La Suprema Corte de Justicia invalidó el paquete de reformas al sistema electoral mexicano que propuso el ejecutivo federal, pero ¿qué proponía esto y por qué se echó abajo?
Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
Ciudad de México– Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el primer decreto del Plan B de reforma electoral en el país, el cual cambiaba la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El paquete se aprobó en el Senado de la República en diciembre de 2022, y además de las leyes que ahora invalidó la Corte, también propone la modificación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Desde su anuncio, la controvertida reforma se ha convertido en una bandera que la oposición ha levantado para criticar las políticas del gobierno del presidente López Obrador.
Inclusive, ha sido una consigna que ha movilizado a sus simpatizantes y militantes.
Pero, ¿qué implican esta decisión de la Corte? ¿El país se queda sin una reforma electoral? En Pie de Página te explicamos las claves para entenderlo.
A.- Los motivos de la Suprema Corte
El análisis de la reforma lo atrajo la Suprema Corte días después de que se aprobó el Plan B en el Senado de la República.
El caso lo atrajo el ministro Alberto Pérez Dayán, quien elaboró un proyecto de sentencia argumentando que en la discusión del paquete legislativo se vulneró el proceso legislativo en ambas cámaras, por lo que su aprobación fue inconstitucional.
Esta acción fue criticada por el Consejo de la Judicatura, el cual, antes de la sesión del pleno de la Corte, emitió un comunicado en el que decía que la SCJN estaba priorizando los formalismos jurídicos sobre «la verdadera justicia de fondo».
Y señaló que, “al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
El proyecto de sentencia, y la resolución de la Corte, en realidad no discutió el fondo de la reforma, sino el procedimiento legislativo.
Sin embargo, no admitió las observaciones del Consejo de la Judicatura, quienes además pedían excluir de la votación al ministro Pérez Dayán.
Al final, 9 de los 11 ministros de la Corte votaron por invalidar el primer paquete del Plan B de la Reforma Electoral. Los que estuvieron a favor (incluído el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar) coincidieron en que, efectivamente, se vulneró el proceso legislativo.
Los dos votos en contra, provenientes de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, argumentaron que faltaban motivos para invalidar el decreto.
B. – ¿Ya no habrá Reforma Electoral?
Hasta el momento, la Suprema Corte sólo invalidó el primer paquete de reformas del Plan B. Es decir, las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta el momento, aún están vigentes los cambios a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, aunque la Corte lo discutirá en próximas sesiones.
Sin embargo, si se sigue el mismo criterio con el que el pleno discutió hoy el primer paquete, es probable que esta segunda parte también sea declarada inconstitucional.
Para volver a impulsar la Reforma Electoral, la bancada de Morena y aliados en el poder legislativo tienen que esperar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, el cual inicia en septiembre de este año. Sin embargo, debido a que en esas fechas inicia el proceso de sucesión presidencial, el poder legislativo no podrá discutir estas modificaciones.
La siguiente oportunidad para impulsar la Reforma Electoral sería hasta el 2024, con un Congreso renovado.
No obstante, aunque la invalidez constitucional del Plan B representa un «triunfo» para la oposición, en realidad, el fondo de la reforma se mantuvo intacto, y el sistema que permitió a Morena ganar la mayoría general en el Congreso sigue vigente.
Por otro lado, la sentencia de la Corte no determinó reponer el proceso, por lo que de seguir con sus aspiraciones de la Reforma Electoral, el Ejecutivo puede volver a enviar una propuesta al legislativo e iniciar un nuevo proceso. A la vez, de seguir con la mayoría en el legislativo, Morena y aliados podrán volver a impulsar estas modificaciones secundarias.
La reforma electoral propone, entre otras cosas: la compactación del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs). Así como la desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la eliminación de fideicomisos del INE.
También reduce el financiamiento público de los partidos políticos.
C. – ¿Un Plan C?
Después de la resolución de la Corte, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, anunció en su cuenta de twitter que el poder Ejecutivo ahora implementará un Plan C para reformar el sistema electoral mexicano.
De acuerdo con lo que ha adelantado el funcionario, así como el presidente López Obrador, este plan consistiría en volcar a la militancia de Morena votar a todos sus candidatos en el próximo proceso electoral. Este proceso será el que renovará el congreso y la presidencia en 2024.
Su objetivo: alcanzar la mayoría absoluta y calificada en el poder legislativo para impulsar cambios y reformas constitucionales, así como a leyes secundarias.
Esta estrategia es la misma que se ha adelantado para impulsar el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. La Corte también lo declaró inconstitucional.
Esta estrategia, en realidad, fue la primera que impulsó la presidencia, cuando envió una propuesta de reforma al artículo 35 constitucional para reestructurar el sistema electoral mexicano. La propuesta la envió en noviembre de 2022.
Ese era el Plan A.
En ese entonces, la iniciativa presidencial no pasó en la Cámara de diputados, pues para reformar la constitución se requiere la aprobación de 3/4 partes de la Cámara. Es decir, la mayoría calificada.
Morena y sus partidos aliados no cuentan con esos curules.
Posteriormente vino el Plan B, que es el que reformó leyes secundarias en materia electoral, y que ahora, en su primer paquete, invalidó la Suprema Corte.
Ahora, vendrá el Plan C.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
