En respuesta a la denuncia, el juez exigió el cumplimiento de la sentencia y pidió suspender o paralizar la operación de la gasolinera y apercibió a la funcionaria que de no hacerlo le impondrá una multa.

La gasolinera fue clausurada y a la fecha sigue el litigio llevado por el abogado Víctor Hugo Becerra Coronado, del despacho de Jorge Espinoza Cortés, actual Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua.

Adicionalmente, el grupo de gasolineros inconformes emprendió acciones legales con las que consiguió revocar el amparo a favor de los De la Vega y el 19 de junio de 2019 logró la protección de la justicia federal.

En esa resolución el juzgado consideró que “podría causarse un probable riesgo a la salud y a la vida de las personas”, por lo que ordenó suspender la licencia de uso de suelo para la estación de Almacenes en avenida López Mateos y pidió a los quejosos garantizar con 300 mil pesos los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar a los interesados.

Con ello, Desarrollo Urbano municipal clausuró el 16 de julio la primera gasolinera Arco, que a la fecha lleva más de medio año cerrada.

El 26 de junio, el mismo grupo obtuvo otra sentencia a su favor en la que un tribunal resolvió suspender la emisión de la licencia de uso suelo para la estación en Camino Ortiz Rubio 5155, por la que pidió una garantía de 300 mil pesos. La gasolinera fue clausurada el 23 de julio.

Con dos estaciones Arco clausuradas en Ciudad Juárez, la familia De la Vega enfrentó un revés en su negocio gasolinero.

El 25 de septiembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado emitió la sentencia del amparo en revisión 408/2018 en la que resolvió que la compañía de los De la Vega agotó el plazo constitucional de 15 días para solicitar el amparo, por lo que este fue sobreseído.

“Este Tribunal advierte… (que) la demanda se presentó fuera del plazo legal y por ende, es improcedente el juicio de amparo”, explica en la resolución con la que quedaron sin validez los permisos que les otorgó el Municipio.

Además del fracaso de la estrategia legal, la sentencia derivó en el inicio del proceso penal en la FGR por falsear ante un juez la fecha de conocimiento del documento. Actualmente esa denuncia se encuentra en apelación, de acuerdo con Iván Pérez.

No obstante que la orden judicial obligaba la suspensión de las licencias de las estaciones de Arco, la directora de Desarrollo Urbano dilató la ejecución del cierre de las gasolineras de la familia De la Vega.

Se tardó casi un mes en solicitar la “aclaración” de la resolución, como consta en el oficio DGDU/JUR/1359/209, en el que Méndez pidió la “aclaración” de la resolución emitida.

En respuesta, el 30 de octubre los magistrados desecharon la petición de la funcionaria “por notoriamente improcedente”, al no considerar error o imprecisión en la sentencia.

Los descalabros judiciales de Almacenes continuaron el 2 de octubre de 2019 con el juicio de amparo 628/2018, donde se determinó que el reclamo contra las gasolineras de Alejandra de la Vega debía ser atendido como un principio precautorio ante el “riesgo latente… de que se vea comprometida la vida, la salud y el medio ambiente, ya que no es desconocido que la sustancia que se vende es altamente flamable y peligrosa”.

Al conceder el amparo al grupo de ocho gasolineros, se pidió a Desarrollo Urbano municipal suspender la emisión de las licencias para 10 estaciones de Almacenes, por las que se fijó una garantía de dos millones de pesos por cada una, cantidad que se estableció con base en los informes contables de los ingresos de las que ya habían sido clausuradas.

Desde entonces, cuatro sucursales más de Arco han sido cerradas, la última el 10 de diciembre de 2019. Aunque una vez más Lilia Ana Méndez buscó diferir el cierre de al menos una de las estaciones, lo que consta en el oficio DGDU/JUR/1472/2019 fechado el 26 de noviembre de 2019, en el que solicitó al juez ampliar el término por “la complejidad del asunto” y para requerir el debido cumplimiento a la empresa.