No aparecen en los registros oficiales porque no tienen acceso a pruebas de confirmación, pero en semanas recientes, en algunas comunidades rurales, cada tercer día, muere una persona con síntomas de la enfermedad
Por Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
En la comunidad Pomposo Castellanos, ubicada en los valles del municipio de Cintalapa, el concreto que cubre las tumbas no termina de secarse, cuando los panteoneros ya tienen que abrir una nueva. El duelo, y la alarma, invade este poblado rural de solo 1,400 personas.
La pandemia no había impactado a esta comunidad, ni a otras ubicadas en regiones rurales de Chiapas, donde incluso dudaron de la existencia del virus. Ahora la situación es distinta; ahora, ante la evidencia que deja la muerte, decidieron resguardarse, usar cubreboca, poner filtros en las entradas de sus poblados, y decretar un toque de queda.
En el “palo que habla” del poblado -la bocina que hay en el centro, a través del que se emiten anuncios comunitarios-, las autoridades ejidales decidieron dar a conocer el aviso: “Por acuerdo de nuestra comunidad, el ejido Pomposo Castellanos ha implementado controlar el paso de acceso a nuestro ejido. Por el alto contagio de COVID, ha implementado toque de queda hasta las 9 de la noche”.
En las comunidades Vista Hermosa, Rosendo Salazar y Villa Morelos, la situación es la misma. De la última semana de julio, a la fecha, los enluta el número inusitado de muertes de personas que tuvieron síntomas de COVID-19.
Ninguna de estos contagios o muertes se encuentran en los registros oficiales que cada día da a conocer la Secretaría de Salud del gobierno de Chiapas. Estos recuentos sólo contabilizan a las personas que han accedido a una prueba de contagio realizada por el laboratorio de la institución.
Para la mayoría de los pobladores esto es inaccesible, porque tendrían que viajar a la cabecera municipal, y aún ahí, tampoco se accede a las pruebas si no se ordenan desde la capital del estado.
Lo que les queda, es tomar sus propias medidas de control, “y no fiarse del semaforo verde”, dice Marcelo Alberto Figueroa Martínez, comisariado ejidal de Rosendo Salazar, un poblado de 1,600 personas, doce de ellas muertas en lo que va del mes de agosto. Entre las personas fallecidas hay dos niños menores de ocho años.
“Nos confiamos”
Llegar a las comunidades rurales en pandemia, hasta mediados de 2021, era llegar a otro mundo. Salvo excepciones, en estas regiones el mayor impacto era el económico, derivado del cierre de las fuentes de trabajo y los impedimentos para llegar a las ciudades.
Algunos insumos empezaron a escasear y los productos a subir de precio, pero los niños y niñas seguían jugando juntas en las calles, continuaban las reuniones comunitarias y celebraciones religiosas, se seguía acudiendo al campo.
Pocas eran las personas que usaban cubrebocas. No se vivía el estrés ni confinamiento que afectaba a las personas en las zonas urbanas.
“Nos confiamos. Todo mundo pensó que esto había pasado, vinieron las elecciones (de junio de 2021), y eso nos trajo aglomeramiento de gente de fuera”, señala Marcelo Figueroa, comisariado ejidal del poblado Rosendo Salazar.
Entrevistado mientras cubría su turno de vigilancia en la entrada del poblado, colocado como parte de las medidas de control para detectar personas con síntomas de la enfermedad, Marcelo explica que en su poblado han muerto durante el mes de agosto, al menos cinco personas con síntomas evidentes de COVID.
También se registraron otros siete fallecimientos en este mismo periodo, por causas no claras, una situación inusual en la localidad de poco más de mil habitantes, que tiene un promedio de tres muertes por año.
“A estas alturas estamos tomando medidas precautorias (…) es la peor crisis que estamos pasando”, asegura.
Raquel Cruz, Agente rural de la comunidad Pomposo Castellanos, coincide. En esta comunidad, desde el domingo 22 de agosto han muerto una persona cada día, lo que suma a otras cinco antes de esta fecha. “La situación que estamos viviendo es muy tensa”, asegura.
Junto con Bartolo Cruz, Comisariado de Villa Morelos, las comunidades de la zona decidieron aplicar medidas más restrictivas. Ahora en estos poblados, en tanto pasa la crisis, quedaron suspendidas cualquier reunión.
Esto no cae bien a las personas jóvenes, acostumbradas a pasar sus tardes en el parque. Sin embargo, aseguran que es eso, o seguir sumando más muertes.
Esta alarma que viven las comunidades, ha hecho que personas que se mantenían escépticas, hayan decidido acercarse al proceso de vacunación, que en Chiapas, según el IMSS, ha tenido un alcance de poco más de un millón de personas.
Sin embargo, la demanda de diversos sectores de la población, sobre todo el personal médico y magisterial, es que el gobierno reconozca la crisis que se vive en las zonas rurales, y cambie la semaforización.
El que Chiapas esté en “semáforo verde”, aseguran, crea una falsa sensación de seguridad en la población, fomenta el subregistro, y el permite el discurso de que la situación está bajo control.
Chiapas es el único estado que permanece en semáforo verde, porque las cifras oficiales reconocen un número reducido de casos de contagios y fallecimientos, que no ha rebasado -según reportes de la secretaría de salud- los 90 casos diarios de contagios en una población de más de 5.5 millones de habitantes.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Chiapas Paralelo que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
