Las quejas en contra de los jueces y juezas en el estado van desde aceptar pruebas falsas dentro de un proceso, conducirse con parcialidad en el desempeño de las funciones, acoso sexual, plasmar información errónea en notificaciones y emitir resoluciones que atentan contra los derechos de personas menores de edad
Por Blanca Carmona / La Verdad
En el desempeño de sus funciones, los jueces y juezas que imparten justicia en los tribunales estatales de Chihuahua acumularon más de 300 quejas en su contra durante el 2022.
Sin embargo, ninguna de esas quejas ha terminado aún en una sanción, revelan datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua obtenidos vía transparencia.
De acuerdo con datos del TSJ, en los tribunales estatales hay activos 254 jueces y juezas. De esos, 140 atienden casos penales, el resto recibe asuntos civil, familiar, mercantil y laboral.
Considerando esos números y el número de quejas recibidas, hay al menos una queja por cada juzgador, aunque la información proporcionada no muestra cuántos son los que concentran las inconformidades o se encuentran en investigación.
Los datos del Tribunal tampoco revelan quiénes presentaron las acusaciones, aunque por consultas a fuentes de instancias de justicia se pudo conocer que fueron presentadas por litigantes, personal de los propios tribunales, víctimas y victimarios.
La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del TSJ informó que durante el ejercicio 2022 radicó 319 expedientes por actos irregulares de los jueces y juezas en Chihuahua.
Las quejas van desde aceptar pruebas falsas dentro de un proceso, conducirse con parcialidad en el desempeño de las funciones, acoso sexual, plasmar información errónea en notificaciones y emitir determinaciones que atentan contra los derechos de personas menores de edad.
Además, por probable falta de objetividad, independencia, veracidad, rectitud, transparencia y lealtad en el desempeño de su trabajo como juzgadores, filtración de información y probable impedimento en los procesos judiciales, indica la respuesta de información firmada por Antonio Roberto Fontes Fernández, titular de la UIRA del TSJ.
La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del TSJ también respondió que el año pasado recibió una queja de forma directa por un probable caso de hostigamiento laboral y sexual y se procedió a dar vista la UIRA.
Ese caso está en la etapa de investigación, se indica en la respuesta de información signada por Flor Alejandra Corral Requejo titular de esa Dirección y entregada vía transparencia.
De las 319 quejas, 239 aún están en etapa de investigación y cuatro están en etapa de substanciación, es decir, en tramitación y a la espera de una resolución.
En 76 de las quejas presentadas contra los juzgadores se determinó no ejercer acción alguna. De estas dos fueron cerradas y enviadas al archivo al determinar que no hay datos suficientes para sancionar, revelan datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua proporcionados en respuesta a una solicitud de información.
Lo difícil que es presentar una queja
Buscar justicia dentro de una institución dedicada a impartir justicia es un camino largo para quienes acusan a juzgadores, aún cuando los quejosos sean parte de los tribunales.
Cuando los afectados son parte del sistema judicial o subordiandos de los juzgadores, primero presentan su situación ante sus jefes inmediatos y recurren a formalizar una queja hasta que son ignorados y el maltrato o acoso continúa. Esto ocurre por miedo de perder sus trabajos o ser bloqueados para obtener mejores posiciones y también porque perciben que las quejas no avanzan a una sanción.
“Cuando alguien se queja formalmente es porque ya lo expuso de manera económica y no hubo respuesta, es como un último recurso. Algunos jueces abusan, precisamente se sienten intocables. Y los litigantes muchas veces no se quejan porque tienen que seguir topándoselos en audiencia y temen a sus resoluciones. Además de que cuando se llegan a quejar, no pasa nada”, indicó una funcionaria judicial que pidió la reserva de sus datos personales por temor a recibir represalias.
Personal del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez señaló que encargadas de Sala de los tribunales de Control y de Juicio Oral, así como escribientes, son acosadas sexualmente por un juez, pero quienes se han atrevido a reportar estas situaciones las cambian de función y les dicen que no hagan caso de esos acosos.
Por lo que los funcionarios judiciales dudan que el TSJ le dé seguimiento a esas quejas.
Funcionarios de los juzgados penales de Ciudad Juárez también señalaron que la juez provisional Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales tiene muchas quejas, pero está protegida por una magistrada y por ello no se ha dado seguimiento a las denuncias.
“Respecto a los escribientes, los trata de una forma muy grosera incluso les ha gritado en el auditorio y en esa misma área se encuentra personal de Ejecución y Control, que obviamente escuchan todo. Ni que decir de los defensores, fiscales y con más razón los y las imputados (as), con estos últimos la situación es delicada porque aún y no siendo debidamente notificados les libra orden de aprehensión”, dijo uno de los afectados.
Al parecer Barraza Morales interpuso un juicio de amparo para evitar ser removida, indicó el entrevistado.
Sobre este caso, el vocero del TSJ, Israel Hernández Domínguez, indicó que no tenía información al respecto y preciso que de existir una investigación esta debería seguir el curso necesario. Aseguró no poder proporcionar datos por la reserva que se requiere.
Funcionarios judicial a la espera de justicia
La falta de resolución de los casos radicados en el 2022 se suma a la recibida en diciembre del 2019 en contra de la jueza Primero Familiar por Audiencias, María del Carmen Domínguez Aguirre, que a la fecha no ha sido resuelta.
Domínguez Aguirre está señalada como responsable de ejercer de manera directa y sistemática actos de violencia laboral e institucional, como aislamiento, ofensas, trato grosero, denotativo, hostil y humillante, amenazas, comportamiento de intolerancia, discriminación, rechazo e intimidación en contra de 20 funcionarios judiciales desde el 24 de febrero del 2016 hasta agosto del 2019.
A más de tres años de presentadas las quejas, no hay una resolución judicial, por el contrario, algunas de las víctimas que acusaron a la jueza están señaladas como personas problemáticas, no tienen protección y siguen sufriendo padecimientos derivados del maltrato, como insomnio, depresión, ira, fatiga, lagunas mentales, falta de concentración, crisis de ansiedad y síntomas psicóticos.
Una de las afectadas informó que a la fecha el caso está “congelado”, debido a que la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género dejó de representarlas ante la renuncia del abogado designado y luego de que ellas solicitaron que se les asignara un asesor jurídico en cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Atención a Víctimas, pero han sido ignoradas.
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