Sea cual sea el desenlace futuro que tengan sucesos sangrientos como el de Mya, sería un síndrome de depredación absoluta pretender aplicar un orden penal a rajatabla que afectaría severamente a la sociedad a partir de vulnerar las infancias
Por Jaime García Chávez
La preocupación social por el caso Mya Naomi Villalobos, la adolescente que sobrevivió a las múltiples puñaladas de su exnovio, Erick D. B., supuestamente prófugo, no está para menos. Se trata de dos adolescentes que se encuentran ubicados en el régimen jurídico de la minoría de edad penal.
El hecho típico en sí es grave, pero más dramatismo le imprimen al tratarse de jóvenes que recién se están incorporando a una sociedad sumamente compleja y en un ciclo de transiciones cuyas consecuencias hoy son impredecibles.
Obviamente se trata de que hay un gran malestar con la sociedad y la cultura cuando se tienen a la vista hechos que se atemperarían en edades adultas, sin dejar de ser abominables. Ese es un primer aspecto que ha provocado indignación en el estado de Chihuahua, en particular en la ciudad de Camargo, escenario de la violenta agresión.
La oportunidad se presta para recapitular algunos aspectos de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es firmante y por tanto le obliga a su acatamiento. Sumariamente, sus artículos 37 y 40 disponen, relativo a la administración de la justicia de menores y a la tortura y privación de la libertad, que “ningún niño será sometido a la tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la prisión perpetua y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias” y que “no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”.
También que “todo niño privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada”, y sobre todo, que
“todo niño que sea considerado acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes, tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y, en particular, el derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones”.
El carácter civilizatorio de esta Convención es más que evidente, aunque frecuentemente se escuchen opiniones que claman por uno de estos dos objetivos: la venganza privada o la exigencia de que las autoridades actúen imponiendo penalidades que no están, ni pueden estar, en el diseño de la política penal de cualquier miembro de la Convención a que nos estamos refiriendo. Ciertamente se hace más complejo el problema cuando se está prácticamente en la transición hacia la mayoría de edad, como es el caso.
Todo esto lo afirmo sin ocultar mi indignación por un suceso de esta naturaleza y la expresión de mi solidaridad a la víctima sobreviviente. Pero esto no es obstáculo para que manifieste mi reproche puntual en contra del oportunismo político con el que algunos pretenden lucrar, proponiendo que se tomen medidas legislativas drásticas que, de antemano se saben, serían imposibles por el principio de la no retroactividad de las leyes. Se podrán modificar, no tengo duda, dentro de los cartabones que establece la Convención, pero eso sería aplicable a partir de una vigencia hoy incierta. Ante tanta desolación y violencia, por lo demás, no son tiempos de linchamientos.
Es un asunto de interés público en el que debe prevalecer, precisamente, el presupuesto de lo público, de lo estatal, del funcionamiento debido de las instituciones. Sin embargo, no dejo de pensar que sea cual sea el desenlace futuro que tengan sucesos sangrientos como el que comento, sería un síndrome de depredación absoluta pretender aplicar un orden penal a rajatabla que afectaría severamente a la sociedad a partir de vulnerar las infancias.
09 febrero 2023
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
