Dos organizaciones civiles demandaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la responsabilidad de las autoridades en el crimen de la activista juarense Marisela Escobedo.
El resultado, expusieron, fueron 17 víctimas directas, ya que el hostigamiento, amenazas y agresiones que sufrió la familia, los obligó a solicitar asilo político en Estados Unidos.
Chihuahua.- “El Estado mexicano es responsable del crimen contra Marisela Escobedo porque no garantizó su seguridad después del asesinato de su hija Rubí, no realizó las investigaciones necesarias para esclarecer ambos casos, ni otorgó protección a la familia que, ante las amenazas y hostigamientos, tuvieron que dejar el país”.
Bajo ese argumento, dos organizaciones civiles demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que se haga justicia y obligue al gobierno a reparar el daño y garantizar medidas de no repetición.
Claudia Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para el programa de Centroamérica y México , aseguró que decidieron recurrir a la Corte por el nivel de violencia que existe en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos en México.
“La violencia contra las mujeres que ejercen la labor de la defensa de derechos humanos es grave, constante y actual, por lo que deben alzar la voz contra las agresiones. A ocho años de su muerte, hoy elevamos nuestra solicitud al órgano internacional más importante”
Ruth Fierro, titular del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), explicó que la demanda busca dar justicia a 17 familiares de Marisela, sin embargo, el impacto de la resolución que pueda otorgar la Corte, beneficiaría a todas las mujeres víctimas de violencia en México.
“Marisela se convirtió en la voz de muchas otras madres que pedían justicia. Ella misma transformó su dolor para decir que el feminicidio de su hija Ruby fuera el último, porque los dos crímenes se dan en un contexto de violencia generalizada, en un país en donde no existen garantías”
Aprendimos a vivir en
el exilio: hijo de Marisela
A ocho años del asesinato de su madre y hermana, Juan Manuel expresó que la familia se ha acostumbrado al exilio y a vivir con el dolor que ambos crímenes dejaron.
Uno de esos casos es el de su sobrina, Heidi, quien no sólo se quedó huérfana en dos ocasiones, sino que, además, fue enviada a un albergue para niños y niñas migrantes lejos de su familia durante un mes, lapso en el que le fue otorgado el asilo político en Estado Unidos.
Rubí desapareció en agosto de 2008 y, casi un año más tarde, fue encontrada muerta. Por su asesinato, Marisela presentó una denuncia contra Sergio Barraza, expareja y asesino confeso de su hija.
Ante las omisiones de las autoridades, Marisela investigo y localizó a Sergio en Fresnillo, Zacatecas, sin embargo, “por falta de pruebas”, fue absuelto en Ciudad Juárez en mayo de 2016.
En protesta, Marisela realizó una serie de protestas que derivaron en un plantón en la Plaza Hidalgo, justo enfrente del Palacio de Gobierno.
La noche del 16 de diciembre de 2010, a las 20:00, cuando se cerraron las puertas del Palacio de Gobierno, Marisela Escobedo fue asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí.
Este lunes, se cumplieron 3 mil 953 días sin justicia para Rubí y 3 mil 112 para Marisela.
En llamada telefónica, Juan Manuel confió en que la Corte Interamericana pueda presionar para que se haga justicia para su mamá y las miles de madres que han perdido la vida exigiendo justicia.
“Desgraciadamente nos dimos cuenta de que no iban a actuar, y este (la demanda ante la CIDH) es el paso que sigue. Nosotros Abandonamos tuvimos que abandonar nuestra patria. Perder a mi mamá fue el golpe más grande que hemos recibido”
