujos, viajes y derroche de dinero.
Pero cuando el corto brazo de la ley mexicana los alcanza, esas riquezas se desvanecen ante los ojos incrédulos de los ciudadanos, quienes nunca llegamos a saber a ciencia cierta lo que ocurre con las riquezas de quienes son señalados como delincuentes o los funcionarios que se enriquecen de forma inexplicable (para las autoridades, por supuesto).
A pesar de que en México existe la Ley de Extinción de Dominio desde el 2009 – que establece que quien comete delitos puede perder los derechos sobre bienes que han sido instrumento, objeto o producto de actos ilícitos – en los hechos no funciona.
La senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, lo puso en evidencia desde finales del año pasado, cuando comparó lo que ocurre en nuestro país con Colombia, otra nación que lucha de forma cruenta contra la criminalidad.
Aunque las fechas son dispares, el ejemplo – desde mi punto de vista – es válido porque refleja lo que ocurre y todos percibimos a través de la simple observación y ausencia de acción gubernamental.
La legisladora expuso que hasta el 2018 Colombia tenía vigentes 2 mil 703 procesos judiciales por extinción de dominio, así como 28 mil 165 bienes recuperados; mientras, en el periodo comprendido entre 2010 y 2011, México solo tenía tres procesos abiertos y había recuperado ocho bienes.
Les aseguro que no es equivocación ni omisión de dígitos, esos son los números expuestos por la senadora y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
En México, me indica la lógica, claro que se podrían alcanzar los números que se tienen en el país sudamericano.
Para muestra, un millonario botón: El pasado 4 de abril, un tijuanense se declaró culpable ante la Corte Federal en San Diego, California, por “lavar” 13 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
César Hernández Martínez de 29 años, no deja de asombrarme su edad, dijo que el dinero procedía de ganancias de la venta de cocaína, metanfetaminas y heroína en Estados Unidos, el efectivo era trasladado a México. El acusado fue extraditado en septiembre pasado.
Enfrenta el cargo federal de conspiración para el lavado de dinero, con una pena máxima de 20 años de prisión, así como una multa de 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos relacionados, con un máximo de 26 millones de dólares.
¿Y cómo fue que manejó tales cantidades de dinero para internarlas al país y que nadie sospecháramos? Pues sí, adivinó usted, a través del manejo de casas de cambio en Tijuana desde abril del 2013, cuando César tendría 23 años, hasta noviembre del 2015.
Comenzó con la actividad ilícita muy joven, pero su carrera fue corta y ahora le espera la cárcel, aunque en Estados Unidos.
Como dato ocioso, o tal vez no lo es tanto, le diré que, en Ciudad Juárez, otra frontera donde operan grupos criminales que generan millones de dólares, existen unas 270 casas de cambio, indican datos revelados el año pasado por representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
También dijeron que ocho de cada 10 funcionan de forma irregular, es decir, sin registro ante autoridades locales o ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las conclusiones “nos brincan” de inmediato, algo debe pasar con los funcionarios encargados de perseguir este tipo de delitos porque siguen pasmados mientras los dólares corren desde su cuna, Estados Unidos, hasta México, donde se compra, se construye y se gasta con dinero ilícito sin reparo alguno. ¿O sí?.
