Roberto Fierro Duarte, el fiscal general de Chihuahua, aseguró que se investiga a todo el personal del Cereso de Ciudad Juárez; sin embargo, a más de 48 horas de la fuga masiva y la masacre de custodios y reos ningún funcionario, ni personal del centro carcelario ha sido separado de su cargo o detenido
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ante la existencia de ‘celdas VIP’, el ingreso de armas, dinero y drogas descubiertas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 tras la fuga masiva de reos, el fiscal General de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte reconoció que existen problemas serios de corrupción en ese penal.
El funcionario, de quien depende la dirección del sistema penitenciario estatal, dijo “lo evidente no lo podemos ocultar, se descubrió corrupción… y vamos a culpar a los responsables de estos y los vamos a llevar a los tribunales”.
En conferencia de prensa Fierro Duarte fue cuestionado si no habían visto o detectado la existencia de lo que quedó al descubierto con la fuga de reos, a lo que respondió: “no se trata de un tema de haber visto o no haber visto”.
El funcionario justificó que esa situación la heredaron y no se puede arreglar de la noche a la mañana, aunque aseguró que están trabajando para arreglar la situación, “caiga quien caiga”.
A más de 48 horas de la fuga masiva y la masacre de custodios y reos ningún funcionario, ni personal del centro carcelario ha sido separado de su cargo o detenido.
Alejandro Alvarado Téllez sigue como director del penal y Luis Alfonso Harris Arrondo permanece como responsable del Sistema Penitenciario Estatal, éste último funcionario acompañó a Fierro en la conferencia de prensa de este 2 de enero.
El fiscal general de Chihuahua dijo que ya se iniciaron varias carpetas de investigación por los delitos evasión de presos, motín y homicidio. Afirmó que tanto el director como todo el personal del centro carcelario están bajo investigación.
En la conferencia de prensa, Harris Arrondo informó que fueron al menos 30 los reos evadidos el primero de enero. La noche de ese día, la Fiscalía estatal informó que eran 27 los fugados y el 2 de enero autoridades federales indicaron que eran 25.
El fiscal explicó que la diferencia en los números se debe a que han tenido problemas para confrontar la información recuperada en campo con sus bases de datos pues tras la fuga hubo un motín y se suspendió el suministro de energía eléctrica.
Arrondo también señaló que son 17 las personas asesinadas, 10 de ellos custodios, y 14 lesionados.
Los presos fueron liberados por un grupo que portaba armas de fuego y viajaba en vehículos blindados y que irrumpió en el reclusorio, presuntamente con el objetivo de extraer al interno Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.
Esta persona es identificada por las autoridades como líder de una célula de sicarios autonombrados “Fuerzas Especiales Mexicles”, que forma parte de la pandilla “Los Mexicles”.
Luis Alfonso Harris Arrondo, titular del Sistema Penitenciario del Estado, evadió responder cómo fue ingresado al penal más de 1.7 millones de pesos, al menos 14 armas de fuego, diversas cantidades de droga y la tolerancia a que funcionen celdas con lujos, como lo dio a conocer el Gobierno Federal en una conferencia de prensa ofrecida este lunes, unas cinco horas antes de la ofrecida por los funcionarios estatales.
“Estamos indagando, no pararemos hasta hallar, hasta las últimas consecuencias”, fue lo único que atinó a decir Harris Arrondo ante los cuestionamientos.
Fue el fiscal quien trato de responder a las preguntas de los reporteros, señalando que “quienes si lo vieron y quienes estaban permitiendo esas acciones son los que van a llevar el castigo, porque esto no debió haber pasado”.
Fierro Duarte también responsabilizó a las anteriores administraciones estatales de las condiciones en que operaba el centro penitenciario de Ciudad Juárez, ubicado al poniente de la ciudad, argumentando que las celdas VIP no se construyeron “en seis meses ni en un año” y que los privilegios para ciertos internos vienen heredados de anteriores administraciones.
El funcionario, que lleva en el cargo 16 meses, se comprometió a limpiar los penales en el estado en un plazo de tres meses.
“Es una gran oportunidad para poderle dar fin a esta situación que se estaba viviendo en los penales. Estamos trabajando en la limpia de cada uno de los módulos y celdas para evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones y privilegios que se tenían y que vienen heredados de las administraciones anteriores”, indicó Fierro.
Desde agosto pasado, las autoridades identificaron a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz como el responsable de haber ordenado una serie de atentados en contra de la población civil de Ciudad Juárez para desestabilizar a las autoridades y realizar desmanes al interior del penal 3 de Juárez.
En esa fecha, conocida como ‘Jueves Negro‘, 11 personas fueron asesinadas entre ellas cuatro empleados del grupo radiofónico Mega Radio, dos mujeres que laboraban en una tienda de conveniencia y un adolescente que estaba acompañando a su padre en la jornada de trabajo de otro establecimiento comercial; hubo un cierre generalizado de comercios por la serie de incendios intencionales contra negocios; y se causó terror a la población.
Sin embargo, “El Neto” no fue cambiado a otro centro penitenciario, permaneció en el Cereso 3 de Juárez que esta catalogado como de mediana seguridad y se encuentra administrado por el gobierno del Estado que actualmente encabeza María Eugenia Campos Galván, quien al inicio de administración dijo que los delitos de alto impacto que se comenten en esta frontera son ordenados desde el interior de este reclusorio.
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En la conferencia de prensa ofrecida este lunes 2 de enero, el fiscal Fierro Duarte dijo que “El Neto” se encontraba en la lista de 180 internos que iban a ser trasladados a otra penitenciaria pero que ese cambio estaba en proceso al momento que se dio la fuga de reos, y que se había solicitado vía económica.
Después de esa declaración, en un comunicado de prensa la Secretaría de Gobernación desmintió la versión del fiscal indicando que el traslado de internos debe solicitarse de forma oficial y por escrito.
“Este traslado no puede realizarse violando las disposiciones, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de dichas personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua”, se lee en un comunicado de prensa atribuido al titular de la Secretaría Adán Augusto López Hernández.
En tanto que Harris Arrondo, responsable del Sistema Penitenciario del Estado, aseguró que los abogados de “El Neto” han venido interponiendo una serie de amparos para evitar el traslado.
“El tema del amparo es una práctica muy usual para las personas que tienen fuertes recursos para pagar este tipo de acciones y así actuar en contra de un proceso. Esta persona, “El Neto” uso de manera frecuente y concurrente esta medida para no poder ser llevado a un centro federal”, afirmó Harris.
De acuerdo con información pública corroborada en el Consejo de la Judicatura Federal, Piñón de la Cruz promovió al menos tres amparos indirectos en los últimos años: uno en 2019 y dos 2020, estos dos últimos con actuaciones judiciales hasta el 2021.
En uno de los amparos promovidos, el quejoso reclama actos omisivos y los otros dos por actos privativos de libertad, específicamente por la orden de traslado e incomunicación.
El amparo promovido en mayo de 2019, registrado en el expediente 335/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, fue por la “omisión de tramitar y acordar escrito de solicitud de copias presentado por los quejosos ante la autoridad responsable, dentro de la causa penal 1055/2009”. El juicio fue sobreseído.
En marzo de 2020 promovió dos juicios de amparo por la orden de traslado e incomunicación. Uno de ellos, el 171/2020, el quejoso demandó a la Secretaría de Gobernación presidida entonces por Olga Sánchez Cordero; el otro, 460/2020, señaló como autoridades responsables a Emilio García Ruiz, entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, caso en el que se determinó incompetencia.
Harris refirió que “El Neto” está sentenciado a 140 años de cárcel, aunque datos periodísticos con base a datos oficiales indican que esta persona acumula más de 200 de prisión al haber sido sentenciado por diversos secuestros y homicidios.
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