Jaime Armendáriz / Raíchali
El panista Hugo Amed S., exfuncionario del gobierno de Javier Corral y exalcalde de Chínipas (2013-2016), quedó vinculado a proceso penal en calidad de auxiliador por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo del 2017 en la ciudad de Chihuahua.
El juzgado de Control federal otorgó 3 meses, a partir de este 22 de diciembre del 2020, para que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) fortalezca su investigación, plazo que coincidirá con el cuarto aniversario luctuoso de Miroslava.
Luego podrá desarrollarse la audiencia intermedia para establecer las pruebas a utilizarse en juicio oral o en su caso realizar algún procedimiento abreviado en el que el detenido reconozca su participación en el delito.
La Feadle expuso 46 medios probatorios y con esos se le estableció una medida de prisión preventiva al panista, por lo cual se encuentra recluido en el Cereso número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, zona conurbada de Chihuahua capital.
Hugo Amed fue detenido el 17 de diciembre pasado en la ciudad de Chihuahua. Es señalado por haber entregado a integrantes del crimen organizado, en específico al grupo conocido como “Los Salazar”, una grabación de Miroslava, en la cual ella asume la información de un reportaje que evidenció la imposición de ese grupo criminal en la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Chínipas para la elección del 2016, cuando el hoy imputado era alcalde aún.
La grabación fue hecha por el también panista y actual asesor de diputados locales del PAN, Alfredo Piñera, y se ha difundido en varias ocasiones. En el audio se le pide a la periodista información para deslindar a Hugo Amed de haberle dado datos para el reportaje que llevó al PRI a modificar la candidatura en esas elecciones.
Hasta el momento, Hugo S. es el único político detenido y el segundo implicado tras las rejas por este caso. El primero fue Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, sentenciado en agosto de éste año a pasar 50 años en prisión por orquestar el crimen contra la corresponsal del diario La Jornada.
Esta vinculación fortalece la hipótesis de la Feadle de que el asesinato obedece a un contexto de narcopolítica, precisó Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, organización coadyuvante en la investigación.
Ante ello pidió que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas asegure la integridad y vida de la familia de la periodista Miroslava.
La pandemia no justifica realizar el proceso cerrado al público; es un daño al derecho a la información, coinciden organizaciones
Tanto la audiencia inicial contra Hugo Amed, realizada el 18 de diciembre, como la de vinculación, llevada a cabo el 22 de este mismo mes, se realizaron a puerta cerrada con la restricción a medios de comunicación y público en general.
El procedimiento lo encabeza una juez desde el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, localizado en la avenida Mirador, mientras que la Feadle, Propuesta Cívica, el detenido y su defensa, la siguen por medios virtuales. Pero desde el Poder Judicial no se cuenta con un canal de comunicación para informar del proceso.
El artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales en México establece el principio de publicidad, en el que se define que las audiencias serán públicas. Sin embargo el juzgado determinó el cierre al público como medida sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Esas medidas las han aplicado desde finales de marzo de este año, cuando se decretó el distanciamiento social en el país para evitar la propagación del virus.
A 9 meses de ello, representantes de organizaciones de periodistas y libertad de expresión entrevistados por Raíchali aseguran que ya no se justifica impedir el acceso a la información de los procesos judiciales, y coinciden en la existencia de herramientas digitales que permitan conocer a detalle el desarrollo de las audiencias.
Jade Ramírez, coordinadora de libertad de expresión de Periodistas de a Pie, organización establecida en la Ciudad de México, dijo que si el proceso se hubiera dado en abril, mayo o junio de este año, todavía pudiera ser entendible la restricción, pero hoy en día, continuó, el negar el acceso a la prensa y a la comunidad es un retroceso que no garantiza los derechos de las víctimas y de la sociedad, y deja al descubierto que las autoridades no están preparadas para atender esta pandemia.
En su opinión, los juzgados pudieron haber creado un pre registro para acceder a las audiencias, instalar una sala contigua con transmisión o un streaming para el público en general.
Para Jorge Luis Sierra, periodista especializado en temas de seguridad, cofundador y presidente del Border Center for Journalist and Bloggers, organización con sede en Edimburgo, Texas, la pandemia no puede utilizarse como pretexto para cerrar las audiencias sin antes recurrir al apoyo de tecnologías de la información, que no requieren mayor inversión e incluso existiendo plataformas gratuitas.
Como ejemplo refirió que los juzgados en Estados Unidos implementaron mecanismos para que el público en general pudiera seguir en transmisión en vivo las audiencias de casos relevantes, como el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, o el del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto; ambos comparecieron en una corte de Nueva York durante este año.
“Si no se agotan los recursos tecnológicos hay un daño a la información pública, al derecho a informar, que es un derecho constitucional. Hay perjuicio a la transparencia y termina habiendo perjuicio a la libertad de expresión”, subrayó Sierra.
Así coincide Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, organización no gubernamental establecida en París, Francia, al hablar del proceso por el caso Miroslava.
“El contexto de la pandemia ha generado este tipo de situaciones que limitan el derecho a la información, y tanto las Naciones Unidas como la Unesco han llamado a que no se limiten ni se restrinjan los derechos”.
Si bien se debe entender la situación excepcional que se vive, existen medios electrónicos para dar información directa a los periodistas, agregó.
Y es que el caso emblemático de Miroslava debe llevar a que el sistema de justicia penal mexicano garantice la transparencia, con toda la información al público, por el hecho de que se involucra a un actor político, en vez de caer en el error de cerrar el juicio al público en general y medios de comunicación.
Ese es el análisis que hace Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York.
“Es importante que se sepa todo, que sean públicos los hechos y que los medios lo puedan reportar sin limitación. Entiendo las circunstancias complejas de la pandemia pero aun así es demasiada la trascendencia de este caso como para que exista un cierre informativo”, subrayó.
Corral asegura que no se protegió a nadie en el caso de Miroslava
Aunque se ha criticado que luego del crimen de la periodista Miroslava Breach el hoy detenido Hugo Amed estuvo como funcionario en la Secretaría de Educación del gobierno de Javier Corral, éste último reitera que no se protegió a nadie por el crimen.
Luego de finalizar su gobierno municipal en Chínipas, Hugo Amed se incorporó a Educación estatal. Cuando estaba en ese encargo, la propia Miroslava lo llegó a citar en la columna Don Mirone, que escribía la periodista para Norte de Ciudad Juárez, en donde se refirió a él como el mensajero de “Los Salazar”, en referencia a las amenazas que ella misma había recibido por varios medios.
En diciembre del 2017, al ser detenido “El Larry”, hoy sentenciado a 50 años por orquestar el homicidio, se ventiló la relación de Hugo Amed con el caso y su cercanía con el grupo delictivo. Desde entonces, organizaciones de periodistas y libertad de expresión exigieron procesar a políticos involucrados.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo la investigación a partir del crimen, en marzo del 2017, y hasta principios del 2018. Luego la Feadle atrajo el asunto.
La Fiscalía local liberó previamente 3 órdenes de aprehensión pero solo logró una, la de “el Larry. Las otras dos iban contra uno de los autores materiales, que fue asesinado en el estado de Sonora, y una más contra otra persona que permanece prófuga de la justicia.
“Suponemos que dos años y 8 meses después, se han encontrado o tienen elementos que permitan hacer esa imputación ante un juez, que será el que diga la situación jurídica del detenido”, dijo Corral respecto a la detención de su exfuncionario.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
