Opinión

La Guardia Nacional, mujeres, paz y seguridad




enero 21, 2019

A la memoria del Señor Ricardo Alanís Santos

Imelda Marrufo
Abogada y activista

La aprobación de la Guardia Nacional en los términos que fue avalada por los diputados constituye la militarización de la seguridad pública. A pesar de la confusión que en último momento se dio por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el mando administrativo sería civil, lo cierto es que, si la Guardia Nacional tiene un mando operativo militar, es militar.
Entregar la seguridad pública a los mandos militares ha generado asesinatos, tortura, violaciones sexuales y desapariciones. En el caso de Ciudad Juárez se sumaron los delitos de robo y extorsiones, entre otros. Sin embargo, los cientos de agravios y violaciones a los derechos humanos no fueron sancionados.
En Chihuahua, la desaparición forzada de Nitzia, Paola y José Ángel Alvarado a manos integrantes del ejército no puede ser olvidada. Fueron años de lucha de la familia Alvarado para exigir justicia en compañía de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La Procuraduría General de la República solo simulo las investigaciones.
Hace poco tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por desaparición forzada en el Caso Alvarado. La familia y sus representantes tuvieron que acudir a los tribunales internacionales porque en los tribunales locales no se hicieron las investigaciones para conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades mexicanas protegieron a los responsables, lo pudimos ver en las comparecencias previa sentencia del tribunal internacional.
Cómo olvidar que la época de militarización de Ciudad Juárez fueron los años de desaparición de mujeres, de investigaciones no iniciadas, de testigos asesinados. De una inseguridad a tal grado que terminó con el asesinato de muchas de ellas. Como ya lo hemos dicho encontradas en el Valle de Juárez, convertido en el cementerio clandestino. Elementos del ejército usaron los servicios de tratantes de mujeres como fue declarado en juicio de Arroyo de El Navajo en 2015.
Integrantes de la familia Reyes Salazar fueron desaparecidos. Después de muchos días de plantón frente a la Fiscalía General de la zona norte de Chihuahua la familia pudo recuperar sus cuerpos sin vida. La desaparición ocurrió a unos cuantos metros de donde se encontraba un retén militar.
Ante la impunidad total, Amnistía Internacional documentó violaciones sexuales y tortura en las detenciones. Los agravios a las mujeres no fueron hechos aislados. Intimidaciones, abusos sexuales, muchos de ellos no denunciados.
La aprobación de la Guardia Nacional fue arbitraria. Los llamados foros para la pacificación impulsados por el presidente de la República tuvieron como resultado el Plan de Paz y Seguridad que muy pocas personas conocen.
Los objetivos en los que se construyó la Guardia Nacional, según nos dicen, se enmarcan en los procesos de construcción de paz. Sin embargo, estos no responden a los reclamos de las víctimas ni de la ciudadanía, por el contrario, en Ciudad Juárez se propició una mesa en la que se cuestionó la entonces llamada ley de seguridad interior.
Ni a quienes acompañamos víctimas, ni a la gran cantidad de organizaciones de derechos humanos se nos invitó a la pasada consulta impulsada en el Congreso. Fuimos las organizaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres las que pugnamos por el espacio y abrimos el foro de discusión. Pero hay que decirlo, a pesar de la “consulta” a que se llamó en el Congreso ya la instrucción estaba dada. La red nacional Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres –
de la cual formo parte– se manifestó para que “las reformas propuestas a trece artículos de la Constitución sean nuevamente analizadas para asegurar el carácter eminentemente civil de la Guardia Nacional, previendo la participación de las fuerzas armadas en casos extraordinarios y previendo su sustitución en el menor tiempo posible”.
Se propuso por una gran cantidad de firmantes adheridas al manifiesto que se “contemplara la inclusión de una perspectiva de género e interseccional de los Derechos Humanos, que permita comprender y atender el impacto negativo que ha tenido en las mujeres esta violencia e impunidad, así como reparar el abandono institucional hacia ellas y sus familias”.
Vale la pena ir desglosando poco a poco los aspectos que consideramos una amenaza de la reforma recién aprobada, por ejemplo, la indebida regulación de los alcances del fuero militar, pues ahora resulta que cuando integrantes de la Guardia Nacional cometan delitos cuando no estén en ejercicio de sus funciones, dichos delitos serán investigados y juzgados por autoridades militares. Podrían entonces cometerlos en días de descanso y tendrían la protección de sus mandos.
La reforma fue aprobada por 362 legisladoras y legisladores de los 500. Estamos hablando de la continuidad de una política de seguridad pública impulsada por los anteriores gobiernos. Entiendo que habrá quienes opinen lo contrario. Por ello insisto hay que analizar los componentes poco a poco.
A pesar de la recién aprobada reforma constitucional con el componente de una Guardia Nacional en tareas de seguridad pública no debemos quedarnos de brazos cruzados. Existe una amenaza real. El riesgo de que las violaciones a nuestros derechos y la historia de los llamados daños colaterales se repita.
El fortalecimiento de las policías es urgente. Las instituciones de investigación que nos han decepcionado desde hace tiempo deben ser fortalecidas, debemos contar con fiscalías eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos que se investiguen y se sancione a los responsables.
Sabemos de las estructuras criminales en las que se han confabulado servidores públicos, agentes de las distintas corporaciones policiacas y con militares.
Los asesinatos de las personas desde el 2008 al 2011 en Ciudad Juárez fueron contados por miles. La criminalidad siguió en el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, la historia nos da lecciones y debemos aprender de ellas. la seguridad de las mujeres y de las personas, no debe ser de cualquier tipo no a cualquier costo.
imelda.marrufo@gmail.com

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