Verónica Espinosa
Poplab.mx
Guanajuato – El estado sufre como nunca ante los efectos de los desplazamientos de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y su confrontación con los cárteles locales como el de Santa Rosa de Lima, que por años habían dominado las redes delictivas del narcomenudeo, el trasiego de drogas y de combustible sustraído de los ductos que atraviesan el estado y desde la refinería “Ing. Antonio M. Amor” en Salamanca, todos, negocios ilícitos millonarios.
Ni las reiteradas advertencias y promesas del actual gobernador del PAN, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ni los experimentados perfiles de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del estado o los directores de policía de los municipios del corredor industrial que concentran al mayor número de habitantes, han impedido que este año Guanajuato esté ocupando el primer sitio nacional en el número de homicidios dolosos: 2 mil 865 de enero a octubre.
En el fondo de ese número hay decenas de víctimas circunstanciales y población muy joven alcanzadas por las balas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló en su estadística al mes de octubre que 105 menores de edad figuran entre las víctimas de los asesinatos cometidos este año en el estado.
Estos menores han perdido la vida al participar en actividades delictivas habilitados como gatilleros o narcomenudistas, o como víctimas en las incursiones de grupos armados en domicilios particulares o en el fuego cruzado en las calles.
Las balas, en efecto, han sido la causa creciente de estos crímenes. Más del 84 por ciento de los homicidios dolosos de enero a octubre fueron cometidos empleando armas de fuego.
El 25 de noviembre, Día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó datos preliminares sobre la violencia homicida en contra de las mujeres en el país, que ubican al estado en el segundo lugar de asesinatos dolosos, con 239, después del Estado de México, donde fueron asesinadas 272.
Es en Estado de México y Guanajuato, junto con Jalisco, Baja California y Chihuahua donde se concentraron más del 53 por ciento de los homicidios de mujeres en ese lapso del presente año.
La atracción de empresas de diversos sectores en todo el corredor industrial y un pretendido blindaje del territorio guanajuatense con tecnología de punta por la que se pagaron más de 2 mil millones de pesos (Proyecto Escudo) en cámaras, radios, arcos carreteros e instalaciones de cómputo y mando, permitió a los gobernadores panistas hasta el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012) presumir un estado con una economía en crecimiento y seguro.
Pero en la segunda mitad del siguiente sexenio, el de Miguel Márquez Márquez, esa imagen se hizo añicos.
En los últimos años del mandato de Márquez, quedó al descubierto la incesante explotación ilícita de hidrocarburos de los ductos de Pemex y de la refinería en Salamanca, aunque esta actividad en realidad había iniciado desde muchos años atrás, como consigna en las investigaciones publicadas por la periodista Ana Lilia Pérez en sus libros “Pemex RIP”, “Camisas azules, manos negras” y “El Cártel Negro”, en los que documentó que fue precisamente en la refinería salmantina donde se comenzó a robar el combustible producido por la paraestatal.
Un grupo criminal local sentó sus reales desde hace por lo menos una década y convirtió al huachicoleo (como se conoce al trasiego de combustible robado) en su principal fuente de ingresos, el denominado Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por un ex policía, José Antonio Yépez Ortiz.
Pero la entidad tampoco se sustrajo al incremento en el consumo de drogas y por lo tanto, a la multiplicación del narcomenudeo, sobre todo de la droga conocida como “cristal”, cuyo consumo se quintuplicó en unos pocos años.
Un análisis de la organización México Social hecho por el sociólogo Saúl Arellano con datos del INEGI, refiere cómo la violencia criminal fue creciendo de manera exponencial particularmente a partir del 2015.
Paradójicamente, un año antes el entonces gobernador Miguel Márquez había inaugurado por todo lo alto el sistema de vigilancia “Escudo” adquirido en más de 2 mil millones de pesos —para lo que se adquirió un préstamo—, que muy pronto demostró su ineficacia en las tareas para inhibir, detectar y frenar la incursión de los emisarios del Cártel Jalisco o las operaciones delictivas del grupo “La Unión” —grupo criminal asentado principalmente en León— o del de Santa Rosa.
Así, todavía en el año 2013, Guanajuato no figuraba entre los estados con mayores índices de homicidios dolosos u otros delitos de alto impacto. Ese año, mientras que el Estado de México registró 3,311 homicidios dolosos (según INEGI) en Guanajuato se cometieron 701.
Pero ya para el 2017, Guanajuato estaba en el tercer lugar nacional de ese delito, con 2,241 homicidios, mientras que en el Estado de México se registraron 3,072.
En el caso de Guanajuato, la cifra había aumentado en un 219 por ciento en sólo cuatro años, para quedar por encima de Tamaulipas o Guerrero, que hasta antes de ese año aparecían en los primeros lugares de esa estadística.
“En 2018 se dio el histórico cambio: Guanajuato cerró el año con una cifra insólita de 3,412 homicidios; el Estado de México en segundo lugar con 3,134 casos; Baja California también sorprendió ubicándose en el tercer lugar, con 2,855 homicidios dolosos; Jalisco subió al cuarto lugar; y Guerrero y Chihuahua descendieron a la quinta y sexta posición, respectivamente”, dice el análisis de la organización México Social.
En septiembre de 2018, al concluir el mandato de Márquez —que antes de irse reconoció haber dejado la deuda de la inseguridad— su sucesor, Diego Sinhue Rodríguez, también del PAN, ratificó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y al entonces procurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre, quien en febrero del 2019 se convirtió en fiscal general del estado para los próximos nueve años, cuando casi cumplía 10 años como procurador.
El gobernador también prometió que daría prioridad a la recuperación de la tranquilidad de las y los guanajuatenses.
Pero a poco más de un año de su mandato, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha permeado en una extensa parte del territorio estatal con una avasallante fuerza y mantiene una lucha brutal contra el grupo criminal local más visible, cuyo jefe “El Marro”, no ha sido capturado con todo y los despliegues del operativo bautizado como “Golpe de timón” con la Marina primero, y ahora con el Ejército.
Los saldos han alcanzado también a integrantes de diversas corporaciones, entre policías municipales —incluyendo a varios titulares—, agentes ministeriales del estado, custodios de centros penitenciarios, policías federales y recientemente, elementos de la Guardia Nacional, que en junio entró a patrullar algunas zonas de Guanajuato, particularmente del Sur y Occidente.
Al menos 49 elementos de estas distintas corporaciones fueron asesinados hasta principios de noviembre de este año; los municipios que concentraron la mayoría de estos asesinatos —en emboscadas, interceptados en carreteras, cuando salían o se dirigían a sus domicilios o en enfrentamientos— son Celaya, Irapuato, León y Valle de Santiago.
En este último municipio, cinco custodios del Centro de reinserción social fueron emboscados y asesinados con decenas de disparos a la camioneta en la que viajaban, a unos pocos kilómetros del centro penitenciario, en septiembre. Unos meses antes, a principios de año, el jefe de esos custodios fue asesinado por un motociclista en la ciudad de Guanajuato, cuando iba a dejar a su hijo a la escuela.
En el 2018, el número llegó a 64, según la organización Causa en Común.
También funcionarios públicos, particularmente de gobiernos municipales, han sido víctimas de la ola de homicidios. Los regidores de Apaseo el Alto Francisco García, y de Comonfort José Luis Saucillo, fueron asesinados a fines de septiembre, uno al día siguiente del otro.
El 29 de noviembre, el tesorero de Abasolo Mauricio Guerrero, fue torturado y asesinado.
Al día siguiente, el sábado 30, el ex presidente municipal de Cortázar, el ex perredista Hugo Estefanía Monroy, fue también asesinado por un sicario que entró a la oficina de su empresa de transportes donde se encontraba el ex alcalde con su esposa y dos colaboradores, un hombre y una mujer; esta última también murió en el ataque.
Estefanía había sido exhibido meses atrás por una llamada telefónica con un supuesto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima en la que hablaban de hacer negocios desde la administración pública.
Antes de ser asesinado, el ex alcalde trabajaba en la conformación de las Redes Sociales Progresistas en el estado.
