Priscila Cárdenas
Proyecto Puente
Hermosillo, Sonora –Referirse a Sonora como “el estado más seguro de la frontera” ya no funciona para mantener una percepción de tranquilidad, pues en la entidad —como en otras de la República Mexicana— el tema de seguridad pública quedó rebasado.
La masacre de la familia LeBarón en el municipio de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre, desnudó a nivel internacional la inseguridad que acontecía en el estado.
Sin embargo, tanto las cifras oficiales como otros hechos ocurridos desde principios de año en el estado venían revelando que los crímenes de alto impacto ocurrían y estaban fuera de control.
La aparición de grupos de mujeres —como las Guerreras Buscadoras de Sonora, Rastreadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora— que se organizaron para escarbar y localizar ellas mismas las osamentas de sus esposos, hijos y seres queridos, visibilizó que el estado no estaba exento de fosas clandestinas.
En una sola jornada uno de los colectivos llegó a encontrar más de veinte cadáveres, hecho que puso al descubierto la necesidad de que el estado se activara en cuestión de personas desaparecidas.
Las constantes balaceras, homicidios y aparición de cuerpos sin vida abandonados en los municipios costeros de Guaymas y Empalme apresuraron la llegada de la Guardia Nacional al estado y la conformación de una Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora.
Incidentes atípicos, como el que sucedió en septiembre de este año, donde un comando de hombres armados prendió fuego a una vivienda en el municipio de Empalme, Sonora, ocasionando la muerte de un niño siete años de edad, fue uno de ellos.
Entre las medidas implementadas hubo de todo, desde suspensión de clases, hasta alertas emitidas por el Consulado General de Estados Unidos, instancia que llamó a sus connacionales a no visitar esa región del estado.
Además, a lo largo del año también hubo asesinatos de policías de diferentes corporaciones policiacas en municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y San Luis Río Colorado.
El endurecimiento de la violencia no sólo abarcó hechos relacionados al crimen organizado, sino también feminicidios.
El crimen de Ámbar Dolores, una joven de 20 años de edad, estudiante de arquitectura, que fue violada, apuñada y calcinada en su domicilio en Hermosillo, trascendió a mitad de año y derivó en protestas y manifestaciones de mujeres.
La exigencia femenil de justicia se debió también a que, por primera vez, cuatro municipios sonorenses entraron en la lista que emite la Federación de las 100 ciudades con más crímenes de este tipo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado y Hermosillo registraron más asesinatos con estas características.
En la visita del 1 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora se abordó el tema de la violencia.
Tanto el mandatario como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coincidieron en que la entidad se encontraba por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, sin embargo reconocieron un incremento en el número de asesinatos.
Cuando se abordó el tema durante la “conferencia mañanera” —que se llevó a cabo en Hermosillo— ambos identificaron que había que trabajar de manera coordinada para atender la problemática.
Previeron que el año cerraría con mil 800 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la entidad y que las acciones emprendidas rendirían frutos positivos.
Independientemente de las medidas efectuadas por los tres niveles de gobierno para contener la violencia armada, las cifras oficiales siguieron sin mejorar en el estado de Sonora.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios ocurridos el presente año supera a la totalidad de muertes violentas registradas el año anterior.
El documento señala que de enero a diciembre de 2018 se registraron mil 317 crímenes y que durante el presente año —hasta el mes de octubre— la cifra cerró en mil 405 asesinatos.
Los números oficiales también dan un panorama de qué es lo que está ocurriendo con otros delitos que anteriormente tenían una incidencia baja y que hoy están disparados.
Por ejemplo, en cuestión de secuestros durante 2018 hubo únicamente dos y hasta octubre de 2019 el registro nacional indica 29 casos documentados.
Con un total de 617 expedientes por delitos sexuales como violación, abuso y acoso, el estado también cerrará el año a la alza, pues en todo el 2018 este rubro cerró con 558.
Este incremento ha fomentado que colectivos de mujeres alcen la voz para exigir la creación de una Alerta de Género, propuesta ciudadana que ha sido desechada por las autoridades.
En la “lluvia de ideas” sobre qué se puede hacer para resolver la problemática de inseguridad de Sonora también ha habido ofrecimientos que buscan atender las distintas problemáticas de manera diferente.
Se han creado desde aplicaciones para teléfonos celulares por parte del Gobierno del Estado para que sea más fácil reportar al 911 situaciones de violencia intrafamiliar, hasta propuestas de empresarios que sugieren llevar al Congreso del Estado una iniciativa de aumentar el impuesto sobre nómina y que el dinero recaudado sea destinado exclusivamente para atender el tema de seguridad.
El preocupante panorama con el que cierra el 2019 inicia lo que será el último año de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, quien en caso de irse sin atender el problema de manera eficiente y contundente, abonará votos que favorecerán a los partidos y propuestas de sus adversarios.
