Con la Ley 3 de 3 contra la violencia, impulsada por organizaciones feministas y de derechos humanos, las personas sentenciadas por violencia familiar, delitos contra la vida o sexuales o deudoras alimentarias no podrán acceder a candidaturas a puestos de elección popular o desempeñar un cargo público
Por Itzel Ramírez / La Verdad
El Congreso de Chihuahua aprobó este miércoles la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir que personas sentenciadas por violencia familiar, delitos contra la vida o sexuales o deudoras alimentarias puedan acceder a candidaturas a puestos de elección popular o desempeñen un cargo público.
Con el avance de la reforma, suman 14 entidades las que han avalado la modificación, impulsada por organizaciones feministas y de derechos humanos al menos desde 2020.
La minuta -proveniente del Senado de la República-, obtuvo 28 votos a favor, por lo que fue aprobada y regresada al Congreso de la Unión, donde deberá esperar a que al menos otras tres entidades la aprueben para que se considere avalada por la mayoría de los estados.
La reforma consiste en la modificación al artículo 38 de la Constitución, que ahora considera que las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni para tener empleo, cargo o comisión en el servicio público en los siguientes supuestos:
-Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo.
-Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La Cámara de Diputados recibió desde el año pasado y a inicios de este más de cuatro iniciativas sobre la suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, es decir, propuestas conocidas como ley 3 de 3 contra la violencia.
En la exposición de motivos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recordó que en 2021, la iniciativa 3 de 3 fue un lineamiento establecido por el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de ese año como una manera de avanzar en la erradicación de cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.
En ese entonces, el compromiso de quienes aspiraron a una candidatura fue firmar “un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad” en el que manifestaron no haber sido condenadas o sancionadas por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como persona deudora alimentaria morosa.
“La medida 3 de 3 contra la violencia presenta problemas en su implementación, pues está diseñada para tenerse por cumplida a través de la presentación de un escrito… Ésta, además, no genera ningún efecto jurídico, ni obligación alguna, por parte de quien aspira a una candidatura, a mostrar la evidencia de no estar cumpliendo en alguno de los supuestos mencionados”, evaluó la comisión legislativa local.
En el estudio de la propuesta, el órgano del congreso consideró también que la honorabilidad debe ser un requisito primordial entre quienes forman parte del servicio público, “por lo que resulta contrario a la lógica que se permita el ingreso de quienes tengan conductas contrarias a la ética y la ley”.
De acuerdo con la presidencia del Congreso local, hasta el martes, las legislaturas de Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Baja California Sur habían aprobado la 3 de 3.
“La iniciativa pone a fin a la recontratación de violentadores que muchas veces son despedidos de un área por ejercer violencia, pero son recontratados en otra área y siguen actuando incluso desde una posición de poder. La ‘ley 3 de 3’ se convertiría en un parteaguas nacional es un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, estimó Adriana Terrazas, presidenta del legislativo chihuahuense.
A su vez la diputada Rosana Díaz dijo que con esta reforma impulsada desde la sociedad civil, se garantiza a las mujeres víctimas de violencia que sus agresores no podrán ser sujetos a ningún proceso de elección ni a ocupar un cargo dentro de la administración pública.
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