Ahora me interesa abordar el papel de un ingrediente que al no haberse tomado en cuenta por el poder presidencial, exhibe los barruntos de un naufragio. Esa ausencia tiene que ver con el derecho, o mejor dicho, con desprecio del mismo
Por Jaime García Chávez
Las elecciones generales de 2024, presidencial y de Congreso de la Unión, serán piezas fundamentales para valorar el largo y acompasado proceso transicional en México. Será el momento del balance concluyente de toda una etapa durante la cual aspiramos a dejar atrás un régimen autoritario, para iniciar el complejo proceso hacia la consolidación democrática.
Por experiencia de otros países y brillantes investigaciones, sabemos que estas transformaciones del Estado no desembocan mecánicamente en el puerto que se pretendía y que todo podía pasar, incluida la circunstancia del fracaso, la regresión o que buscando la democracia se caía en lo mismo, o algo peor, como estamos viendo con la Cuatroté de la que no deja de hablar López Obrador, su candidata Claudia Sheinbaum, y el mazacote llamado Morena.
Para las conclusiones, pienso que hay que marcar ese tiempo de espera. Ahora me interesa abordar el papel de un ingrediente que al no haberse tomado en cuenta por el poder presidencial, exhibe los barruntos de un naufragio. Esa ausencia tiene que ver con el derecho, o mejor dicho, con desprecio del mismo.
El reclamo democrático en nuestro país siempre fue acompañado de pronunciamientos y exigencias al poder para que cumpliera a cabalidad la Constitución y sus declaraciones progresistas, hasta un más decantado proyecto, sustentado en los derechos humanos y en lo que ahora se denomina Estado constitucional de derecho.
Coagulada la transición en proyectos de poder con base en una partidocracia que naufragó en 2018, el importante papel del derecho se negligió, y lo más grave, al instalarse López Obrador en la Presidencia, desplegó un discurso polarizante, emplazando un fuerte anhelo de instaurar una hegemonía presidencial, similar a la del Porfiriato y a la del PRI, con una característica autocrática inocultable. En ese mar convulso, el derecho pasó a segundo o ulterior término. Llegó el tiempo del postulado de “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”, y he aquí que estamos varados.
En la escena pública de este momento, tenemos hechos que abonan para observar muy bien lo que puede ser el peligro que nos amenaza. Los enumero sin prelación de importancia:
Alejandro Encinas prefirió una salida prototípica de un político, a encarar hasta el límite final del sexenio, el proceso de la militarización de que fue presa; no se atrevió a rendir cuentas de su confrontación con las Fuerzas Armadas, y dejó pendiente la importante encomienda conexa, estrechamente, a la agenda derechohumanista que se reclama en el país. Todo parece indicar que Encinas, parafraseando al Quijote, se topó con el cuartel, y de paso quedó inconcluso, nuevamente, el caso Ayotzinapa. Es un tema que quiero tratar a mayor detalle en otra oportunidad.
Luego, se ha cumplido la crónica muy anunciada del fracaso total de la señora María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, con la renuncia de todo el Consejo Consultivo de la institución, y por causas suficientes para abochornar a cualquiera. La hija de la histórica Rosario Ibarra de Piedra no dio el ancho, y de paso se estropeó el derecho.
Igual sucede con la reciente renuncia de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, sustituida, sin consulta, claridad y revisión de perfiles adecuados, por Teresa Guadalupe Reyes, a la que además se la han fincado cargos por corrupción, y se le adosa una militancia morenista que pesó mucho para su nombramiento. El reclamo que se ha hecho al respecto por el Consejo Nacional Ciudadano, es para pedir que se reconsidere el proceso electivo, porque está mal hecho y no representa el sentir de víctimas de desapariciones forzadas y demás. Con esto de nuevo perdió el derecho.
Por último, está el conflicto entre poderes donde se han empleado indebidos dardos envenenados de venganza contra el Poder Judicial de la Federación, como institución básica de la república. Aquí tenemos un hecho nunca visto: este poder básico está en paro, con sus empleados en las calles, protestando contra la arrogancia del poder presidencial y un Congreso de la Unión que se ha convertido en obediente cretino a las órdenes del Ejecutivo, alérgico a todo lo que signifique división de poderes y el funcionamiento de balanzas y contrapesos en el ejercicio del poder. El derecho, una vez más, es el que sufre el daño mayor.
No es que me empeñe en escribir sobre el derecho como un inasible ideal, mucho menos convertirlo en una entelequia. Pienso, por ejemplo, en esa visión avanzada que postula el “derecho dúctil”, que desvanece en favor de todos los ciudadanos y las personas la idea de una soberanía estatal, encarnada en una especie de monarca sexenal, con pretensiones de tornarse en hombre fuerte de México para postular enfáticamente la soberanía de sí, pero nunca lo deseable que es la soberanía de la Constitución.
Por eso, en el Índice Global de Estado de Derecho, establecido por el World Justice Project, vamos en caída libre, lo que me permite decir que lejos estamos de una sólida transición democrática, y se ha quedado abajo el enorme papel que el derecho puede jugar.
Es grave que las mismas canciones que canta López Obrador, sean las que entona la fuerte candidata Claudia Sheinbaum. Hablo de un derecho que debemos cuidar todos.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
