La aspirante del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua quedó sujeta a una investigación por el delito de cohecho, tras la acusación presentada en su contra por el gobierno de Javier Corral, de recibir dinero público durante el sexenio de Duarte; ‘Estoy tranquila, no nos van a detener, voy con fuerza a la campaña’ dice Maru
María Eugenia Campos Galván, aspirante del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos de la llamada ‘nómina secreta’ del exgobernador priista César Duarte, cuando era diputada en el Congreso del Estado (2013-2016).
En una audiencia judicial maratónica, con recesos de casi 15 horas, el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, acreditó el desvió de recursos de la Secretaría de Hacienda estatal durante el sexenio de Duarte y la entrega de dinero a Campos Galván, alcaldesa con licencia de Chihuahua. También vinculó a proceso por el mismo delito a los exdiputados locales María Ávila, del Partido Verde, y Rodrígo de la Rosa, de PRI.
La Fiscalía de Chihuahua argumentó durante la audiencia que los 3 imputados, en su función de legisladores durante 2013-2016, recibieron pagos para aprobar iniciativas y presupuesto solicitado por el exgobernador, actualmente detenido en Miami, Florida, a la espera de ser extraditado a México.
María Eugenia C. G., como identificó la autoridad judicial a alcaldesa de Chihuahua con licencia y candidata a la gubernatura por el PAN-PRD, es acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos para ella y para César Jauregui Moreno, entre 2014 y 2015, cuando ambos eran parte de la bancada del PAN en el Congreso de Estado.
Rodrigo D.R., quien era el coordinador de la bancada del PRI, es acusado de recibir para su beneficio personal, 2.5 millones de pesos, en tanto que María A.S., del Partido Verde, está acusada de recibir 3.8 millones de pesos.
La noche de este jueves, el juez Mendoza Rodríguez, estimó que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los tres imputados no fueron controvertidas por la defensa, por lo que el valor probatorio de las mismas acredita la comisión del delito señalado por la Fiscalía de Chihuahua.
También resolvió que la Fiscalía de Chihuahua tendrá un plazo de 6 meses para acabar su investigación, para luego celebrar una audiencia intermedia, en la cual se establecerán cuáles pruebas admite para juicio oral
Las medidas cautelares continuarán sin modificación, es decir, que ninguno de los 3 imputados puede salir del país y seguirán su proceso en libertad.
‘Estoy tranquila, voy con fuerza a la campaña’: Maru
Tras conocer la resolución del juez, Maru Campos, como es conocida la alcaldesa con licencia de Chihuahua, convocó a conferencia de prensa, donde dijo “no tengo nada que esconder y nada que temer, mi conciencia está tranquila”. Y advirtió “no nos van a detener”.
Aseguró que este proceso judicial es su contra es parte de una persecución que se desató desde la propia oficina del gobernador de Javier Corral, “construyendo un caso para continuar con la persecución de una servidora, con el único fin de entregar el estado a Morena”.
“Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta a mis derechos políticos de votar y ser votada”, indicó, “por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral”.
Campos explicó que la vinculación a proceso no significa que se dio la razón al Ministerio Público y ni que se ratifiquen las acusaciones. “La decisión del juez no es vinculante para una responsabilidad penal”.
Dijo que de ninguna manera se altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar hacia su persona
Apenas comienza el proceso formal de investigación, afirmó.
La audiencia, las pruebas
En una primera parte del proceso, el juez Samuel Uriel Mendoza realizó una relatoría de las pruebas que ofreció la Fiscalía y luego estableció aquellas que tomará en cuenta para definir si vincula o no a los tres imputados.
El juez reconoció como documentos auténticos los 34 recibos certificados firmados por los involucrados y publicados en un medio de comunicación, El Heraldo de Chihuahua.
Uno de los factores principales considerados por el juez fue el resultado del peritaje hecho a los documentos y una serie de testimonios de otros políticos y comunicadores que aceptaron haber recibido dinero del exgobernador de Duarte, se indicó en la audiencia.
De acuerdo con los datos exhibidos, entre quienes reconocieron estar en la nómina secreta de Duarte está la exdiputada por el PRD, Hortensia Aragón, por recibir 2.3 millones de pesos; Teokali Hidalgo, del PRI, con casi 500 mil pesos; Armando Cabada Alvídrez, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y candidato a diputado federal por Morena, por 4.3 millones de pesos, y Javier Contreras, exdirector de El Heraldo de Chihuahua, 10 millones de pesos.
Durante el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público también quedaron acreditadas:
• El desvío de recursos desde la Secretaría de Hacienda.
• La mecánica de la “caja chica” o “nómina secreta”.
• La entrega de recursos a diversas personas.
• La entrega de dinero a los tres imputados.
• Que la defensa se centró en circunstancias técnicas legislativas y no controvirtió la mecánica de desvío, la mecánica de entrega.
El juez desestimó un video presentado por la defensa de los imputados, en el cual aparece el Notario Público Luis Raúl Flores y pone en duda la copia de recibos certificados con la firma de Campos
Esos documentos fueron publicados por el periódico El Heraldo de Chihuahua y asegurados por la Fiscalía. El medio de comunicación informó haberlos obtenido de manera anónima.
Pero el juez consideró que el video donde sale el notario no es un interrogatorio formal, ya que es una entrevista realizada por un medio digital de Chihuahua. Aparte señaló que no existe acreditación de que sea realmente el licenciado Flores.
En la audiencia de este jueves, el juez acreditó los testimonios de las personas que están en el proceso con identidad reservada, que detallan el modus operandi de los pagos hechos a varios políticos, entre ellos los 3 imputados
Al leer su resolución, el juzgador precisó que existen elementos de que, en el Congreso de Chihuahua, en el trienio 2013-2016, hubo aprobaciones de iniciativas que coinciden con fechas de recursos distraídos presuntamente en favor de los imputados, como temas presupuestarios y nombramiento de magistraturas
El juez Samuel Uriel Mendoza refirió que la conducta en la cual podrían encuadrar los 3 imputados es el cohecho, establecido en el artículo 269 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Ese delito castiga a servidores públicos que por sí o por otra persona, reciban dinero o dádiva indebidamente para sí o para otro para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones
El artículo 269 del Código mencionado establece penas de entre 6 meses a 9 años de prisión.
El juez subrayó que existen testimonios que confirman una clara injerencia del entonces gobernador en esa Legislatura, de la que formaron parte los hoy imputados
En su declaración ante el juzgado, Rodrigo de la Rosa, del PRI negó haber recibido dinero de César Duarte, al establecer que no tendría caso hacerlo, pues él era de confianza del exgobernador
Esa confianza llevó a que Duarte lo designara coordinador de bancada, pues dijo que es una práctica “natural” que el ejecutivo defina la coordinación del partido político al que pertenece en el Congreso
En el caso de María Ávila, del Partido Verde, el juez enfatizó que existen elementos para indicar que tuvo una reunión en la Secretaría de Hacienda el 18 de diciembre 2013, y coincidentemente un día después recibió dinero vía su esposo Alejandro Gloria, actual legislador local.
Con esos elementos, el juzgado estableció que hay elementos para sujetar a los 3 imputados a proceso penal. Al término de su declaratoria el juez definirá un plazo para que Fiscalía concluya su investigación para entrar a una etapa intermedia del proceso
Antes de leer los elementos que quedaron acreditados contra los acusados, el juez suspendió la audiencia por unos minutos debido a que periodistas del Canal 28 estaban transmiendo la audiencia en vivo, lo que está prohibido conforme al Código de Procedimientos Penales. Luego del llamado de atención por este hecho, los representantes de ese medio de comunicación se retiraron de la sala de prensa y se reanudó el proceso.
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