Norma Trujillo Báez
Voz Alterna
Veracruz –En dos años…, prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su campaña como candidato de Morena; lo sostiene aún —un año después— para que se den resultados visibles de seguridad en un estado permeado profundamente por el crimen organizado, en donde según las cifras oficiales los delitos van a la baja en 2019, pero los homicidios ahí están en los dos eventos registrados en la zona sur de Veracruz que han dado la continuidad al miedo: la masacre que dejó 13 muertos en una fiesta en Minatitlán y el ataque al Bar Caballo Blanco con 30 víctimas, entre ellos un bebé, dieron la bienvenida a dos de las giras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Veracruz sigue siendo foco rojo en el país, a pesar de la alternancia política en la administración estatal, no solo porque se registran cinco homicidios diariamente y un feminicidio cada dos días, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sino porque los policías repiten el delito de desaparición forzada por parte de corporaciones municipales.
La entidad tiene una geografía compleja con 700 kilómetros de litoral en el Golfo de México, con 8 millones 112 mil 505 habitantes en un sistema de ocho conurbaciones: Poza Rica-Tuxpan; Martínez de la Torre-Misantla; Veracruz-Boca del Río; Xalapa-Emiliano Zapata; Orizaba-Ixtaczoquitlán-Ciudad Mendoza; Córdoba-Fortín; San Andrés-Santiago Tuxtla; Acayucan-Minatitlán- Coatzacoalcos-Cosoleacaque. Existe, además, una gran dispersión de la población rural en más 17 mil comunidades con menos de 500 habitantes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública hay 21 mil 385 elementos de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, Fiscalía General del Estado, empresas de seguridad privada y custodios de la administración penitenciaria del Estado, de las cuales se tienen licencias de la SEDENA para 25 mil 315 armas (23 mil 632 de la Secretaría de Seguridad Pública y mil 683 de la Fiscalía General del Estado. Además se encuentran purgando condenas 24 mil 619 reos y se cuentan con 15 millones 569 mil 45 vehículos.
Desaparición forzada
El 30 de octubre, 7 tianguistas originarios de Ciudad Mendoza fueron privados de su libertad al salir de los separos de la policía municipal de Ixtaczoquitlán, en la zona de las Altas Montañas, desconociéndose su paradero hasta la fecha, familiares de las víctimas señalaron como responsable al director de Gobernación y Comandante de la Policía de ese municipio, Octavio Alejandro Pérez, quien permanece prófugo.
De acuerdo con la información que circula por parte de familiares de las víctimas, cuatro de los desaparecidos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán, se desconocen los motivos, varios de ellos tenían lazos familiares.
Pero antes, el 8 de octubre tres jóvenes oriundos de Ixhuatlán del Café desaparecieron luego de ser detenidos por la Policía de Ixtaczoquitlán, la misma que es acusada de desaparecer a personas que detienen en ese municipio de la zona centro del estado.
Pero todo esto sucede en un estado en donde operan al menos seis grupos criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación “Zetas vieja escuela”, Cártel del Noreste Z, Cártel de Sinaloa unido con Los Ántrax y Mando Sur Gente Nueva y Jarochos Unidos. Hecho reconocido incluso por el propio gobernador García Jiménez.
Aunque en la glosa del primer informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que se desarticularon 85 bandas criminales que operaban en Veracruz, de ellas, 18 eran del narcotráfico, 40 dedicadas al secuestro y 10 a la extorsión.
La Guardia Nacional entre tres masacres
En Minatitlán, municipio petrolero ubicado al sur de la entidad, el 19 de abril —dos días antes de la visita que hiciera Andrés López Obrador al Puerto de Veracruz— decenas de personas celebraban el cumpleaños 52 de Fluvia en la palapa Los Potros, propiedad de su cuñado, en la colonia Obrera, cuando seis sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes. Iban por Julio César González Reyna, La Becky, una “mujer trans” que se encontraba en la fiesta, y una de las 13 víctimas de ese multihomicidio, entre ellas un bebé de un año.
El 3 de mayo fue capturado Adrián ‘N’, el Pelón, único vinculado a proceso por la ejecución, quien era trabajador del complejo petroquímico de Pemex y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese mismo día, la Fiscalía General de la República anunció el bloqueo de cuentas de personas físicas y morales presuntamente vinculadas con estos hechos.
Esta masacre marcó la pauta de que la inseguridad en Veracruz no cambiaría en comparación a los años anteriores y que aún Veracruz continuaría siendo un foco rojo en el país, lo que obligó al gobierno federal apresurar la puesta en funciones de la Guardia Nacional en Minatitlán y Coatzacoalcos el 26 de abril, a pesar de que faltaban las leyes secundarias que regirían a esta corporación.
El despliegue de efectivos se llevó a cabo por el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien detalló que en Veracruz se implementarían ocho coordinaciones regionales, la primera de las cuales abarcaría a Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos. Sin embargo, la violencia en ese municipio, clave para los planes gubernamentales del corredor transístmico no ha mermado.
Con todo y Guardia Nacional patrullando la ciudad de Coatzacoalcos y con los mil 500 elementos que llegaron a distintos municipios de la entidad, se registró otra masacre más, el 16 de mayo —cinco días previos a la visita que hizo el presidente de la república al municipio de Tierra Blanca; cinco personas que vendían limones de la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, ubicado en la zona centro de la entidad y a 22 kilómetros de la capital veracruzana, fueron atacados a balazos mientras comercializaban el producto en la carretera Las Trancas-Coatepec. Dos de ellos murieron en el lugar del ataque, uno más, mientras era trasladado al hospital; en el transcurso de las siguientes horas murieron el resto cuando eran atendidos en el nosocomio.
El 28 de agosto, tres días antes que el presidente López Obrador hiciera una visita a hospitales en la región norte del estado, se registró un ataque armado que dejó al menos 28 personas muertas y varios heridos en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos. Hombres armados lanzaron bombas molotov tras presuntamente disparar contra las personas que se encontraban en el interior del establecimiento ubicado sobre la avenida Román Marín, en la colonia Benito Juárez Norte.
A esta crisis de sangre, se sumó la política: el Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz, fue propuesto por Miguel Ángel Yunes, y ratificado por el Congreso con mayoría panista, quien llegó al cargo tras la renuncia del anterior servidor público Luis Ángel Bravo Contreras, designado por el priista Javier Duarte y quien estaría en la dependencia por 9 años; pero con el cambio de administración quiso mantenerse contra viento y marea, a pesar que el propio gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, lo había señalado por sus supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo que ha abonado en la escalada de violencia en la entidad.
El 22 de febrero, la fracción legislativa de Morena intentó desaforarlo para que enfrentara las acusaciones del presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Jorge Reyes, quien acusa al Fiscal de haber cometido delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas, pero no logró el número de votos requerido, pero a pesar que los problemas de inseguridad continuaron se exacerbó la crisis tras la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, y el 3 de septiembre el Congreso de Veracruz separó temporalmente de su cargo y designó a Verónica Hernández Giadans como la nueva encargada de despacho.
El desorden estadístico
Las cifras oficiales de homicidios en Veracruz son contradictorias entre las instituciones gubernamentales de las Mesas de Seguridad en la entidad y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las reportadas por la organización social “Semáforo Delictivo Nacional” que lejos de ser errores “mecanográficos” las diferencias son sustanciales.
De las tres fuentes consultadas en el caso de los homicidios hay diferencias sustanciales, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta de diciembre de 2018 a octubre de 2019, 2 mil 47 muertes y el Semáforo Delictivo Nacional sólo mil 283, es decir 764 crímenes más y de 419 con los datos proporcionados por las instancias estatales en las mesas de seguridad.
En el caso de los feminicidios las cifras son más homogéneas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Semáforo Delictivo Nacional presentan cifras idénticas para el mismo periodo diciembre de 2018 a octubre de 2019, sumando 184 casos, sin embargo hay diferencias con las reportadas en las mesas de seguridad, de 17 muertes.
Las fosas de los desaparecidos, verdaderos panteones sin cruces
A principios de 2017 la Fiscalía General del Estado subió una base de datos que daba cuenta del registro de personas desaparecidas en Veracruz; registraba 5 mil 109, pero de ellas señalaba que solo 2 mil 434 no habían sido localizadas, no se sabía nada de ellas; meses después la información que se leía en http://gobiernoabierto y fiscalíaveracruz.gob.mx, eran datos que fueron bajados de la red. Uno de los datos graves y es que de esos 2 mil 434 desaparecidos, 709 son mujeres, pero de éstas, 365 son menores de 1 a 18 años.
Los desaparecidos son desdibujados para los gobernantes, desde Fidel Herrera Beltrán pasando por Javier Duarte, y Miguel Ángel Yunes Linares —en esta administración la Fiscalía General del Estado ocultó datos de 2017 y 2918— y los colectivos de Orizaba acusan indiferencia por parte del actual gobernador, aunque en su primer día de gobierno se reunió con los diversos colectivos de Veracruz porque prometió avanzar en la localización de personas.
Del año 2019 no hay datos oficiales de los desaparecidos, no obstante en cuestiones de búsqueda de desparecidos y técnicas para el reconocimiento de cadáveres ha habido cambios positivos en un año, incluso hay nuevas metodologías que se aplicarán en los hallazgos de las fosas del predio La Guapota, pero no ha sido así en las investigaciones de las personas desaparecidas porque no hay avance en ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado de Veracruz , sostuvo la consejera ciudadana de la Comisión estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, María Elena Gutiérrez.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lanzó cifras que ubican al estado con el que tiene el mayor número de fosas; se refirió a 76. Dijo que a la fecha se han encontrado 337 cuerpos sin identificar en 222 fosas. Tres de cada diez fosas clandestinas halladas se ubican en Veracruz.
De acuerdo con la Fiscalía del estado de Veracruz, entre 2011 y 2018 se han contabilizaron de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en Veracruz, las cuales acumulan 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas. Sin embargo, el número de fosas halladas aumenta constantemente. Tan sólo en 2019, se han encontrado más de 36 fosas clandestinas en la entidad.
El 28 de febrero el Colectivo de Familias de Desaparecidos de la zona Orizaba-Córdoba localizan 3 fosas clandestinas en el municipio de Río Blanco, en donde se hallan 10 cuerpos. El 29 de abril la Fiscalía General del Estado anunció que en el mes de marzo se descubrieron 60 fosas en el predio la Guapota que se localiza en el municipio de Úrsulo Galván.
El 8 de agosto se concluyeron los trabajos en la fosa más grande de Latinoamérica, las fosas de Santa Fe; las integrantes del Colectivo Solecito, una organización compuesta por madres de familia que en 2016 localizaron esta megafosa en el puerto de Veracruz, dieron por concluida la búsqueda, Durante tres años de trabajo de manera conjunta con autoridades federales y estatales, se encontraron 298 cráneos y 22 mil restos óseos.
El 15 de octubre, familiares del colectivo Madres Luna de Córdoba, confirmaron el hallazgo de fosas clandestinas en Acultzingo, municipio que tiene límites con el estado de Puebla, Marcela Zurita Rosas, relató que entre los hallazgos se identificaron restos óseos, presumiblemente humanos. El lugar fue encontrado después de dos búsquedas y gracias a información que obra en la carpeta de investigación de una integrante de ese colectivo de familiares de desaparecidos.
La existencia de tantas fosas clandestinas se atribuye a la lucha entre distintos grupos criminales que se disputan las plazas en la entidad. En este sentido, Veracruz se ha convertido en un campo de combate para los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación, en donde también están siendo afectados maestros, sobre todo los que laboran en la sierra de Zongolica, a quienes han secuestrado para que les den su “pago mensual”.
Y ante este panorama, hace un año el gobernador llegó con el planteamiento de la Declaratoria de Plan Emergente por Crisis de Violaciones a Derechos Humanos en materia de desaparición de personas, pero también la necesidad de fortalecer las políticas orientadas al respeto de los mismos, enfatizando la perspectiva de género. Por tal razón, se ha asumido como parte inherente a las acciones de la Administración Pública Estatal la apropiación y ejercicio de una cultura de paz y Derechos Humanos. Lo anterior se reafirma mediante el Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos que busca la protección de los derechos fundamentales, pero la reconstitución de la paz y la seguridad no llegan a Veracruz.
Han pasado tres administraciones priistas: Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte, una del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes y ahora la del morenista Cuitláhuac García y los mismos problemas continúan; la verdadera cruz de Veracruz, sigue siendo la inseguridad, como cuando lo fundara Hernán Cortés, hace ya 500 años.
