La expresión más violenta de esta guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación es el reclutamiento forzado y el secuestro y desaparición de personas. De 2022 a la fecha hay 59 denuncias penales, según las fichas de búsqueda de la Fiscalía de Justicia
Por Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Chiapas- La mañana del viernes 26 de mayo, pobladores de la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala vieron que no solo no paraban los enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada que se disputan el control de la zona, sino que se estaban llevando a sus jóvenes para obligarlos a participar.
Desde días antes las detonaciones constantes llegaban a sus hogares localizados en al menos una docena de comunidades rurales del municipio Frontera Comalapa, y se extendieron hacia Mazapa de Madero y Chicomuselo, todos colindantes con la frontera con Guatemala.
En un primer momento se encerraron en sus hogares, como lo han hecho en ocasiones anteriores desde que en julio de 2021, los carteles de la droga -que ahora se sabe por las amenazas directas, mensajes y pintas que van dejando, son el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Sinaloa- iniciaron confrontaciones armadas.
Algunos pobladores tomaron de manera tímida imágenes que permiten ver el poderío de los grupos criminales, se trata de camionetas adaptadas con placas de metal para crear un caparazón desde cuyo interior instalaron metralletas y artefactos explosivos que van lanzando. Para completar el remedo de los tanques de guerra, las camionetas están pintadas de color verde olivo.
Por las calles y terracerías de la zona fronteriza estos vehículos se han ido persiguiendo, mientras se escuchan ráfagas constantes, explosiones, y en las principales vías de comunicación, queman vehículos que colocan como retenes.
“Yo no sé si son de un grupo o de otro, de una comunidad o de otra”, comentó mediante un mensaje, uno de los pobladores que a través de esta vía pidió ayuda a reporteros para dar a conocer lo que está pasando.
“Por favor, yo no sé si usted podría avisar al ejército que vengan, porque en las comunidades Candelaria y Lajerío se llevaron a los muchachos, los sacaron de sus casas y los tienen en una bodega donde les están obligando a agarrar armas”, explicó otro habitante de la zona.
En el último mensaje, que alcanzó a enviar el viernes al amanecer, dijo que habían decidido abandonar sus hogares.
En una imagen que también enviaron por mensaje, se ve un cuerpo tirado en el camino que comunica hacia el municipio de Comitán. Se trata de un hombre que está al lado de una motocicleta. Explican que el cuerpo tiene más de un día tirado en el lugar, pero que nadie se atreve a salir a recogerlo.
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“No podemos salir, no hay alimento suficiente“
Durante el viernes apenas amaneció, echaron en bolsas de plástico, mochilas o morraletas, algunas de sus pertenencias; los que tenían algún caballo subieron a sus hijos y personas de la tercera edad, y empezaron el camino hacia comunidades que creen pueden ser más seguras.
Para llegar a las comunidades a buscar refugio cruzaron un río y durante más de 8 horas caminaron entre matorrales y montañas, evitando los caminos principales donde pueden encontrarse con integrantes de los cárteles.
Este sábado por la mañana, un poblador de una comunidad que pide no se diga cuál es, mediante mensaje telefónico avisó a organizaciones de la sociedad civil que a este lugar llegaron alrededor de 350 personas.
Son cientos de personas que han llegado a refugiarse, son familias enteras, niños y niñas, personas mayores y mujeres dentro de ellas muchas embarazadas, algunos enfermos, buscando dónde salvaguardarse de la violencia. La población civil consciente de (nombre de la comunidad) se ha organizado para brindarles alimentos y hospedaje, pero en este momento temen por sus vidas al estar brindado este tipo de ayuda”, explica.
El temor ahora es que a la comunidad de refugio lleguen los integrantes de los grupos criminales a masacrarlos o a llevarse a los jóvenes para obligarlos a participar en los enfrentamientos.
“Toda esta gente son personas que nada tiene que ver con el conflicto, gente inocente que solo está buscando salvar su vida en medio de la balacera (…) La mayoría son personas que vienen huyendo de las localidades de Nueva independencia conocida como Lajerío, Nueva Libertad, 24 de Febrero”, explica.
A pesar de que el gobierno del estado tiene conocimiento de estos hechos, hasta ahora no ha llegado ningún tipo de ayuda por parte del gobierno para estas personas que se encuentran refugiadas y que muchas de ellas requieren atención. De igual manera reportan que en otras localidades se encuentra brindando ayuda a la gente refugiada desplazada de sus comunidades”.
“Insisto, la preocupación de quienes están brindando ayuda (es que) temen que sean agredidos por estar ayudando a la gente refugiada que nada tiene que ver con el conflicto entre ambos grupos”, insiste, y pide que su mensaje llegue a las autoridades para que intervengan y detengan la violencia.
“No podemos salir, no hay alimento suficiente. Por su medio pida, por favor, que lleguen los gobiernos porque acá pueden venir a matarnos a todos”, explica por su parte un habitante de la cabecera municipal de Frontera Comalapa.
-¿Hay presencia del Ejército mexicano?- pregunto a distintas personas que mandan mensajes.
La respuesta en todas las ocasiones ha sido que no, que los policías municipales se escondieron, que el gobierno de Chiapas no ha respondido a sus llamadas, y que “los del Ejército no han venido”.
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Secuestros y desapariciones
El 27 de abril pasado, en el ejido Sinaloa del municipio Frontera Comalapa, el agente ejidal Roberto Gómez Hernández y sus hijos Aric Adonai Gómez Cruz y Josefa Gómez Cruz, fueron secuestrados por un grupo de personas armadas, a quienes la población del lugar identifica como integrantes de uno de los cárteles de droga.
En este poblado de menos de mil habitantes han sido secuestradas y luego desaparecidas nueve personas, tres de ellos autoridades de la comunidad. Todo de septiembre de 2022 a la fecha, y todo por oponerse a que personas vinculadas con grupos del crimen organizado se asienten en la región, les quiten sus tierras y los recluten de manera forzada.
El primero fue Rolando Rodríguez Molares, comisariado ejidal, secuestrado y luego desaparecido. Siguieron Roberto Jiménez Hernández y luego Candelaria Hernández López. De las otras tres personas desaparecidas las familias no quisieron levantar denuncia penal porque tras ello venía su asesinato o su exilio, según narran familiares de los desaparecidos.
Pero en tres casos las familias sí iniciaron denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas; ninguna de ellas ha prosperado, ni porque la familia de uno de los desaparecidos acudió a la ciudad de México y logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente remitió a la familia con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien a su vez -según explicaron a la familia- pidió la carpeta de investigación a la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas y pidió se agilizara la investigación. Después de eso vino el silencio y nunca más de se comunicaron.
Los pobladores de este lugar saben quién es el autor intelectual de los secuestros, y también saben que gozan de impunidad, porque a solo 300 metros del poblado está un cuartel del Ejército Mexicano.
Este señor participa en charreadas y es custodiado por militares (…) nosotros en el ejido vivimos como un Apocalipsis donde todo se va destruyendo, donde no sabemos que hacer“.
Quienes tienen familiares en otro lugar se han ido, pero quienes no tienen donde huir se tienen que quedar y estar a expensas de lo que el Cártel diga”, explica una de las personas afectadas.
Carteles de Sinaloa y Jalisco disputan el control de la zona
Lo que sucede en el ejido Sinaloa es solo la punta del iceberg de la situación que viven los municipios ubicados en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde, desde mediados de 2021 el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se confrontaron por la disputan del control de esta zona.
La expresión más violenta de esta guerra entre cárteles es el reclutamiento forzado y el secuestro y desaparición de personas. Para este reportaje se hizo un recuento del número de personas que siguen desaparecidas en la región, de 2022 a la fecha hay 63 casos, y de estos en 59 los familiares hicieron las denuncias penales, según las fichas de búsqueda de la Fiscalía de Justicia.
De acuerdo a los datos de esta dependencia, en el municipio de Comitán hay 20 personas desaparecidas, en La Trinitaria 13, en Amatenango de la Frontera 5, en Chicomuselo una, y en Frontera Comalapa 24 desparecidos.
En dos de los casos se trata de mujeres, Josefa Gómez y Karla Johana Soto Ramírez de 30 años. Otro dato que destaca es que en 11 de los casos las personas desaparecidas son autoridades ejidales, y la edad promedio es de 33 años. En febrero de este año también desaparecieron en la carretera que va de La Trinitaria a Frontera Comalapa, los guatemaltecos Luis Alfredo Salmerón, Menfis Walberto Andrino Marroquín y Cesar Aroldo Castellanos; habían cruzado la frontera para comprar mercancía y no se les volvió a ver.
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La que violencia fue creciendo
Además de las 59 denuncias por desaparición forzada relacionada con la presencia de grupos del crimen organizado, la Fiscalía de Chiapas tiene al menos una docena más por homicidios cometidos en los caminos que comunican las comunidades de la zona fronteriza y por enfrentamientos que afectan a la población.
El nivel de violencia ha ido creciendo. En enero de 2022, a través de redes sociales, la misma población empezó a advertir de la presencia de retenes y asesinatos cometidos por grupos de personas que portan uniformes tipo militar y portan armas de grueso calibre, particularmente en la carretera que comunica Frontera Comalapa con la Trinitaria,
Es mucho el riesgo por las constantes balaceras y retenes que ponen los grupos armados (…) no pasen por la noche ni muy de mañana porque hay levantones y asesinatos que nadie investiga. Tanto en Comalapa como en La Trinitaria, no hay Guardia Nacional ni militares, mucho menos autoridad municipal que pueda cuidar nuestra seguridad”, señalan alertas que coloca la población de la zona.
Incluso, el 15 de enero de este año habitantes de Frontera Comalapa publicaron un video donde supuestos pobladores vinculados a uno de los Cárteles, desalojan del municipio una base de la Guardia Nacional ubicada en San Gregorio Chamic, y corren a los uniformados e hirieron a uno.
La población de la zona se ha ido armado de valor para denunciar los hechos, incluso los habitantes del ejido Nueva Libertad se manifestaron en la capital de Chiapas en marzo pasado, para denunciar la situación que están viviendo.
Antes, en abril de 2022, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) suspendió el proceso electoral extraordinario que se iba a celebrar en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, por la “falta de condiciones de seguridad”.
Es decir, desde hace al menos dos años las fiscalías de Justicia estatal y federal tienen en su poder denuncias penales que le permitirían solicitar al Poder Judicial acciones a los cuerpos de seguridad del Estado, para proteger a la población.
Esto no ha sucedido y desde el pasado miércoles, la violencia en la zona detonó con mayor estruendo cuando integrantes de los dos cárteles se volvieron a confrontar a su paso se llevaron de manera forzada a al menos una decena de jóvenes a los que, según sus familiares, los están obligando a participar en su disputa, lo que también ha provocado que familias estén tratando de huir en medio de los disparos.
Localidades atrapadas
En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército Mexicano; en el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa está uno más de la Guardia Nacional; y en el municipio de Chicomuselo está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas; frente a estos lugares ubicados en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, durante los últimos cinco días, integrantes de los cárteles de la droga han transitado a bordo de camionetas artilladas, en el marco de los enfrentamientos que sostienen grupos rivales que han dejado un saldo de reclutamiento forzado de hombres y el asesinato de habitantes de la zona.
Lo anterior ha sido denunciado por la población atrapada en las localidades afectadas, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos, la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), habitantes de barrios, ejidos, autoridades comunitarias y pueblos de la región, exigieron al gobierno mexicano aplique medidas para garantizar la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y La Trinitaria.
Imposible el acceso
Acceder a la zona donde desde el 25 de marzo grupos rivales del crimen organizado mantienen enfrentamientos por el control de la zona -algunos pobladores refieren que desde el 22- ha sido imposible, porque convoyes de personas armadas a bordo de camionetas y vehículos artillados que ellos mismos llaman “mounstros”, recorren la región.
Un número indeterminado de pobladores han abandonado sus hogares porque en el marco de la disputa entre cárteles han secuestrado a hombres de las localidades para obligarlos a participar en los enfrentamientos; tampoco hay certeza de a cuántas personas han asesinadas en estos días, aunque testimonios refieren que hay varios jóvenes y mujeres en esa situación.
Escenarios de guerra
Este domingo, habitantes de la región fronteriza enviaron un comunicado a través de organizaciones humanitarias, donde refieren que los grupos armados están usando drones con explosivos y armas de alto calibre.
El Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que de acuerdo a personas que han solicitado ayuda, este domingo siguen los desplazamientos forzados y pobladores continúan buscando albergues provisionales; “otros llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro”.
“También nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo”, situación que considera el Frayba son escenarios de guerra que se ha prolongado durante meses en esta región.
La Red Todos los Derechos para Todos y Todas también señaló en un comunicado que la población en la zona ha vivido robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos.
En este contexto, maestros de Sección 40 del SNTE exigieron a los distintos niveles de gobierno que garantice las condiciones para salvaguardar la seguridad de todos los maestros, alumnos y de la población.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, exigieron al Estado mexicano y las autoridades correspondientes que intervengan de manera urgente para frenar la violencia y el terror que se viven en la región fronteriza de Chiapas.
Detallaron el número de destacamentos militares que hay en la región, y que no han intervenido aún cuando los grupos armados pasan frente a sus cuarteles.
“Hacemos responsable al Estado mexicano de las consecuencias que se están presentando por su omisión”, advirtieron.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Chiapas Paralelo que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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