Si bien la Ley 3 de 3 se recibió con vítores y aplausos no se puede negar su carácter eminentemente político… No es difícil predecir el escrutinio y la malversación que oponentes en la contienda electoral harán de esta ley, hurgando en aspectos personales de posibles candidatos
Por Mariela Castro Flores
Tw / IG: @MarieLouSalomé
El pasado 17 de mayo junto a los estados de Yucatán, Durango y Zacatecas, Chihuahua se unió a la serie de aprobaciones en el Congreso de la Ley 3 de 3, que se promovió en todo el territorio nacional con el hashtag #NingúnAgresorAlPoder seguido de Guanajuato, Guerrero y Chiapas y que en su totalidad sumaron 19 Congresos que respaldan esta ley; lo que vino a representar un hito importante ya que, se requerían 17 para reformar los artículos 38° y 102° Constitucionales en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público.
El objetivo de la reforma es establecer que para poder contender a un puesto público de elección popular o ser nombrado funcionario público en cualquiera de los 3 niveles de gobierno o de los 3 poderes de la Unión, la persona no debe contar con sentencia definitiva por violencia sexual, violencia de género (sexual, familiar, política, psicológica, física, vicaria, etc) o ser deudor alimentario; lo que desde luego, ha levantado olas por tener amplias filas de detractores -todos hombres en el poder- por lo que les supone ser sujetos de eventual escrutinio en sus responsabilidades parentales.
Es sabido que la aprobación de una ley no es suficiente para que ésta surta efectos, en ese sentido, la lucha sigue para construir rutas críticas de actuación y protocolos para que la autoridad le reconozca y la aplique; nuevamente, como dediqué en una anterior colaboración en este mismo espacio, en nuestro estado existe ya la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua que fue aprobada hace aproximadamente dos años y que viene a complementar y dar soporte a esta nueva, puesto que el padrón ya recibe registro de deudores o morosos alimentarios.
Si bien la aprobación se recibió con vítores y aplausos no se puede negar su carácter eminentemente político. Contender por un puesto público, aspirar a ser parte de la administración pública o avanzar en el servicio público profesional exige cierto perfil íntimamente asociado a grupos de poder o partidos políticos; si bien es necesaria la solvencia moral para tener el absoluto merecimiento de la representación para ostentar o ejercer representación del Estado que en todo caso trata de reivindicar derechos humanos a través del buen gobierno, ¿qué tanto se despojarán los varones representantes de la autoridad de las complicidades que se tejen desde el poder para negar derechos a las mujeres? Sobre todo, cuando éstas tienen que ver con dilatar denuncias o disipar sus efectos. Perro no come perro, suele decirse.
Tampoco se puede perder de vista que la cercanía del proceso electoral complejiza aún más la legitimidad que la recién reforma legislativa posee como implicación. No es difícil predecir el escrutinio y la malversación que oponentes en la contienda electoral harán de esta ley, hurgando en aspectos personales de posibles candidatos. Y no es que se trate de ponerlos a buen resguardo si son agresores o deudores morosos alimentarios, -si lo son, habrá que denunciarlos- sino que la perversidad lleve en buena medida a ser instrumentalizada con fines distintos a los que fue creada; porque la verdad sea dicha, a la mayoría de la clase política no le importan las mujeres y es que, si tenemos derechos, es porque nos hemos organizado por décadas para conquistarlos.
Ejemplos de lo anterior, existen. Como el de la violencia política en razón de género que, instrumentalmente ha beneficiado solo unas cuantas; como es el caso de la gobernadora que ha ganado varias denuncias interpuestas en tribunales; de ahí en más, solo un par de senadoras. Las instituciones siguen negadas a reconocer o encontrar forma de lograr impartir justicia y generar acceso para las mujeres en el escenario político, para que puedan tener espacios seguros en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Las de abajo, las militantes, las de a ras de suelo, las que caminan las calles, las que conforman las filas en los mítines, las candidatas a las que se les niegan los presupuestos y recursos económicos y humanos si es que ostentan un puesto al interior de su partido o para sus campañas, a las que en las discusiones y debates las mandan a callar y no se les otorga espacio ni representación en sus institutos políticos o candidatura si no tienen un grupo político que les respalde -dirigido por un hombre- y si adquieren relevancia pública, son exhibidas por cuestiones de carácter meramente personal, ellas no han tenido oportunidad ni modo de denunciar y si lo hacen, de ser escuchadas y atendidas.
Como si la violencia política solo fuera sancionable y viable de resolución para unas cuantas, mientras que la mayoría que participa en cualquier organización política, la padece.
Ojalá la ley 3 de 3 no se convierta en eso.
En solo eso, en un bate para golpear a adversarios políticos en vez de procurar justicia y aminorar la violencia contra las mujeres.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
