El tribunal agrario emitió su sentencia en 2015, pero le tomó otros siete años a la comunidad tomar posesión de su territorio
Por Raúl Fernando / Raíchali
En 2022, la comunidad indígena rarámuri de Baqueachi, municipio de Carichí, recuperó las últimas 487 hectáreas de más de 7 mil que se encontraban en posesión de once ganaderos mestizos de Nonoava y por las que inició una lucha legal en 1995.
“Ya Baqueachi es otra vez dueño y posesionario de su territorio”, dijo Estela Ángeles Mondragón, asesora legal de la comunidad por parte de la asociación Bowerasa, “se dice fácil pero son más de 25 años de lucha, de la tenacidad de los rarámuri. No sólo fue por la cuestión jurídica, sino que la cuestión jurídica se puso a disposición de las costumbres ancestrales de los rarámuri. Todo se peleó en base a su estructura social”.
La comunidad inició la demanda en 1995 con la asistencia de Mondragón y su esposo, Ernesto Rábago, quien fue asesinado en su despacho en 2011. Fue despacito, cuenta la abogada, pero en los juicios se llenaba la sala de audiencias del tribunal.
“Se movían todos, toda la estructura social, los cinco gobernadores, los capitanes, hasta el comisario de policía. Tú los veías plantaditos ahí. Eran de las autoridades formales, pero de las tradicionales también. Todos se venían para las audiencias y el trabajo lo hacíamos entre todos”, recuerda.
Tras veinte años en los cuales se emitieron cinco sentencias y se interpusieron amparos y contrademandas, el 31 de octubre de 2015, el Tribunal Unitario Agrario dio la razón a la comunidad y ordenó la restitución de sus tierras.
Sin embargo, pasaron otros siete años antes de que la comunidad físicamente tomara posesión de sus tierras.
Mondragón describe el proceso como una “lucha muy desigual”. Los ganaderos que se encontraban en posesión del territorio resistieron legalmente a la restitución de las tierras por varios años mediante amparos. Un grupo incluso demandó a la comunidad y a sus representantes legales bajo el argumento de que el ejido de Baqueachi no existía y que por lo tanto no tenían la personalidad legal necesaria para realizar la demanda por el territorio. También alegaron que Mondragón no tenía cédula profesional, por lo que estaría defraudando a la comunidad.
La comunidad y su equipo legal enfrentaron éste y otros amparos en su largo camino por el reconocimiento legal de su territorio. Cuando se emitió la primer sentencia, de cinco, el expediente emprendió varios viajes entre Chihuahua y la Ciudad de México por inconformidades con el peritaje de la extensión del ejido. En alguno de esos trayectos, el expediente incluso se perdió por un año.
Después de que la sentencia quedó firme y de negociaciones con los demandados, entre 2017 y 2019 la comunidad recuperó la mayoría de las más de 7 mil hectáreas que reclamaban y que son parte de las 45 mil 424 hectáreas, 43 áreas y 30 centiáreas que legalmente posee.
El último rancho recuperado fue el que estaba en posesión del hermano y los herederos de Raymundo Romero Caro, el demandado original y quien ya había fallecido. Además de la decisión de no negociar, las restricciones impuestas para contener el contagio de COVID-19 en México también dilataron el proceso.
En 2021, el Tribunal Unitario Agrario retomó el proceso y autorizó el apoyo de la fuerza pública y cualquier acto necesario para poner en posesión de su territori,o al pueblo de Baqueachi, como rompimiento de candados, cerraduras, derribamiento de cercos u obstrucciones. Sin embargo, fue hasta 2022 que la comunidad y la asociación Bowerasa pudo ejecutar la posesión por falta de recursos económicos.
Las tierras que la comunidad recuperó de manos de los ganaderos de Nonoava se suman a otras casi 22 mil hectáreas que la comunidad recuperó mediante 32 juicios contra otro grupo de ganaderos de Carichí.
Más de cien años en lucha
Cuando la sentencia fue emitida en 2015 y ésta quedó firme, Mondragón soltó unas lágrimas. Habían sido ya veinte años de un difícil proceso legal, con importantes sacrificios. Pero Valentín Chávez, quien fue comisariado ejidal y gobernador indígena de Baqueachi, le recordó que la lucha por su territorio tenía ya cien años desde que fue invadido.
“Ellos toda la vida se la pasaron peleando por el rescate y la recuperación de su territorio. Me dijo Valentín, más de cien años. Este pueblo está cansado de tanta lucha”, recordó Mondragón.
Ella y su esposo Ernesto Rábago comenzaron a trabajar con Baqueachi en 1994, cuando eran asesores del Frente Democrático Campesino (FDC). La comunidad buscaba abogados decentes, que no se vendieran, cuenta Mondragón, y fueron recomendados por un tercero al que tampoco conocían mucho en aquel entonces.
Poco a poco se ganaron la confianza de Baqueachi, cuenta Mondragón. Cuando visitaron la comunidad por primera vez en los primeros meses de 1995, la abogada solicitó llevarse ciertos documentos para estudiarlos a fondo en la ciudad. Al principio hubo reticencia. De ella sólo sabían que trabajaba con el FDC, pero no la conocían realmente. Tuvieron que firmar una carta en la que se comprometían a devolver los documentos.
A partir de ese entonces, Mondragón recorrió a pie o a mula el territorio de la comunidad, de la mano de sus habitantes. Así duraba días o semanas sin regresar a la ciudad de Chihuahua.
“A veces, donde nos agarraba la noche, ahí dormíamos. Donde nos agarraba la tarde, ahí comíamos. Ahí amanecíamos poniendo agua. Yo aprendí lo que era el valor de una tacita de agua, porque decían es tu ración para mañana. Durábamos días ahí haciendo trabajos. No convenía caminar y luego regresar a Baqueachi para luego iniciar otra vez el camino. Fue una convivencia con ellos que aprendí sus costumbres, aprendí a entenderlos y a que ellos me entendieran. Si no, no habría sido posible”, recuerda Mondragón.
Debido a que las intenciones de Baqueachi trastocaban varios intereses de particulares, los líderes de la comunidad, sus autoridades tradicionales y sus asesores legales sufrieron de ataques y amenazas. Mondragón pasaba mucho tiempo en la Sierra Tarahumara, en caminos poco transitados y poco vigilados por las fuerzas de seguridad, por lo que podría ser blanco fácil.
Hubo varios intentos de comprar a las autoridades tradicionales de Baqueachi, con importantes sumas de dinero y vehículos de reciente modelo, así como una campaña de desprestigio dirigida a Mondragón en medios de comunicación locales.
En 2009, dos bombas molotov fueron arrojadas al despacho de la asociación Bowerasa. Ese mismo año, un grupo de personas interceptó el vehículo donde viajaba el entonces presidente del comisariado ejidal de Baqueachi, Felipe González, con la intención de lincharlo. Un sacerdote que lo acompañaba se bajó para dialogar con el grupo y los detuvo, pero le encargaron transmitir una amenaza de muerte a Mondragón.
Las alertas se concentraron en ella y en las autoridades tradicionales de Baqueachi, pues eran quienes ya habían sufrido de ataques y amenazas. Sin embargo, en febrero de 2010, la hija de Mondragón y Rábago sufrieron un intento de homicidio afuera de su casa.
Poco después, el 1 de marzo de ese mismo año, Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en las oficinas de Bowerasa. Recibió dos impactos de bala. Mondragón asegura que la escena del crimen fue alterada, pues Ernesto recibió uno de los disparos en el estómago y el suéter que traía puesto no tenía ningún orificio de bala.
“Todos descuidamos a Ernesto. Todos. Por eso yo me sentía culpable de la muerte de Ernesto, porque la que se movía en la sierra era yo. Yo iba y me perdía un mes en la sierra, hasta que había algo que venir a checar aquí porque nada salía del despacho si yo no lo firmaba. Por no tener miedo fue que descuidamos a Ernesto”, dice Mondragón.
Exactamente dos años después del asesinato de su esposo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Ángeles Mondragón y exigió al estado mexicano tomar acciones para salvaguardar su integridad física.
Ni el asesinato de Ernesto ni los atentados contra la familia de Mondragón han sido resueltos. De acuerdo con la abogada, quien a tenido acceso a las carpetas, tampoco ha habido avances en las investigaciones.
Debido a la situación de alto riesgo en la que se encuentran tanto ella como la comunidad de Baqueachi, fue necesario que las fuerzas de seguridad acompañaran varios actos de recuperación del territorio que se encontraba en manos de ganaderos tanto de Carichí como de Nonoava. También fue el caso de esta última toma de posesión.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
