La investigadora universitaria Martha Aurelia Dena señala que la problemática no se mitiga ni como problema social, debido a que se combate con acciones públicas diseñadas sin tomar en cuenta la prevención ni los patrones del delito en las distintas regiones del país
Fernando Aguilar
La Verdad
Ciudad Juárez –En seis años, ni siquiera una cuarta parte de las personas identificadas oficialmente como víctimas de trata de personas en el país, en cualquiera de las modalidades de este delito, lograron conseguir justicia.
De acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, entre 2012 y 2017, las procuradurías y fiscalías generales de los estados, tanto en el ámbito local como en el federal, identificaron a 5 mil 245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas.
De ese total, solo 790 víctimas lograron una sentencia condenatoria en sus casos, lo que equivale apenas al 15 por ciento de todas, se desprende del diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Este es tan sólo uno de los datos que ayudan a dimensionar el tamaño de la problemática de la trata de personas en México, que en opinión de la profesora universitaria Martha Aurelia Dena Ornelas “ni siquiera logra mitigarse como problema social”.
Luego de poco más de tres años de trabajo en una tesis doctoral sobre el tema –recientemente galardonada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– el diagnóstico de la doctora en Ciencias Sociales es contundente: la política pública que debería combatir este delito tiene fallas de origen.
La Verdad presenta la siguiente entrevista donde Dena Ornelas comparte los hallazgos que hizo tras la elaboración de esta tesis de corte cualitativo que lleva por título “El Epicentro del Dolor: La Trata Sexual de Adolescentes en Chihuahua”.
–¿Qué diagnóstico tiene sobre el fenómeno de la trata sexual de personas en la actualidad?
Podría comentar que estoy ubicada en una generación a la que le tocó ver que ese problema en Ciudad Juárez y en Chihuahua desde hace 25 años. Que no ha parado, que no ha cesado. Que ni siquiera logra mitigarse como problema social y que, cuando uno prende las noticias, escucha el clamor de los padres de familia pidiendo una respuesta de qué pasó con sus hijas que salieron de su casa y nunca regresaron. Es un tema que a uno le genera sensibilidad social respecto de los problemas de la comunidad y decidí optar por ese tema para realizar y construir mi tesis de doctorado.
–¿Con qué reflexiones se queda tras la elaboración de esta investigación?
Durante el trayecto de la construcción de esta tesis, que fue exactamente tres años, el trabajo que hice fue una exploración de un acercamiento con el fenómeno social en sí y luego una correlación de esos hallazgos con el contenido de la política pública en materia de trata de personas, que es una política pública de orden federal. Tomé los instrumentos de esa política pública, que es lo que postula la Comisión Intersecretarial, lo que señala el Programa Nacional, y el contenido de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y la Atención a Víctimas de esos delitos. Hicimos el análisis de esos instrumentos en correlación con los hallazgos encontrados.
Algo bien interesante que hay que puntualizar es que una de las situaciones específicas que señalo es que tenemos un problema de diseño respecto de la propia política pública. Cuando uno lee todos esos instrumentos y demás antecedentes, y demás ordenamientos y tratados de los que México es parte en materia de derechos humanos y de lucha en contra de la violencia de género, uno logra encontrar que sigue existiendo un problema tan lacerante como este, porque atenta contra la dignidad de la persona, contra la vida misma de las personas.
Pero sobre todo encontramos, en el problema de diseño, que toma esta política pública los datos específicos de ciertas entidades del país, como si el patrón de los casos que suceden, por ejemplo, en algunas comunidades de Tlaxcala fuesen el patrón que se repite en toda la República Mexicana. Y no es así. En el caso de Chihuahua hay patrones distintos, específicos, características contextuales que se salen de ese patrón que la propia política pública asume como que es la forma y los mecanismos en los que funciona la trata para todo el país. Eso no es cierto. Por eso señalo que hay un problema de diseño y puntualizo la necesidad de que la entidad, en el caso de Chihuahua, tome, sí, los parámetros generales de esa política pública, pero regionalice la política pública con las características contextuales específicas del estado de Chihuahua.
Otro punto interesante es que me parece que es más bien una política pública enfocada en las cuestiones reactivas y punitivas. Es decir, ya en la consumación del delito. Falta reforzar el trabajo desde la fase preventiva. Es decir, debemos construir una sociedad proactiva, con una mentalidad de prevención hacia las conductas delictivas. Y en México batallamos un tanto en esa parte.
–Concretamente, ¿qué fallas encuentra en la política pública en materia del combate a la trata de personas en Chihuahua?
En el caso de Chihuahua, no existe un programa preventivo específico en materia de trata de personas. Y esto es bien interesante y se vincula así con un problema de implementación de la política pública. Dentro de los ciclos que se dan de las políticas públicas, la implementación es importante. Ya se diseñó, ya se elaboró la política pública. Se tomaron las decisiones y ahora hay que aplicarlas e implementarlas a la realidad, a los casos reales, y luego ya después evaluar. Pero en la fase de la implementación, lo que puedo señalar en materia de trata de personas, es que no se cumple con varias de esas cosas que se postulan ahí para implementarse. Y una de esas cuestiones es que, como la propia Ley General sobre trata de personas, el Programa Nacional y la Comisión Intersecretarial así lo estipulan, debe existir en todos los estados de la República Mexicana una fiscalía especializada sobre trata de personas. Y refugios especializados para víctimas de trata de personas. Esto implica que haya una política criminal sobre trata de personas nada más, en cada uno de los estados. En Chihuahua no hay. Y que se tenga un recurso humano especializado en materia de trata de personas con los recursos humanos, financieros, administrativos, materiales, enfocados nada más efectivamente en el combate de la trata de personas. Y eso no sucede. Son pocas las entidades que tienen esta fiscalía. Me parece que Baja California sí la tiene. No sé cómo funciona, pero la tiene.
En el caso de Chihuahua, lo que existe es que la Fiscalía General del Estado tiene una Unidad de Violencia Contra la Familia y Trata de Personas, pero no es una fiscalía especializada en materia de trata de personas con cuerpos policiacos específicos para trata de personas, con ministerios públicos específicos para trata de personas. Ahí hay un problema en la implementación y un problema, incluso, en el cumplimiento de lo que mandata la propia Ley General en materia de trata. Es una ley general. Sí hay ahorita un esfuerzo importante en el estado de Chihuahua porque a partir de este año en febrero se instauró por primera vez el Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas. Pero al día de hoy, puedo también señalar que no existe un trabajo preventivo orientado específicamente en materia de trata de personas en ninguna de las modalidades.
–¿Qué experiencia tiene a partir del contacto con las víctimas de trata?
Durante las entrevistas que realicé, en los documentos que analicé como sentencias, testimoniales de víctimas vertidas en juicio ante autoridad judicial o ante autoridad ministerial, hay algunos medios de comunicación específicos que se mencionan ahí. Hay portales de internet, hay periódicos como PM, que se señalan, que sirven como mecanismos de captación y como mecanismos para ofertar el servicio sexual.
Me parece que ahí hay una escisión entre la realidad y lo que marca la propia política pública. Si es una disposición del programa general generar ese trabajo y acciones de monitoreo, no se está haciendo. Y si se está haciendo, se está generando impunidad respecto de esos medios de comunicación que promueven la propia actividad. Tengo un trabajo de investigación donde estamos profundizando en más casos porque revisé un cierto número de casos y cerré el trabajo de campo en 2018, en enero. Y de enero a la fecha sigue habiendo casos donde las víctimas señalan de viva voz a esos medios de comunicación. Es decir, esto sigue latente, sigue presente. Y eso es muy importante.
–Cuál es la trascendencia social y disciplinar de esta investigación?
Uno de los datos importantes (obtenidos a partir del estudio) es que, de la exploración de los casos a los que pude tener acceso, que fueron treinta víctimas, de esas víctimas, siete victimarios son sus mamás. Son sus propias madres, sus propias mamás las que toman a estas hijas y las llevan a los hoteles, a los moteles de la ciudad, a celebrarse ahí el acto sexual y cobrar por eso. La explotación sexual se da a partir de la relación familiar. Y eso es muy grave porque ¿cómo le hace el Estado para proteger a una menor cuando está viviendo en un hogar donde su vínculo inicial de protección, de cuidado, de amor es su mamá y su papá y, entonces, es su mamá la que decide someterla a la explotación sexual? Esos son retos bien importantes que le quedan ahí al propio gobierno de qué hacer frente a esas condiciones. ¿Cómo vamos ahora a proteger, o qué tenemos qué hacer para eso?
Y otro de los puntos interesantes es que en la tesis lo que se ofrece como parte de la recomendación es, con la utilización de la metodología de marco lógico, un programa preventivo. Y ahí está ofrecido en la tesis para si el gobierno lo quiere tomar como modelo o como punto de partida para reforzar un trabajo preventivo únicamente en materia de trata de personas con fines de explotación sexual. Pero además me parece que la tesis que construí ofrece un análisis donde se midieron los niveles de coherencia de la propia política pública con base en la teoría de algunos autores como Cejudo y Michel, que habla sobre la coherencia de las políticas públicas. Es decir: (saber si) los valores de la política pública realmente son los objetivos de esa política pública y si en la implementación se encuentra que se cumple con esos objetivos. El resultado es que a mí en las conclusiones me parece que lo mencioné como algo contundente: es un problema que no se ha logrado disminuir, mitigar. Y que se aborda más que nada en la fase reactiva y punitiva, pero no en la fase preventiva, que es donde tenemos que reforzar el trabajo como sociedad, como academia, como participación ciudadana, como gobierno. Todos los esfuerzos deben volcarse en una sola fuerza a partir de la prevención.
–¿Qué relevancia tiene esta investigación para las madres, los padres y las familias que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos?
La investigación tendrá relevancia en términos de exponer y visibilizar el fenómeno, de hacerlo presente. Son pocos los trabajos que se hacen al menos en Chihuahua en el tipo de un trabajo de investigación para tesis. Son muy pocos los trabajos que se han hecho sobre trata de personas y eso puede brindarles a esas familias un aspecto explicativo, no más. Porque ya si el daño se hizo, es muy difícil que logren resarcir ese daño que ya se les generó. Esto va enfocado en sistematizar historias, en organizar información, en vincularlo con algunos aspectos teóricos y analíticos que sirven para construcción y dirección de tesis. Y sirve también para que el gobierno entienda que puede apoyarse en la academia. La academia puede generar diagnósticos; la academia puede generar análisis de política pública. Y puntualizar en resultados para que el gobierno los tome y entonces dirija el trabajo sobre esos resultados que desde la academia se pueden hacer.
Me gustaría que se hiciera mucho énfasis en la necesidad de generar trabajos de investigación para tesis, con la rigurosidad de lo que una tesis implica, una tesis de posgrado, en términos del tema sobre la trata de personas en cualquiera de sus modalidades. Ahorita en Chihuahua hay trata de personas, sí, con fines de explotación sexual, pero también hay por mendicidad forzada, explotación laboral. Es un tema muy necesario de estudiarse. Es todo un campo de estudio que tiene muchos matices que hay que abordar. Y es necesario generar investigación para hacer presente el problema, que se vuelva visible en la sociedad y entonces se inicie con el primer paso sobre la concientización de la trata de personas.
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