La acusación de la FGR contra Francisco Garduño Yáñez y otros cinco mandos del Instituto Nacional de Migración ocurre a 15 días del incendio en la estación migratoria donde murieron 40 personas; hasta ahora suman nueve los funcionarios acusados por esta tragedia, tres de ellos están vinculados a proceso
Por Blanca Carmona / La Verdad
La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y del titular de su representación en Chihuahua, Salvador González Guerrero, por su presunta responsabilidad en el incendio en la estación de Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 personas migrantes.
En un comunicado, la dependencia anunció la noche de este martes que también se ejerció acción penal en contra de otros cuatro funcionarios del INM, entre ellos Antonio López Díaz, quien presuntamente se desempeñaba como director general de Control y Verificación del instituto.
Sus nombres se publican debido a que se trata de funcionarios de primer nivel, cuyas identidades se conocen por su proyección pública.
La FGR informó que “Francisco “N” y Antonio “N” incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de 65 migrantes, 40 fallecidos y 25 lesionados.
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También se señaló que “se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
La Fiscalía no dio a conocer si los funcionarios se encuentran detenidos. La tarde de este martes, Garduño compartió en su cuenta de Twitter: “me encuentro en Cd. Juárez desde el primer momento que tuve conocimiento de este lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.
Los procesos penales contra funcionarios de alto rango en la estructura del INM anunciados este martes se suman a la persecución penal iniciada formalmente contra los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G., quienes fueron vinculados a proceso penal el pasado 4 de abril por los delitos de homicidio y lesiones.
En esa misma fecha y audiencia también quedaron vinculados a proceso el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y el migrante de Venezuela, Jeison D. C.R.
Últimos avances en la investigación
La Fiscalía federal dio a conocer que, con las pruebas obtenidas, se determinó las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con los delitos que se configuraron a raíz del incendio –homicidio y lesiones–, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad que brindaba un servicio a esa dependencia, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, se lee en el parte de prensa.
La FGR también documentó que el 31 de marzo de 2020, en un centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, sucedió un caso similar al registrado el pasado 27 de marzo en las instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez.
En Tenosique una persona murió y 14 resultaron lesionadas.
Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que la que se documentó la falta de medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, refirió la Fiscalía federal.
Por lo que se anunció se procedió penalmente contra de los directivos del INM y también en contra de CAMSA.
Esa compañía de seguridad privada y el INM suscribieron contratos por adjudicación directa, “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”, refirió la FGR en el comunicado de prensa.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar a la inmensa mayoría de su personal ante el IMSS, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
De acuerdo con datos del INM, 40 personas migrantes murieron debido al incendio ocurrido en la estación migratoria del INM, ubicada a un lado del puente internacional Reforma-Stanton y en la avenida Rivas Guillen, y otras 28 resultaron heridas, aunque la Fiscalía estableció en el comunicado de este martes que el número de heridos ascendía a 25.
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