En la audiencia de vinculación a proceso de los dos detenidos por el doble feminicidio se acusó a las víctimas de que realizaban labores de vigilancia para un grupo delictivo en el Valle de Juárez; la defensa de los detenidos alega que sus representados fueron torturados para autoincriminarse
Redacción de La Verdad
La orden de asesinar a la pareja conformada por Nohemí y Yulizsa, se dio desde el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, de acuerdo con información difundida en la audiencia judicial en la que este viernes David R., y Jaqueline C.R. fueron vinculados a proceso por este doble feminicidio.
Las personas acusadas del asesinato de la pareja rindieron declaración ante el Ministerio Público, afirmando haber recibido la instrucción de matar y desmembrar a las víctimas por parte de mandos de la pandilla “Los Mexicles”, luego de que presuntamente ellas traicionaron a esa organización para la que, acusaron, realizaban labores de vigilancia.
En la diligencia, realizada este viernes 28 de enero en los juzgados penales, el abogado defensor denunció que sus representados fueron sometidos a tortura para rendir declaración y autoincriminarse, por lo que pidió al Tribunal de Control que declarara ilícita esas declaraciones y pidió que ordenara la libertad de sus representados.
Sin embargo, el juez de primera instancia, Lorenzo Villar Chavarría, concluyó que hasta este momento del proceso penal, la afirmación de que los presuntos responsables fueron torturados para culparse del doble feminicidio no tiene otro fundamento más que el dicho de ellos, es decir, no hay otro dato que confirme que los sometieron a tratos crueles e inhumanos, por lo, indicó, que es necesario esperar a los resultados del Protocolo de Estambul –una herramienta para determinar si una persona fue sometida a tortura– que se les practicó a los detenidos.
De acuerdo a lo indicado por el juez, esa pericial puede ser presentada en la etapa previa al juicio oral.
Nohemí M.M., y Tania M.H., –quien en sus redes sociales se identificaba como Yulizsa Ramírez y así era llamada por los colectivos organizadores de la marcha de protesta por ambos feminicidios–, fueron asesinadas en el interior de una casa ubicada en la calle Del Ejido, del poblado San Isidro, en la zona conocida como Valle de Juárez, entre las 6 de la tarde el pasado 15 de enero y las 5 de la mañana del día siguiente, se informó en la audiencia.
Los restos humanos se localizaron la mañana del 16 de enero –justo unas horas antes de que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, modificara el plan de seguridad ante una serie de incendios intencionales a vehículos y propiedades, así como varios homicidio –, tirados en un radio de 1.6 kilómetros en la carretera Juárez-Porvenir, a la altura del poblado San Isidro, dentro de bolsas para la basura.
Una mujer fue quien alertó a la Guardia Nacional, se informó.
Al rendir declaración ante el Ministerio Público, presuntamente David dijo que el 15 de enero como a las 10 de la noche recibió la llamada de un contacto que se encuentra recluido en el Cereso 3, de Ciudad Juárez, a quien no le preguntó el nombre, porque así se manejan dentro de ese grupo delictivo para no conocer cuál es la cadena de mando. Esa persona supuestamente le dijo que se comunicara con Jaqueline para que le ayudara a matar a dos mujeres.
El detenido refirió que estableció comunicación con Jaqueline, y utilizó una camioneta Silverado de color rojo con placas del Estado de Nuevo Mexico, modelo 2014, que tenía un chile pintado, para trasladarse al poblado de San Isidro.
En ese ejido presuntamente David se reunió con Jaqueline y con otro hombre identificado como Roberto, y empezaron por esperar a las víctimas. Primero se reunieron con Nohemí y luego fueron por otra víctima, la obligaron a subir a la camioneta, para después trasladarse a una casa y después se retiraron porque había varias personas, luego fueron a un segundo domicilio donde estaba un niño solo, al parecer el hijo de una de las víctimas, a él le preguntaron si en el inmueble había machetes o algo para cortar.
De esa propiedad se trasladan a la casa de la calle Del Ejido, donde vivían las víctimas quienes eran pareja sentimental. Ahí los presuntos homicidas sujetaron a las víctimas y al parecer la ahora detenida Jaqueline empezó a golpear a las víctimas y a “reclamarles porque andaban con un grupo contrario”, posteriormente ella dio la orden de que las mataran.
El presunto responsable detalló que él asfixió a Tania y el otro hombre intento hacer lo mismo con Nohemí, pero no tuvo fuerzas y él la privo de la vida. Después Jaqueline decapitó a ambas víctimas, luego fueron a conseguir machetes y cuchillos y regresaron para descuartizar a las víctimas.
La orden que tenían por parte de internos del Cereso era cortar a Nohemí y a Tania en 36 pedazos, pero se les dificultó llegar a ese grado, declaró el detenido.
Después pusieron los restos humanos en bolsas, los subieron a la camioneta y los tiraron en la carretera Juárez-Porvenir desde el vehículo en movimiento. Para luego irse a otra vivienda a una fiesta, a fumar “cristal” y a tomar bebidas alcohólicas.
Al momento de los hechos en la casa donde se cometió el crimen, se encontraba un hijo de las víctimas, se leyó en la audiencia de este viernes en una de las salas de Ciudad Judicial.
Jaqueline presuntamente declaró ante la representación social en el mismo sentido. Además, refirió que ella conocía de tiempo atrás a las víctimas y sabía que estas vivían en el poblado de San Isidro y realizaban actividades de vigilancia para un grupo delictivo, al parecer “Los Mexicles”.
La presunta responsable del doble feminicidio detalló que el 15 de enero se acercó a Tania y a un familiar de esta para llevársela, pero antes de irse le advirtió al pariente de Tania que si preguntaban por las víctimas respondiera que andaban de fiesta.
La sospechosa también dijo al Ministerio Público que al momento que tenían a las víctimas en la casa de la calle Del Ejido, ella le reclamó a Tania “por qué andaban poniéndolos a ellos, por qué andaban delatándolos, dándoles información a los contrarios”, y le pidió la ubicación de unas personas y como no proporcionaron datos, Daniel dio la orden de que las asesinaran y les cortaran el cuello. Ya muertas, ella le cortó la cabeza a Tania y el otro detenido hizo lo mismo con Nohemí.
De acuerdo con el informe en medicina forense, la causa de muerte de Tania fue descuartizamiento y la de Nohemí decapitación, expuso el juez al momento de darle valor probatorio a ese dato de prueba.
El juez también aceptó como datos de prueba las declaraciones de unos nueve testigos, cuatro de ellos ubican a los detenidos como presuntos homicidas porque vieron cuando “levantaron” a las víctimas; también, la información de que las iban a matar, incluso la comunicación de una de las testigos con un interno del Cereso 3 para decirle que se habían llevado a Nohemí y a Tania, así como a un familiar de ella. Además el testimonio de otro testigo que dijo que escuchó a David y a Jaqueline dicie que habían cometido el doble feminicidio.
Antes de emitir la resolución el juez preguntó a las personas detenidas si tenían algo que expresar, Jaqueline respondió “nomás (sic) quiero decir que si fui torturada”. David señaló que no tenía nada que decir.
Al emitir el auto de vinculación a proceso, el juez Lorenzo Villar Chavarría, consideró que los datos de prueba se incorporaron a la carpeta de investigación sin violación a derechos humanos y los consideró suficientes para esta etapa del proceso penal, pues, explicó, para la vinculación el estándar probatorio que se requiere es muy mínimo, únicamente datos que permitan presumir que se ha ocurrido un delito y que las personas arrestadas lo cometieron.
Además, el juez aceptó que se trata de datos de prueba que provienen de testigos de oídas, pero dijo, que sería ilógico exigir testigos presenciales como lo pidió la defensa de los acusados al hacer su argumentación.
El juzgador indicó que esos indicios son razonables para armar el rompecabezas y más aún al tomar en cuenta que al rendir declaración David y Jaqueline proporcionaron detalles muy finos sobre cómo se cometió el doble feminicidio, algo que no podría hacer alguien que no hubiera estado presente en ese atroz delito.
La defensa reclama detención arbitraria y tortura
El abogado particular que representó a David y Jaqueline denunció que estas personas fueron detenidas el 20 de enero fuera de la figura legal de la flagrancia y sin que mediara una orden de aprehensión.
Explicó al Tribunal de Control que para justificar esa violación, el Ministerio Público le atribuyó a sus representados el delito de desobediencia y resistencia de particulares; y posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión la cual no les fue mostrada a los ahora acusados.
El litigante aseguró que agentes de la Policía Ministerial Investigadora ejercieron tortura contra los presuntos homicidas para obligarlos a declararse culpables, pues de otra forma no eran entendible como habían dicho que ellos “se aventaron el jale de las descuartizadas del Valle”; refirió que todos los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público derivan de un ilegal arresto y por tanto están “contaminados” y pidió al juez que declarara nulos todos los datos de prueba.
Además, la defensa indicó que hay dos certificados médicos respecto a David, ambos de fecha 21 de enero. El primero se realizó a las 1:50 de la tarde, y en el se documentó que esta persona presentaba una equimosis de color violáceo en el hombro derecho, y un segundo examen, de las 9:45 de la noche, donde se anotó que David no presentaba lesiones aparentes.
No hay un certificado médico respecto a Jaqueline, dijo el defensor.
El representante legal de los presuntos homicidas agregó que varios testigos fueron obligados a declarar contra sus representados. Para esa audiencia, esa parte ofreció la declaración de la testigo de iniciales E.R.O.E., quien si acudió, pero se retiró del edificio judicial antes de que fuera llamada a declarar frente al juez aduciendo que se sentía mal.
Esa testigo declaró ante el Ministerio Público que conocía a las dos víctimas, sabía que eran pareja sentimental y que realizaban actividades de vigilancia para un grupo criminal y también tenía conocimiento de que esa organización estaba enojada con ellas porque estaban participando con otro grupo criminal.
Otro argumento de la defensa fue que en la casa donde presuntamente fueron asesinadas las víctimas y que fue cateada por la autoridad investigadora, no se encontraron células de descamación que correspondan a sus representados. Únicamente se halló sangre y prendas de vestir.
“Son datos de prueba falsos para evidenciar a la sociedad que tienen detenidos. Las confesiones las arrancaron con tortura”, reclamó el defensor.
El juez no admitió ninguno de los argumentos.
La resolución
La vinculación a proceso se dictó por el delito de feminicidio con una pena que se aumenta, por la presunta participación de al menos dos personas en la realización del delito; la alteración de la estructura de los cuerpos, al desmembrarlos y decapitar; y por haber expuesto los cuerpos al tirarlos a la vía pública.
El Tribunal aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia a los acusados David R., y Jaqueline C.R.
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