Martín Orquiz
“Estamos todos ustedes fregados” es un dicho plagado de sarcasmo que escuché hace muchos años y, por desgracia, lo aplico casi a diario al observar las variadas situaciones que impactan de forma negativa al pueblo mexicano, que no son pocas ni de baja trascendencia.
La corrupción, por supuesto, es uno de los temas más frecuentes, aunque salta a la opinión pública sólo en señalamientos, muy pocas veces la información detalla que haya castigo para quien cometió actos en agravio de recursos públicos o afectó a personas desde cargos públicos, aunque también ocurren en el ámbito privado.
Sabemos que la corrupción, así con sus 10 letras, no está determinada como un delito en sí, aunque hay otras conductas antisociales castigadas legalmente que se relacionan con la definición de ese concepto, que para la Secretaría de la Función Pública mexicana consiste en el abuso del poder para beneficio propio y la clasifica entres categorías: a gran escala, menor y política.
La corrupción a gran escala –se explica en la página electrónica www.gob.mx –consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Los actos menores son definidos como el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes que intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos; los políticos se refieren a la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas.
Pero, como dijimos, en México la corrupción por sí misma no está considerada como delito, sino que los funcionarios públicos que cometen actos que se identifican con ese término pueden ser imputados por cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
“Estamos todos ustedes fregados” aplica, desde mi perspectiva, cuando los ciudadanos observamos que los servidores públicos asumen esas actitudes y no pasa nada.
Tan no pasada nada, que actos de megacorrupción, o a gran escala como define la Función Pública mexicana, tienen que ser detectados desde Estados Unidos, porque al parecer aquí nadie –que pudiera hacer algo al respecto – se dio cuenta de lo que está pasando.
Me refiero al caso del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quienes fueron etiquetados por autoridades de ese país como “narcotraficantes significativos” que cometieron actos de corrupción y porque – al parecer– tienen lazos con los grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación y “Los Cuinis”.
Ambos quedaron sujetos a sanciones financieras y a confiscación de bienes y propiedades a través de acciones implementadas por el Departamento del Tesoro estadunidense, por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros.
El ex gobernador es señalado por participar en hechos de corrupción como apropiación indebida de activos estatales y aceptar sobornos, mientras que el magistrado actuó a favor de ambas organizaciones criminales y también recibió dinero de sus integrantes.
Luego que Estados Unidos dio a conocer tal información en México se hizo lo propio, aunque sin mencionar los nombres de los involucrados. Seguramente para proteger sus derechos humanos.
En la comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo se menciona que se congelaron cuentas bancarias a “un magistrado federal, un abogado ligado a un grupo criminal, dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un exgobernador, entre otros”.
Por supuesto, y creo que usted ya lo habrá deducido, es una investigación conjunta entre ambos gobiernos porque, nos dice la experiencia, el mexicano rara vez encara este tipo de situaciones solito.
Otro caso domiciliado también en Nayarit, este si armado por autoridades mexicanas, nos muestra el nivel de corrupción que se maneja y los alcances de las afectaciones, luego que exjueces fueron acusados de fraude contra miles de derechohabientes del Infonavit en ese estado, así como en Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
El pasado fin de semana fue detenido bajo ese cargo el exjuez de primera instancia en Compostela, Nayarit, Mario Alberto Cervera López.
Él y otros juzgadores llevaron juicios simulados, a través de los cuáles miles de personas perdieron sus hogares, establecen las investigaciones hechas por la Fiscalía estatal de esa entidad.
Entre 2013 y 2018 un despacho particular tramitó juicios contra miles de demandados, usando constancias falsas y sin notificaciones o emplazamientos que concluyeron en sentencias con las que el Infonavit “recuperó” las viviendas.
Por situaciones como las expuestas, y tal vez usted se identifique también, casi cada día pienso que “estamos todos ustedes fregados”. Es difícil evitar hacerlo.
