En los últimos seis años, 19 mujeres acudieron a pedir asesoría por casos de hostigamiento y 11 procedieron a formalizar una queja ante autoridades de la UACJ; no todos los casos se hacen públicos o trascienden los muros de los campus como denuncias penales, advierten
Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua – En medio de una clase de microeconomía, el maestro de Sonia desvió el tema para hablar de páginas en internet donde las personas casadas se registran para buscar otras parejas y concluyó su comentario con una propuesta dirigida a ella: ¿qué te parece si tú y yo nos inscribimos… y somos amantes?
“No, no me parece, le respondí” dice la alumna, una mujer de más de 40 que decidió iniciar sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), varios años después de casada y con sus hijos adolescentes.
Recuerda que el docente siempre le hacía comentarios sexistas: “eres una señora, se ve que te hace falta vida sexual”. Se me llegó acercar solo para recomendarme que viera películas pornográficas “porque son muy excitantes”, narra la estudiante de la carrera de Economía, cuyo nombre se cambió por su seguridad.
Así aguantó un semestre “porque decían era amigo del director” y temía que no pasara nada, pero dice que no soportó el segundo semestre con él como su maestro. Se armó de valor y lo denunció.
Su caso es uno de los 11 en el que alumnas o maestras de la UACJ concretaron una denuncia por acoso y hostigamiento sexual ante los órganos internos de esa institución de educación superior, en los últimos seis años transcurridos. La mayoría de ellos fueron contra docentes, aunque también se acusaron a empleados administrativos y alumnos, revelan los datos oficiales.
Así, el acoso y la violencia sexual en la UACJ poco a poco dejó de ser un tema abordado entre susurros de pasillos para emerger con acusaciones que comienzan a dimensionar el fenómeno en territorio universitario.
Tal fue el caso de Sonia. Ella presentó su denuncia por escrito a la dirección de su instituto académico porque así se lo pidieron las autoridades universitarias. Luego la dieron de baja de esa clase para que evitara contacto con el maestro. A él lo dejaron terminar el semestre (agosto-diciembre del 2016), luego le dieron un año sabático y al regresar le cambiaron sus clases a la carrera de Finanzas.
La alumna tuvo que iniciar de nuevo la materia y se atrasó un semestre. “Me hubiera gustado que lo corrieran, no fui la única que lo denunció”.
En lo que va de esta administración – encabezada por el rector Juan Camargo Nassar – nadie se ha acercado a pedir asesoría o poner una queja de esa naturaleza, asegura Adrián Uribe, quien encabeza actualmente la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACJ.
De situaciones incomodas a agresiones
Sin embargo, no todas las situaciones de violencia sexual en el ámbito universitario se concretan en quejas formales o denuncias ante autoridades de la propia institución y menos se hacen públicas o trascienden los muros de los campus como denuncias penales.
En los últimos dos años, nueve alumnas buscaron asesoría en la Defensoría sobre casos de violencia sexual provocada por maestros o compañeros de aulas.
Esa cifra fue más del doble de la cantidad de personas que se acercaron por el mismo motivo a esa instancia universitaria entre el 2016 y 2017 cuando sumaron cuatro, revelan datos oficiales publicados por ese órgano de la UACJ, encargado de velar por el respeto de los derechos humanos y universitarios.
Antes, seis personas acudieron por el mismo motivo entre 2013 y el 2016, se revela en los informes públicos de la Defensoría, encabezada hasta finales del 2018 por Víctor Orozco.
Esos números se manejan paralelos a los 11 casos de mujeres que lograron concretar una denuncia por agresión sexual ante los órganos internos de la institución de educación superior. No se sabe si estas provienen de esas asesorías solicitadas a la Defensoría ni tampoco hay información oficial sobre las consecuencias que tuvieron esas acusaciones formales ante los Consejo de la institución, extraoficialmente se menciona la suspensión de docentes o su cambio de carrera.
Esto ocurrió en el caso de Sonia. Ella dice que lo único que buscó fue ya no tener como su maestro al docente que le impartía la clase de microeconomía y la hostigaba sexualmente.
Comenta que se enteró que un semestre antes una alumna de su carrera también acuso al mismo maestro por acoso, pero en ese entonces a ella la expulsaron.
No menciona el nombre del docente porque, dice, su denuncia no fue pública.
Patricia Hernández, docente e investigadora de la UACJ experta en el tema, comenta que el hostigamiento y el acoso sexual se presentan en una relación que suele ser muy compleja y ambigua, en la mayoría de los casos ni la víctima tienen interés en que trascienda públicamente.
Un protocolo, el desafío
Ambos casos son algo de lo que no se habla abiertamente y se dan a conocer cuando emergen los casos como escándalos, dice Hernández, docente quien encabeza la realización de un diagnóstico del fenómeno en la universidad.
Se manifiestan públicamente cuando llegan a los medios de comunicación, como ocurrió en el caso reciente de cuatro maestros de la UACJ acusados de violación por una de sus compañeras.
Hernández asegura que no todos los casos se denuncian ni llegan vía la Defensoría, unos se presentan directamente ante los Consejos de la institución.
Por esa razón aún no hay un panorama completo del fenómeno en el terreno universitario. Hay información dispersa.
Desde enero, en la institución se inició un diagnóstico con aplicación de encuestas, en todos los campus – incluidos los de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc –, así como grupos de discusión y foros, explica Hernández quien participa en la construcción de una agenda de género universitaria.
Menciona que un grupo de investigadoras de la UACJ considera que es posible establecer una regulación legal para el ámbito universitario, que prevenga, prohíba y sancione tanto el acoso como el hostigamiento sexual.
Para ello se realiza un diagnóstico para conocer las formas que adquiere la violencia sexual contra las mujeres en el espacio universitario, donde las interacciones son diversas y no se circunscriben únicamente a las relaciones docentes-estudiantes, también se presenta entre maestros y maestras, empleados (as) administrativos y funcionarios (as), empleados y empleadas del área de intendencia, entre otros, dice.
Mientras esto ocurre, el colectivo Uni Unida realiza su propio esfuerzo para conocer la dimensión del hostigamiento y acoso en la universidad.
“Uni Unida convoca a todos y todas las estudiantes que hayan sido víctimas de agresiones sexuales y acoso docente dentro del ámbito universitario que quieran denunciar y luchar políticamente sus demandas desde nuestra agrupación de estudiantes, estaremos abiertos a organizarnos. Nos necesitamos para hacer un cambio” se lanzó a través de sus redes sociales.
La docente estudiosa de esta problemática menciona que durante el paro activo que realizaron hace un par de meses – en abril pasado – la comunidad universitaria de la UACJ dejó muy claro que es prioridad garantizar una universidad libre de violencia y ha señalado también como prácticas inadmisibles el hostigamiento y el acoso sexual.
Se exige un protocolo ante una acusación y pare el seguimiento a estos casos.
El defensor de los Derechos Universitarios dice que hay un método a seguir en caso de una queja. Ésta se recibe y se programa una reunión con las partes involucradas para conocer los hechos y analizar si se toman medidas cautelares.
Si la queja se ratifica, se pone a consideración de las autoridades universitarias, es decir a los Consejos Técnico o Académico. Ellos resuelven. Son quienes pueden sancionar, asegura el ombudsman de la UACJ.
Sobre las medidas cautelares que pueden tomar, menciona, que para proteger a la víctima de acoso se brinda atención psicológica o se realizan cambios en sus actividades.
Hernández menciona que el desafío es tener un protocolo de atención al acoso y al hostigamiento sexual que sea conocido por todos en la universidad.
Aunque advierte que éste no terminará con el sexismo que permea las instituciones de educación superior.
Lo que sí puede hacer es garantizar la atención psicológica y el acompañamiento legal que es derecho de las víctimas; un debido proceso para las partes involucradas; el establecimiento de sanciones que correspondan a la falta cometida; incluso la enunciación colectiva de formas de reparación del daño en el espacio universitario, dice y lo afirma en su reciente artículo para La Verdad, que denominó ‘Hostigamiento y acoso sexual en el espacio universitario: empecemos por nombrarlo’
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