El senador permanece impune de las acusaciones por corrupción y malos manejos. Pero el costo de mantenerle intocado se eleva para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La hora de cerrar las cuentas se acerca
Por Alberto Najar
Twitter: anajarnajar
Miguel Ángel Mancera apareció a cuadro en la transmisión nacional de televisión.
Con saco oscuro y corbata roja que contrastaba con un ajustado chaleco antibalas blanco, rodeado de policías y periodistas, el entonces procurador General de Justicia del Distrito Federal entró a una casa de empeño donde un par de delincuentes mantenían retenidos a clientes y empleados.
Era el 29 de abril de 2010. El frustrado asalto al negocio acaparó la atención de los medios, especialmente la televisión que organizó una cobertura especial, helicópteros, cámaras, análisis y la actuación dramática de los conductores de noticieros.
Mancera entró al local para negociar la liberación de los rehenes. Lo consiguió a medias: los presuntos asaltantes salieron con dos empleados y abordaron una patrulla.
Minutos después fueron detenidos.
La odisea fue vista por cientos de miles de capitalinos que vieron en el procurador a un personaje eficiente, capaz de mantener a la capital del país en un oasis en medio de la sangrienta carnicería que era México en esos días gracias al esfuerzo del impresentable sujeto apellidado Calderón Hinojosa.
Dos años después el procurador fue elegido jefe de Gobierno, con un respaldo histórico superior al 60 por ciento de los votos.
La popularidad, sin embargo, no bastó para contener la involución del funcionario, quien en poco tiempo se convirtió en la antítesis de su imagen.
La Ciudad de México fue invadida por organizaciones de delincuencia organizada, que disputaron con violencia los mercados locales de drogas y extorsión.
Por primera vez en décadas se supo de secuestros masivos y fosas clandestinas. También aparecieron cuerpos desmembrados a mitad de una de las principales avenidas de la capital, Insurgentes.
Los jóvenes y adolescentes capitalinos fueron criminalizados por la policía. Las denuncias por golpizas y detenciones arbitrarias se multiplicaron.
El exDF perdió el cariz de ciudad refugio que había conservado durante los años más duros de la guerra de Calderón contra un cartel de narcotráfico.
Pero Miguel Ángel Mancera, actual senador de la República, siempre negó que hubiera bandas de delincuencia organizada a pesar de que como doctor en Derecho debería haber tenido muy claro que el modus operandi y la organización de varios grupos cumplía con las especificaciones de ese delito contenidas en el Código Penal.
El jefe de Gobierno prefirió no ver. O hacer como que no. Y no sólo en la creciente inseguridad, sino también en la multiplicación de desarrollos inmobiliarios irregulares.
El llamado Cartel Inmobiliario nació en tiempos de Mancera. Decenas de edificios se construyeron sin cumplir con las normas, y en muchos casos sin los menores estándares básicos de construcción ante un sismo.
Las consecuencias se vivieron en el terremoto de 2017, cuando colapsaron edificios prácticamente nuevos.
Es cierto, algunos fueron autorizados por autoridades delegacionales controladas por el Partido Acción Nacional (PAN). Pero la PGJCMX -bajo el mando del gobierno de Mancera- nunca atendió las denuncias que se presentaron por las irregularidades en su construcción.
El jefe de Gobierno nada hizo para contener a los consorcios inmobiliarios depredadores que encarecieron el costo de las rentas y el valor de la vivienda. Miles de personas resultaron afectadas.
Tampoco hubo mucho esfuerzo por sancionar las mafias que, con el respaldo de funcionarios del Gobierno capitalino y algunos notarios despojaron a decenas de familias de sus propiedades.
El historial del personaje vuelve cada 19 de septiembre, cuando se recuerdan las corruptelas y saldos pendientes en la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de 2017.
Algunos excolaboradores de Mancera han sido detenidos por corrupción, como Edgar Oswaldo Tungüí, excomisionado para la reconstrucción.
La misma suerte corren Jorge Eduardo Herrera González, exdirector de Construcción Civil en la Secretaría de Obras y Servicios, así como Fernando Javier Linares, exdirector de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Vivienda de la capital.
El caso más destacado es Julio César Serna Chávez, quien fuera su ex jefe de Gabinete, coordinador de la Central de Abasto y su amigo más cercano.
Los padres de Serna, por ejemplo, adoptaron a Mancera casi como hijo suyo.
El acecho judicial al senador parece estrecho. Pero hasta ahora el exjefe de Gobierno permanece impune.
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha decidido a cerrar el cerco, a pesar de que difícilmente los exfuncionarios detenidos actuaron motu propio.
Puede ser que la jefa de Gobierno siga el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador de mirar hacia adelante y no perder el tiempo en ajustar cuentas del pasado, como hizo con los expresidentes.
Pero Mancera no es Carlos Salinas de Gortari, ni su círculo de protección es tan amplio y poderoso como el del controvertido exmandatario.
De hecho, el costo político de no enjuiciarlo será cada vez mayor conforme se acerque el proceso de sucesión presidencial.
Temas como el accidente en la Línea 12 del Metro o los pendientes en la reconstrucción serán bandera de los opositores a Sheinbaum, engallados por su triunfo en las elecciones de 2021.
La valoración sobre el costo de mantener intocado a Mancera deberá hacerse más temprano que tarde.
Mientras, el senador mantiene un perfil bajo, aparentemente ajeno al debate y las campañas sucias contra la jefa de Gobierno.
Quizá pretende ganar tiempo. Pero cada día de su impunidad se cobra con intereses en el saldo político de Claudia Sheinbaum.
La hora de ajustar cuentas es cercana e inevitable.
Julio César Serna Chávez, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera y excoordinador general de la Central de Abasto (Ceda)
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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
