A la mina a cielo abierto en Samalayuca se suman más de 100 solicitudes de explotación en trámite en el estado, con lo que la extensión concesionada aumentará para la explotación de oro, plata, zinc y cobre, entre otros minerales metálicos y no metálicos
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – Con más de cuatro mil 300 títulos de concesión, el 14 por ciento del total del territorio de Chihuahua es ocupado por compañías mineras que cuentan con anuencia para la explotación de minerales, revelan datos del Servicio Geológico Minero y la Subsecretaría de Minería.
El crecimiento de la industria minera en Chihuahua es tal que en 10 años la superficie concesionada pasó de mil 368 hectáreas a tres mil 530, de acuerdo con la Dirección General de minas de la Secretaría de Economía.
Además, existen 111 solicitudes de concesión en trámite, que, de concretarse, significará un incremento a 267 mil hectáreas autorizadas para su explotación y aprovechamiento, indica la información.
Imagen tomada del estudio Panorama Minero del Estado de Chihuahua.
Aunque hay conflictos llevados al terreno jurisdiccional, derrames de materiales tóxicos, acusaciones por despojo de tierras y afectaciones por la violencia del crimen organizado, el aumento de las tierras y subsuelo concesionados es considerado un logro por la llegada de inversión altamente rentable y con cuantiosa producción de empleos, apunta José Jabalera, director de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía federal.
En este contexto, los ejidatarios de Ojo de la Casa, en el poblado de Samalayuca, a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, hicieron un contrato de ocupación temporal de sus predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la reapertura de la mina piloto, la cual esperan pueda estar pronto en operación.
Esto desató movimientos en contra de ambientalistas, pobladores y poseedores de tierras en ejidos colindantes, lo que ha provocado contradicciones entre las autoridades, que han liberado permisos para la explotación minera en esa zona mientras otros aseguran que el movimiento social en contra del proyecto que merece atenderse.
A la par de los títulos de concesión en las 12 regiones mineras en que se divide el estado, hay 14 asignaciones mineras y nueve zonas de reservas, indican el Panorama Minero del Estado de Chihuahua y el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, edición 2019.
El incremento de las concesiones, a la par de la disminución de la producción en otras entidades del país, ha causado que durante el periodo 2018-2019, Chihuahua se posicionara como el segundo estado con mayor producción nacional de oro –después de Sonora–, plata y zinc –ambos después de Zacatecas–.
Para Jabalera, la tendencia al alza en la producción de minerales está relacionada con la puesta en marcha de la mina de San Julián, propiedad de Fresnillo PLC y ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo.
“En general, ha sido por el incremento de producción en el estado y también otro factor puede ser que en otros ha bajado y Chihuahua sí ha tenido otros nuevos desarrollos. La meta de las empresas mineras es que ellos tienen que ir reponiendo lo que van extrayendo para que sean proyectos viables, sí ha habido estos nuevos proyectos que han incrementado”, explica.
Sobre los señalamientos que hay acerca del impacto ambiental de la minería, de los conflictos con las comunidades propietarias de los terrenos donde se explotan los recursos y los despojos de tierras, Jabalera asegura que en México existe una regulación suficientemente fuerte que impide abusos de las empresas mineras.
“Estamos en desacuerdo con la minería desorganizada, con la que contamina, pero con la minería bien hecha estamos de acuerdo. Necesitamos la minería porque estamos tratando de transitar a una economía baja en emisiones de carbono, en lo que se llama la transición energética y debemos de producir los metales necesarios para esta transición energética… todos los metales que se necesitan para hacer paneles, turbinas, todo viene de la minería”, explica.
Solamente en los dos últimos años, han sido varios los conflictos desatados a partir de la operación de empresas mineras en la entidad. El más reciente es por la llegada al poblado de Samalayuca del proyecto la Gloria, una mina impulsada por la canadiense VVC Exploration Corporation y la razón social Samalayuca Cobre SA de CV.
El interés de la mina se ve afectado, señala Jabalera, por la disminución en la producción nacional de cobre. Los datos oficiales muestran que de 2017 a 2018 hubo una caída del 6.5 por ciento en la extracción de ese metal.
Acusan omisiones en explotación minera
Para Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria, las autoridades han sido omisas en la revisión de las concesiones mineras otorgadas en esta y otras administraciones, a pesar de los señalamientos de corrupción y violación de normas de impacto ambiental, así como de los derechos de quienes habitan en las comunidades aledañas a las minas.
“Todo el país está concesionado. Creo que las autoridades tienen que tener una postura más responsable en relación al tema, sí nos han dicho que van a revisar las concesiones que se han entregado pero no lo hemos visto, lo ha dicho el presidente (Andrés Manuel López Obrador) públicamente, pero no hemos visto que estén haciendo ese trabajo de revisar como todo el procedimiento que se dio para el otorgamiento de las concesiones y que hayan cancelado alguna”, apunta Villalobos, cuya organización trabaja en las comunidades serranas.
Municipios como Guadalupe y Calvo, Madera, Urique, Chínipas, Ocampo y Parral, concentran a la mayoría de los desarrollos mineros más importantes de la entidad.
Villalobos recuerda el derrame del 4 de junio del año pasado en la mina La Cieneguita, del municipio de Urique, que causó el fallecimiento de cuando menos tres trabajadores.
Además, en la sierra no contratan personal de las comunidades, el personal lo contratan en Chihuahua o en las ciudades más grandes y lo que causan es una economía de explotación porque después de algunos años se van y dejan las zonas contaminadas y sin una economía desarrollada”, añade.
Actualmente, hay dos procesos judiciales por la ocupación de tierras ejidales para la industria minera, uno con relación a una mina de Naica y otro en el municipio de Guazapares, de acuerdo con información de la subsecretaría de Minería del gobierno federal.
A los problemas derivados de la expropiación de tierras y de los accidentes ambientales se suma el de la violencia provocada por grupos armados. En mayo del año pasado, la mina Dolores, ubicada en el municipio serrano de Madera, cerró sus operaciones debido a la falta de condiciones de seguridad para continuar con la producción; tras operativos del gobierno estatal, semanas más tarde fueron reanudadas las actividades.
Ha reconocido el Gobierno Federal, aunque no se han reportado incidentes mayores, los municipios de Moris y Ocampo como “zonas de choque” en las que existe el riesgo de ataques armados.
Sobre la mina de Samalayuca, que de acuerdo con Jabalera se encuentra sin fecha de inicio de operación, el funcionario considera que la oposición de algunos ejidatarios debe ser atendida con mejoras en la comunicación de los planes de las empresas mineras.
“No te puedo negar que a lo mejor hay temas que se han atendido y hay reclamos legítimos (pero) por parte del proyecto de Samalayuca tiene cumplidos todos sus requisitos. Lo que creemos es que hay algunos temas de percepción, de estigma.
“Samalayuca es un pueblo minero desde hace muchos años… Nunca han tenido problemas con la mina de Cementos (de Chihuahua) y la tienen más cerca. Son voladuras controladas, no son estas explosiones, todo está controlado, la empresa de Samalayuca tiene una manifestación de impacto ambiental”, insiste Jabalera.
La mina de Cementos de Chihuahua ubicada en Samalayuca produce diariamente dos mil 900 toneladas de caliza, yeso, arcilla, hematita y arena sílica, es decir, minerales no metálicos.
En Juárez operan además otras plantas activas de minerales no metálicos propiedad de otras empresas, como Producción de Barro SA de CV, Minicrespo SA de CV, Ladrillera México 68, Ladrillera Km 20, Grupo Escalante, Asfaltos y Pavimentos de Cd. Juárez, Grupo Yvasa, Probesa de Juárez, Concreto Río Bravo, Block Cementos Azteca, Solvay Flúor de México, Imármol SA de CV, Vistas de Zaragoza, Panel Rey y tres plantas adicionales de Cementos de Chihuahua.
La activista Villalobos critica que la inversión producto de la minería no tiene un impacto real en la vida de las comunidades.
“Claro que para el gobierno es una posibilidad de traer inversión y de generación de empleo, pero el problema es que se hacen los acuerdos con estas grandes empresas sin darse cuenta de que estas regiones pueden tener su propio desarrollo, no necesariamente generan economías regionales”, afirma.
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