El exgobernador de Chihuahua fue detenido en Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos de peculado y asociación delictuosa; también se le acusa de enriquecimiento ilícito, defraudación por más de mil millones de pesos y por delitos electorales
Itzel Ramírez / La Verdad
Ciudad Juárez– César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua detenido este miércoles en Estados Unidos, acumula en México 21 órdenes de aprehensión libradas en su contra, de acuerdo con información oficial. Era buscado desde el 2017.
Veinte de esas órdenes de captura son del fuero común por la presunta comisión de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación por más de mil millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
Además, el exmandatario cuenta con una orden de aprehensión en el ámbito federal por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por 14 millones de pesos por peculado electoral.
La Fiscalía General de la República informó que fue un comunicado que la detención de Duarte en Miami, Florida, obedece a una orden de aprehensión librada el 8 de octubre de 2019 librada por la jueza María Alejandra Ramos Durán por la presunta comisión de los delitos de peculado y asociación delictuosa.
La Fiscalía federal dio a conocer también que en el 2018, el Gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces Procuraduría General de la Republica las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César “D”, como se le identifica al exmandatario en el proceso iniciado en su contra, por diversos delitos.
Durante todo ese año la entonces Procuraduría, en la administración de Enrique Peña Nieto, mantuvo inactivo el caso, indicó.
Para el año siguiente, en el año 2019, la hoy Fiscalía General de la Republica (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense, se dio a conocer.
De acuerdo con el gobernador Javier Corral, fue en enero de este año cuando la Fiscalía General de la República solicitó a Estados Unidos la extradición del exmandatario, como un proceso derivado de la orden de aprehensión.
Al ser cuestionado en un programa de televisión sobre los detalles de la acusación, Corral Jurado se negó a precisar la información, pues, dijo, el gobierno de Chihuahua tendría “mucho cuidado” en difundir datos que pudieran entorpecer el proceso de extradición. César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua, en entrevista con La Verdad, tampoco quiso abundar en los detalles de la acusación contra Duarte.
Tras la detención, el periódico Reforma informó que el 24 de abril pasado, el juez John F. Robbenhaar de la Corte del Distrito en Nuevo México autorizó la orden para la detención con fines de extradición de Duarte por peculado por un monto de 96.6 millones de pesos que habrían sido transferidos de las cuentas del Gobierno de Chihuahua a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera de la División del Norte.
La ficha roja de Interpol para la búsqueda de Duarte –emitida en marzo de 2017–, indica que al exgobernador se le busca por peculado y peculado agravado, delitos incluidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la hipótesis relativa “al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido”.
En noviembre de 2018 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló cómo varios gobiernos estatales, entre ellos el de Chihuahua bajo el mandato de César Duarte, desviaron millones de pesos en un esquema de presunto financiamiento ilegal a las campañas del PRI.
Mientras que en la orden de aprehensión obtenida por la Fepade se acusa a Duarte de retener entre el 5 y el 10 por ciento del salario de los servidores públicos de Chihuahua para un fondo utilizado para las campañas del PRI en 2015.
Propiedades bajo embargo
Además de las órdenes de aprehensión, la Fiscalía de Chihuahua ha embargado más de 30 propiedades a Duarte debido a que habrían sido adquiridas con recursos públicos.
“El Gobierno del Estado reitera su compromiso con la sociedad de llevar ante la justicia a César Horacio Duarte Jáquez, además de decomisar los bienes para restituir el daño causado”; informó la FGE en julio de 2018, cuando se registró el aseguramiento de cuatro propiedades de Duarte en Parral.
En total, como ha indicado el Gobierno de Chihuahua, en conjunto, las propiedades aseguradas al exmandatario suman más de 40 mil hectáreas, con un valor superior a los 100 millones de pesos.
“Esta cantidad es con independencia de la infraestructura, maquinaria, animales y semovientes; es decir, el cuantioso monto solo representa el costo de las más de 40 mil hectáreas de terreno que constituyen los ranchos”, declaró el fiscal Peniche en 2018.
Uno de los predios asegurados en Camargo, con una extensión de más de 30 mil hectáreas, fue adquirido en 2012 a un precio por debajo del valor de mercado, informó el gobierno estatal.
“En las indagatorias realizadas se logró establecer que el predio fue adquirido por el exgobernador en el año 2012, a través del entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hermosillo Arteaga, por la cantidad de 60 millones de pesos, es decir, cada hectárea tuvo un valor de dos mil pesos”, se detalló en un comunicado a propósito del aseguramiento.
Las propiedades aseguradas a Duarte están localizadas en los municipios de Balleza, Villa López, Camargo y Parral. A la par, el exgobernador y su familia cuentan con inmuebles en Texas y Nuevo México, que también están en proceso judicial, según han señalado autoridades de Chihuahua.
Después de conocerse la detención de Duarte, el gobernador Corral reiteró que las propiedades del exmandatario no correspondían a sus ingresos.
“En su mandato el exgobernador, amasó una multimillonaria fortuna, adquirió fincas costosas, ranchos, empresas y ganado exótico, todo ello, por encima de sus posibilidades económicas. Al final de su administración, el Estado de Chihuahua se quedó con una deuda de casi 50 mil millones de pesos, consecuencia del abuso en el manejo de los fondos públicos, comprometiendo además los ingresos futuros de los chihuahuenses”, mencionó Corral en un video difundido en redes sociales.
Hacia diciembre del año pasado, la FGE tenía más de 70 carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción cometidos por Duarte y por su equipo de colaboradores en la función pública.
Su defensa desde lejos
Desde que la administración de Javier Corral inició con los procesos en contra de Duarte por la presunta comisión de delitos, el exmandatario ha manifestado su inconformidad, tanto dentro como fuera del ámbito judicial.
Duarte ha solicitado amparos –que han sido negados– por el aseguramiento de sus propiedades, además de que se ha ordenado la reapertura de carpetas de investigación en su contra por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Duarte inició en 2017 una queja en contra del Ejecutivo local, al considerar que era un perseguido político y que no se habían respetado la presunción de inocencia en su contra.
De acuerdo con el archivo periodístico, la queja fue desechada.
En julio de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón al Partido Revolucionario Institucional de expulsar del partido al exgobernador, luego de que éste se inconformara por la determinación del instituto político.
A través de su apoderado legal, Duarte manifestó entonces que de manera ilegal se habían suspendido sus derechos políticos y vulnerado la presunción de inocencia, argumentos considerados infundados e inoperantes por la Sala Superior, que ratificó la determinación del partido.
laverdadjz@gmail.com
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