En las últimas tres décadas, los gobiernos mexicanos han creado instrumentos para prevenir la violencia contra las mujeres, incluso se destinan recursos millonarios. Pero a pesar de ser un modelo a para otros países, en los hechos, nada logra detener la violencia feminicida en el país
Texto: Vania Pigenoutt, María Ruiz y Daniela Pastrana
Fotos: María Ruiz
Pie de Página
Ciudad de México –A diferencia de otras regiones del mundo, donde la agenda feminista tiene motores diversos, como la despenalización del aborto en el cono sur, el acoso sexual en Estados Unidos, o la inequidad laboral en Europa, en México, el movimiento de mujeres converge en torno a un reclamo: la violencia feminicida.
Desde mediados de los 90, el Estado mexicano ha diseñado distintos instrumentos para erradicarla. Incluso, es considerado un modelo internacional en su legislación. Muchas de sus impulsoras han tenido posiciones de incidencia política.
Han gobernado cuatro presidentes, de tres partidos políticos distintos. Pero nada logra detener la espiral de violencia contra las mujeres y miles de casos de mujeres asesinadas, desaparecidas, golpeadas, violadas, acosadas y revictimizadas permanecen en la impunidad (más de 99 por ciento, de acuerdo con el último informe de la Red TdT).
¿Qué ha fallado? ¿Por qué, teniendo leyes que dan un marco legal robusto para erradicarla, no se han aplicado adecuadamente?
Dos momentos parecen detonadores de este aumento exponencial de una violencia que ha estado presente siempre en el espacio privado, pero que comenzó a exponerse públicamente con los asesinatos de las trabajadoras en de la maquila en Ciudad Juárez: la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994 y el conflicto armado interno derivado de la política contra el narcotráfico en 2007.
Lo que sigue es una apretada revisión de esos momentos y de las acciones que, en teoría, deberían haber mitigado las violencias feminicidas en México
Juárez y los feminicidios
Los primeros casos en llamar la atención internacional fueron los de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Después del Tratado de Libre Comercio, en Ciudad Juárez se instalaron decenas de maquiladoras que emplean a mujeres jóvenes, de zonas rurales y con pocos estudios. Más de 700 fueron raptadas, violadas y asesinadas.
En esos años, explica la abogada Karla Michel Salas, había un foco internacional mirando hacia lo que pasaba en el país.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) inició un procedimiento por las violaciones graves y esquemáticas en Ciudad Juárez.
La Cedaw encontró en esa urbe, considerada puerta de entrada para migrantes y el tráfico de droga, que, “los crímenes de homicidio en Ciudad Juárez tienen diferentes móviles: violencia doméstica e intrafamiliar, narcotráfico, crímenes pasionales, riña, robo, venganza y móvil sexual”.
La antropóloga feminista Marcela Lagarde definió el feminicidio, como un conjunto de delitos de lesa humanidad que reúne secuestros, asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Su explicación se encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres. Es decir, se trata de una violencia que está presente de diversas formas antes del homicidio, y continúa después, como violencia institucional a través de la impunidad
Esa definición, explica la investigadora italiana Emanuela Borzacchiello, ha sido un aporte fundamental de las feministas mexicanas para el mundo, pues rompió con una visión unilateral de que sólo es responsable el victimario.
“La categoría femicidio se creó en Estados Unidos, gracias a criminólogas estadunidenses, y quiere decir justo: el homicidio por odio a las mujeres. Las feministas mexicanas hicieron mucho más: (con el término feminicidio) dieron a la categoría un giro político. Que la mano que mata no necesariamente es la mano del victimario, sino también la mano del Estado y de la sociedad civil, que no hace un alto.
Entonces, hicieron algo muy importante: enfocaron la violencia de género como un problema político”.
La Ley Robles
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas más antiguas del movimiento feminista mexicano. La demanda de despenalización del aborto cobró fuerza con la segunda oleada feminista de 1970 (la primera fue en 1936). Las feministas lo plantearon como un asunto de justicia social y de salud pública, pero tuvieron que pasar otros 30 años para que lograran abrir la puerta a este derecho.
Eso fue posible con la llegada del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de la ciudad. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó las primeras elecciones en la capital del país y su partido consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) encabezado por Martha Lamas fue tejiendo una red de apoyo a la despenalización. Pero en 1999, después de la visita del Papa Juan Pablo II (Karol Wowjtyla) a México y sus proclamas contra el aborto, el PRD congeló la reforma.
Sin embargo, la primera alternancia política en 80 años, y una serie de circunstancias hicieron de 2000 un año clave en el debate sobre el tema.
La primera fue el “caso Paulina”, una adolescente de 13 años violada en Mexicali, Baja California, a la que los médicos y autoridades negaron el derecho a abortar. La segunda, el intento de los diputados panistas de Guanajuato de eliminar el aborto por violación.
La tercera, fundamental, fue una serie de reformas en la Ciudad de México conocidas como “Ley Robles”, por el apoyo que tuvo de la gobernadora interina de la Ciudad de México, Rosario Robles (quien años después renunció al partido y hoy está presa, acusada de desvío de recursos en su paso por Desarrollo Social).
Esta reforma, aprobada en septiembre de 2000, incluyó tres cosas: cambió la causal de peligro de muerte a grave riesgo a la salud de la mujer; se autorizó el aborto por malformaciones del producto; y se planteó la invalidez de un embarazo por una inseminación artificial no consentida. Además, se estableció que el Ministerio Público sería el encargado de autorizar el aborto cuando este fuera legal.
Aunque dirigentes de la Iglesia católica aseguraron que todas las personas implicadas en la promoción del aborto serían excomulgadas de manera sumaria. Y que 22 diputados del PAN y PVEM interpusieron un juicio de inconstitucionalidad contra la ley, un año y cuatro meses después, la Suprema Corte de Justicia resolvió que no existía tal inconstitucionalidad, por lo que la reforma fue ratificada.
Institutitis
El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para la creación el Instituto Nacional de las Mujeres, una oficina encargada de trabajar por la igualdad de género, combatiendo la violencia y la discriminación hacia la mujer.
Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Su composición orgánica requiere el trabajo conjunto con el Consejo Consultivo (con facultades para emitir una opinión técnica respecto a las brechas de desigualdad) y un Consejo Social, que se encarga de seguir el cumplimiento de las políticas públicas y programas propuestos. En ambos casos las integrantes provienen de diferentes organizaciones de la sociedad civil, políticas y privadas.
Desde su creación, el INM ha gastado 376 millones de pesos en investigaciones de la mujer en los partidos políticos, los centros laborales, los hogares y hasta en el aprendizaje de las Matemáticas en la Secundaria. Ninguna en feminicidio, trata de personas o embarazo adolescente.
Campo Algodonero
Los días 6 y 7 de noviembre del 2001, fueron localizados los cadáveres de ocho mujeres en un predio de Ciudad Juárez conocido como Campo Algodonero. Ese fue el primer caso de feminicidio que llega al sistema interamericano,
Los abogados Karla Michel y David Peña, lograron en 2009 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, por el caso del Campo Algodonero, misma que sentó precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio.
La sentencia incluyó sólo tres de estos ocho asesinatos, pero evidenció al gobierno de México, un país donde las mujeres podían ser violentadas en total impunidad.
La CoIDH sostuvo que hay una violencia sistemática, un patrón de violentar a las mujeres por el hecho de serlo.
Al entonces presidente Vicente Fox no le quedó más remedio que firmar una serie de compromisos contra esta violencia estructural. México fue reconocido como un país que la violencia contra las mujeres no sólo está instalada en el seno familiar, también en la comunidad, desde las instituciones y sus servidores públicos que no aplican las leyes.
Michel Salas desglosa los aportes jurídicos que dejó el caso:
“Hay un tema cultural que no hemos logrado modificar y muchas veces influye en la permanencia de la impunidad.
Las y los servidores públicos en general, el Estado no ha terminado de asumir que la violencia es una responsabilidad política. Se tiene que hacer toda una reorganización de todo el aparato gubernamental para asegurar los derechos de las mujeres. Lo que sí se ha logrado es poner la violencia contra las mujeres de un tema entre particulares a un asunto de Estado”
La Corte
Entre el 2003 y 2005 hubo cambios de la jurisprudencia. Hasta antes del reconocimiento de la violencia al interior de los hogares como un delito, las mujeres podían ser ignoradas si denunciaban violencia sexual, sólo por el hecho de ser casadas. La ley justificaba el “deseo carnal” de los hombres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la violencia sexual se puede dar en el matrimonio. Al cambiar este criterio, se reconoce que puede ser el cónyuge quien puede cometer violencia y se admiten sanciones en su contra.
Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de Gobernación, era entonces magistrada de la Corte y fue una de las principales impulsoras de estos cambios.
Aborto: 12 años para salir de la capital
En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados.
Durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), se impulsó la impresión de contenidos educativos en materia de sexualidad.
Pero después de eso no hubo continuidad, asegura Oriana López, directora de Balance y vocera de Fondo María, una organización que da acompañamiento a mujeres que quieren abortar.
Luego explica: ha habido muchos avances, pero falta que estas normas, leyes y modificaciones sean homogéneas y se extiendan en todo el país, como el derecho que tienen las mujeres de interrumpir su embarazo, que hasta 2019 fue un derecho exclusivo de las capitalinas. Oaxaca secundó esta decisión 12 años después que la Ciudad de México.
La guerra y la exposición de los cuerpos
En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia impulsada por el Inmujeres y organizaciones feministas. El marco normativo se propuso atender los diferentes tipos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica a los que se somete a las mexicanas.
Pero la ley nació al mismo tiempo que la llamada guerra contra el narcotráfico, que multiplicó la violencia para hombres y mujeres.
La brutalidad de la violencia que provocó el conflicto armado opacó otras conquistas, como la de abril de 2011, cuando por primera vez una mujer (Marisela Morales) fue nombrada al frente de la Procuraduría General (hoy fiscalía) de la República, el más alto cargo alcanzado por una abogada.
Por esos días, varios feminicidios sucesivos ocurrieron en el norte del país:
En octubre de 2010, Hermilia García se convirtió en la primera mujer mexicana jefa de la policía, en el municipio de Meoqui, a 70 kilómetros Chihuahua. Pero antes de cumplir dos meses en el cargo fue asesinada por un grupo de sicarios.
El 17 de diciembre, Marisela Escobedo, quien llevaba dos años protestando por la liberación del asesino confeso de su hija Rubí, víctima de la violencia de su pareja. Fue asesinada en las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
El 11 de enero de 2011, la poetisa y defensora de los derechos de las mujeres Susana Chávez, fue violada y asesinada en Ciudad Juárez.
En febrero, la familia Reyes Salazar sumó tres muertos a un duelo que comenzó un año antes, cuando fue asesinada Josefina Reyes, activista de derechos humanos que desde 2008 reclamaba justicia por la muerte de su hijo.
El 29 de marzo de 2011, Brenda Carrillo, comandante en jefe de la policía estadal de Chihuahua, fue asesinada junto con su hija de cinco años al llegar a la escuela.
Los feminicidios salieron del cuadro de Chihuahua y se extendieron en otros estados del país, como el Estado de México, Puebla y Guanajuato.
La guerra, explica Emmanuela Borzacchiello modificó los feminicidios, pues “sacó los cuerpos de las mujeres a la vía pública”. Lo que antes era privado, dentro de la casa, se volvió público.
Alertas
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció un mecanismo de protección que se considera único en el mundo y que fue promovido por organizaciones de la sociedad civil: la alerta de violencia de género.
En doce años se han emitido apenas 19 declaratorias de Alerta de Violencia de Género en igual número de entidades.
Karla Michel Salas las califica de ineficaces y una prueba de la simulación institucional. La Secretaría de Gobernación es quien tendría que coordinar las acciones para revertir el patrón feminicida.
La abogada feminista considera que hay esfuerzos ciudadanos para poner el foco en determinadas regiones del país, pero los estados ni la federación garantizan los derechos conquistados.
Las Alertas no son el único instrumento fallido. En 2013 la Ley General de Víctimas tuvo una reforma en la que se obliga al Estado a atender a las mujeres en las siguientes 72 horas los casos de violación sexual.
Hay otras reglamentaciones que han tenido avances importantes, explica Oriana López, como la NOM-046, que desde 2016 especifica que las mujeres pueden ir directo a los hospitales a ser atendidas en caso de violación sexual, sin que requieran una denuncia ante el Ministerio Público, como ocurría antes.
Sin embargo, no se cumplen.
Borzacchiello cuenta que en 2012 participó en un encuentro internacional en la Universidad Complutense de Madrid donde analizaron cuál era la mejor ley en contra de la violencia de género en todo el mundo. La conclusión fue que la mexicana, sobretodo por el dispositivo de la Alerta de Género.
“El problema es que las leyes no han logrado cambiar las realidades”, dice.
Para ella, las fallas están en el sistema de procuración de justicia, pero también en las estrategias políticas y en no reconocer que la violencia feminicida no solo afecta a las mujeres, nos afecta a todos.
“Cuando hablamos de impunidad, no hablamos solo de una falla en el sistema de justicia. Hablamos de una estrategia política que permite que la violencia contra las mujeres vuelva a pasar. Porque desafortunadamente los cuerpos de las mujeres golpeados, asesinados, torturados, desaparecidos, siguen sin tener un costo político” explica la italiana.
La impunidad
Karla Michel Salas retoma estas palabras de la CoIDH: “La impunidad genera una repetición crónica de violaciones a derechos humanos (…) Estos servidores públicos que no están cumpliendo con su trabajo tendrían que tener una consecuencia; la consecuencia tendría que ser la inhabilitación, una sanción penal, una sanción administrativa”
“En lugar de investigar, de sancionar, de reparar las violaciones en contra de las mujeres, se manda un mensaje de impunidad: no hay una consecuencia para quien agrede, mata, desaparece mujeres, es el mensaje contrario, de permisividad. Estás diciendo: a ti te pueden violar, asesinar, revictimizar… Se está mandando un mensaje de profunda desprotección”.
Pone como ejemplo regresivo la propuesta del fiscal general Alejandro Gertz de eliminar el delito de feminicidio, que fue un logro histórico, que se consiguió después de centenas de asesinatos de mujeres.
De nada sirven las leyes, si los que las deben aplicar no están preparados, dice.
Los logros recientes como mecanismos de exigencia de justicia por los casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en general, considera la abogada, vienen dese la sociedad civil. Es por eso que tantas mujeres estén tomando las calles. Hay una deuda con ellas.
Repensar la violencia feminicida
Un error común, dice, Borzacchiello, es comparar los asesinatos de mujeres con los de los hombres:
“Uno de los estereotipos que se tienen que borrar de este país es que cuando dicen que mueren asesinados más hombres que mujeres. El problema es que a las mujeres las asesinan por motivos específicos: porque son mujeres. El 99 por ciento de las mujeres son asesinadas por hombres y eso es fundamental. Además, las mujeres viven una guerra, la guerra del sistema patriarcal y machista”, explica.
Más bien, propone pensar la seguridad de un país a partir de los cuerpos más vulnerables: “Lo que siempre se dice desde el feminismo es que si un país es seguro para las mujeres, es seguro para todos. Volver a pensar en la seguridad para que sea un territorio seguro a partir de los cuerpos más vulnerables”.
—¿Y como sociedad en qué fallamos?
“Hay dos niveles. El primer nivel es que no reconocemos que es una violencia que nos afecta a todas y a todos. Tenemos que reconocer la violencia feminicida, como país y como sociedad la relación que tenemos con esa violencia.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
