En Chihuahua atravesamos una etapa de regresión obscurantista sin parangón… Esto ha obligado a las colectivas a trabajar y especializarse de forma profesional en la incidencia política, su relación con las instituciones y sobre todo, a difundir con el trabajo de campo permanente los derechos sexuales y reproductivos
Por Mariela Castro Flores
@MarieLouSalomé
El hito histórico más importante en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas se vivió este año con los avances que se han logrado con un arduo trabajo de décadas de incidencia política, litigio estratégico y labor legislativa que, con este contexto favorable, ha alcanzado la despenalización del aborto en distintas entidades federativas. A la par, se trabajan otras modificaciones a los marcos legales que garantizan libertades y la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos como una herramienta jurídica de transformación social y cultural.
Si bien la oleada de despenalización se dio en 2021 con 5 estados a los que se suman 3 más este año, que se despenalice no es suficiente. La falta de voluntades políticas, su articulación y la resistencia de gobiernos que en una lógica electoral prefieren seguir intercambiando los derechos de las mujeres y las niñas como moneda de cambio por votos, son los principales motivos que inhiben que lo que ya esta plasmado en ley se traduzca a la realidad concreta. No incluimos a nuestro estado porque atravesamos una etapa de regresión obscurantista sin parangón.
Sin embargo, la situación para las chihuahuenses no difiere de contextos donde el aborto esté despenalizado. Al igual que en todo el país, la única causal excluyente de responsabilidad es la violación y para solicitar la interrupción del embarazo se utiliza el protocolo de la NOM-046 (Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención) que es una norma de carácter federal, de aplicación obligatoria por parte del personal médico cuando se denuncia violación sin necesidad de una denuncia formal ante Fiscalía (incluidas las niñas y adolescentes sin necesidad de ser acompañadas por sus padres o tutores legales), para lo que se requiere solo manifestar el principio de buena fe para otorgar la atención médica.
Por otro lado, existe también la causal salud que es la dispensa de responsabilidad penal cuando la salud física, psicológica o social de la mujer está comprometida a algún riesgo o peligro y que el embarazo le afecte. Al igual que la suerte de la NOM-046, en la actual administración estatal la negativa ha sido permanente para su aplicación por criterios meramente personales y religiosos del personal médico o la falta de respaldo del departamento jurídico de las autoridades de salud, que es peor, ya que por ser una obligatoriedad legal y mandato constitucional garantizar derechos, no hacerlo demuestra que se obedece a voluntades y criterios de quien ejerce el poder y el más alto en la entidad es la gobernadora, de la que se conoce su talante conservador y de ultraderecha.
Solo así se entiende que autoridades de salud asuman el riesgo de violar sistemáticamente la ley.
Lo anterior ha obligado a las colectivas a trabajar y especializarse de forma profesional en la incidencia política, su relación con las instituciones y sobre todo, a difundir con el trabajo de campo permanente los derechos sexuales y reproductivos para concientizar sobre los mismos y la manera de ejercerlos. Esa diversificación que incluye si visibilizar la necesidad de despenalizar el aborto, pero también los protocolos de atención de las normas federales disponibles y el resto de herramientas jurídicas con las que se cuenta ha generado un mar de posibilidades en el ejercicio de las libertades.
Eso nos coloca décadas adelante en la brecha de la justicia reproductiva, ahora condensadas por el trabajo incansable de grupos como Marea Verde Chihuahua que, dicho sea de paso, si alguien desea abortar y no quiere someterse a la violencia obstétrica que ello implica, ofrecen acompañamiento para un aborto autoprocurado, seguro y en casa.
Y no es que solo las que abortan padezcan violencia obstétrica, también las que paren y sobre todo, en las clínicas y hospitales públicos; también contra eso luchan.
En esta mi primera colaboración para La Verdad Juárez, deseo agradecer la posibilidad de compartir mi opinión en espacios libres y que este sea un medio comprometido con la justicia social, de ahí que me congratulo de participar ahora con su equipo de analistas.
¡Felices fiestas!
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
