Las instituciones financieras tienen hasta el 17 de febrero para presentar al Estado sus ofertas sobre la contratación de dos créditos que suman más de 4 mil millones de pesos
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Como parte de su plan para contratar más deuda pública, el Gobierno de Chihuahua inició con la convocatoria para adquirir dos instrumentos derivados asociados a dos créditos que suman más de 4 mil millones de pesos.
Será a más tardar este jueves 17 de febrero cuando las instituciones financieras interesadas presenten sus ofertas para la contratación de los instrumentos derivados tipo SWAP, uno asociado a un crédito con Banorte por tres mil 397 millones 918 mil 257 pesos y el otro asociado a una deuda con Banco del Bajío por 500 millones de pesos, según se aprecia en la convocatoria.
Ambos financiamientos provienen de la reestructura que en 2019 hizo el gobierno chihuahuense de su deuda pública.
Los instrumentos son para que el Estado tenga cubiertas las variaciones de la tasa de interés de los financiamientos, ambos de largo plazo.
En diciembre pasado, la gobernadora María Eugenia Campos Galván solicitó al Congreso que le aprobaran un nuevo plan de deuda pública que contempló, además de nuevos financiamientos, la renovación de instrumentos derivados asociados a créditos contratados con anterioridad.
“El Gobierno de Chihuahua, al refinanciar su deuda bancaria de largo plazo en 2019 suscribió la obligación contractual de adquirir instrumentos derivados que protegieran a los financiamientos crediticios de la volatilidad de los mercados financieros”, explicó la iniciativa.
“La función de estos instrumentos es intercambiar la tasa variable TIIE a la que fue contratado el crédito por una tasa fija por el periodo de tiempo establecido en el instrumento derivado”, abundó la propuesta, aceptada por el legislativo local.
A los dos instrumentos a los que se refiere la convocatoria habrán de sumarse otros 19 que están también contemplados dentro de los renovables antes de 2023, según el decreto que aprobaron los diputados.
Este es el primer movimiento que hace la administración de Maru Campos sobre la deuda de largo plazo, en espera de que se lancen las convocatorias para los nuevos financiamientos que comprometerán los ingresos del Estado por los próximos 25 años.
En el manejo de la deuda pública, Campos Galván ha hecho uso de su potestad para adquirir hasta cuatro créditos de corto plazo en menos de 100 días desde su llegada a la gubernatura, a pesar de haber criticado el uso de estos instrumentos.
La semana pasada, el Instituto Estatal Electoral rechazó por improcedente la solicitud de un grupo de ciudadanos de someter a referéndum el refinanciamiento de la deuda pública solicitado por la gobernadora y autorizado por el Congreso.
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