Ausente de su cargo, el presidente municipal envió el martes una iniciativa al Ayuntamiento para que este jueves apruebe, “con dispensa de dictamen”, la derogación de la normatividad vigente que ha sido impugnado por las estaciones de Alejandra de la Vega y su familia
Itzel Ramírez/Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez – En medio del conflicto legal que mantiene enfrentados a empresarios gasolineros, el alcalde Armando Cabada busca por la vía fast track eliminar el reglamento que regula la ubicación y operación de las estaciones de servicio, lo que permitiría la reapertura de las sucursales Arco clausuradas a Alejandra de la Vega y su familia.
Para derogar la normatividad, Cabada presentó este martes al Ayuntamiento una iniciativa en la que pide que sin dictamen previo de comisiones su propuesta sea votada en la sesión de Cabildo programada para este jueves a las 18:00 horas.
Actualmente el reglamento establece que debe haber un límite de entre 1.2 y 1.7 kilómetros entre las gasolineras de la ciudad para cumplir con estándares ambientales y de protección civil fijados por el Municipio y contemplados también en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
Esta disposición es la que desde hace más de 200 días mantiene cerradas al menos siete gasolineras de los De la Vega, todas de la marca Arco, así como una de Operaciones y Servicios de Juárez, propiedad de Armando Herrera Burciaga, Eloisa Burciaga Medina Herrera y Rubén Herrera Herrera.
En funciones como presidente municipal desde 2016, Cabada optó por presentar esta propuesta justo ahora, cuando permanecen suspendidas las operaciones de las gasolineras de la familia de la Vega por un conflicto que lleva más de 29 meses en los tribunales y sigue vigente.
En la exposición de motivos, el alcalde argumenta que es necesario armonizar el reglamento municipal para evitar “antinomias” con la legislación federal resultado de la Reforma Energética de 2013, que quitó a los municipios y a las entidades las facultades para emitir normas a las gasolineras en materia ambiental.
“Sin embargo, como ya se indicó, ahora, según la Reforma Energética, esa materia, en exclusiva puede ser regulada por la federación, y derivado de eso, ahora ya no es conveniente ni jurídico mantener vigentes sus disposiciones en los términos que se establecieron, y por esos motivos procede derogar dicho Reglamento Para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez”, se argumenta en la exposición de motivos.
La posición de Cabada contrasta con la que el mismo Municipio usó en noviembre de 2017 para defender el reglamento ante tribunales como parte de un amparo que promovió Almacenes Distribuidores de la Frontera, la empresa propiedad de la familia de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega, y dueña de la marca Arco en Chihuahua.
En el oficio SA/JUR/SEB/2834 enviado al juez Quinto de Distrito, Roberto Rentería Manqueros, entonces secretario de Ayuntamiento, se explica que las distancias mínimas protegen también la seguridad de los ciudadanos, no únicamente temas ambientales.
“(…) el hecho que se establezca cierta distancia entre la ubicación de una gasolinera y otra, es con el fin de evitar no solo daños ecológicos y ambientales, sino también daños materiales, por lo que tales disposiciones reglamentarias se establecieron como medida de prevención para evitar cualquier siniestro que eventualmente pudiera acontecer por lo fácilmente inflamable dela gasolina y sus derivados, procurando en todo momento el bienestar general de la población y sin menoscabo del respeto íntegro los derechos que otorga nuestra Constitución a quienes pretendan dedicarse a la comercialización de esos productos”, se lee en el informe justificado sobre el juicio de amparo 781/2017-I-E, promovido por Almacenes.
Además de la supuesta discordancia entre el reglamento y las leyes federales, la iniciativa de Cabada considera que con la derogación se favorece la competencia en el mercado de la venta de combustibles en esta frontera.
Incluso, acusa el alcalde, hay “grupos” que por la vía legal han frenado la apertura del sector.
“Ciertos grupos se han opuesto férreamente a la apertura de nuevas estaciones de servicio, anteponiendo su interés particular al de la comunidad.
Y para eso, inclusive han promovido juicios de amparo, evitando la libre competencia en detrimento de la sociedad en general, para lo cual, se han apoyado en las disposiciones del Reglamento para la Ubicación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez”, expone la iniciativa, presentada el mismo día que inició el permiso otorgado a Cabada para ausentarse de sus funciones por 15 días.
Vigente desde 2005, el reglamento también establece las obligaciones de las estaciones de servicio en materia de desarrollo urbano y protección civil, que no están contempladas en la legislación federal.
Actualmente, todas las gasolineras de la ciudad deben respetar un espacio mínimo de 15 metros de separación de casas habitaciones y equipamiento urbano y de 30 metros de escuelas, hospitales, establecimientos industriales y de servicios, medidas que serán eliminadas de aprobarse la iniciativa.
El proyecto también contempla que, una vez aprobada la propuesta, todas las licencias, solicitudes, autorizaciones o procedimientos pendientes de resolución no serán sometidas ya al reglamento.
La premura por aprobar la propuesta contrasta con el trámite que el Ayuntamiento dio a una iniciativa ciudadana presentada en enero de 2019 que proponía modificar el reglamento para armonizarlo con la legislación federal.
Desde esa fecha, las comisiones de Gobernación, Ecología y Desarrollo Urbano del municipio han dejado sin dictamen la iniciativa.
Magdaleno Silva, regidor de Morena, consideró que debido a la complejidad del tema, que abarca normas constitucionales, leyes y normas federales, se necesita más tiempo para analizar la propuesta del alcalde.
“A veces los dictámenes se nos entregan muy tarde, sin la posibilidad de poder hacer las investigaciones necesarias y poder votar, ya sea a favor o en contra, pero con conocimiento de causa. Nos inquieta porque pareciera ser que la intención es que no se descubra el verdadero fin que se pretende cuando se presentan este tipo de dictámenes”, aseveró Silva López.
“Se nos entregó el martes para poderlo aprobar en la sesión de mañana”, puntualizó.
La Verdad buscó una entrevista sobre el tema con el actual secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo, quien remitió al despacho del presidente porque él fue quien presentó la iniciativa.
El encargado del despacho, el regidor Carlos Ponce, quien cubre la ausencia de Cabada, argumentó tener una agenda saturada, por lo que no podía atender la entrevista.
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