Cuauhtémoc Blanco hoy llora y ofrece presentarse ante las autoridades, eso sí charola en ristre, por si las dudas. Más vale llegar con fuero, con el privilegio bajo el brazo, que inerme frente a una acusación tan grave como la que se le imputa
Por Jaime García Chávez
No hay corrupción sin impunidad. Esa parece la moraleja que nos queda a los ciudadanos mexicanos después de la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de conservarle el fuero al “legislador” Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual y tentativa de violación en perjuicio de su media hermana; esa figura del ámbito deportivo que apalancó en 2018 el triunfo de López Obrador en el estado de Morelos y que goza de su protección.
Han corrido ríos de tinta sobre este caso, y no es para menos. La decisión congresional, inimpugnable mediante cualquier recurso legal, tiene una lectura política y otra jurídica, al menos.
Políticamente es, sin duda, un duro golpe a la presidenta de la república, aunque ella se empeñe en bienrecibirlo haciendo abstracción de que erosiona su poder. Su discurso de género, consagrado en la frase “llegamos todas”, ha desmerecido de manera exorbitante, sobre todo después de los muros de acero que rodearon al Palacio Nacional el pasado 8 de Marzo.
A esto se suman las fisuras que afloran en el partido y movimiento Morena, por la distancia que puso el PT, el voto disidente, las abstenciones y los que, asumiendo calidad de muertos, no se presentaron a la sesión donde se decidió la improcedencia del desafuero de Blanco, apoyándose en una treta que deshonra de manera absoluta. Llama la atención y merece lectura en otro momento que algunas diputadas respaldaran al exfutbolista y ahora político destacado de la Cuatroté. Nada de qué presumir.
A la vez que Morena se apoya en el PRI de Alito Moreno, se exhibe una impunidad mayor que le involucra en el caso, pues convierte a la Cámara de Diputados en un lugar en el que se intercambian impunidades, pues recordemos que también el actual líder del PRI y diputado federal, en su calidad de Gobernador de Campeche, tiene acusaciones muy fuertes en materia de corrupción política, como también las tiene Cuauhtémoc Blanco, de las que veladamente se le protege para que no lo alcance la acción penal.
En el plano jurídico, la decisión del Congreso no tiene sostén alguno. Cualquier ciudadano sin poder e influencias, en este momento, puede ser denunciado ante el Ministerio Público y consignado ante un Juez penal con un mínimo de datos de que se cometió un presunto delito, más tratándose de violación en un tiempo de preeminencia de los movimientos feministas.
Por eso resulta grotesco que la presidenta Claudia Sheinbaum, para proteger a Blanco y no entrar en contradicción con la mayoría en la Cámara de Diputados, recurra a denostar al Fiscal de Morelos.
¿Qué no habrá en el Gabinete y entre los consultores jurídicos alguien que le explique a la presidenta, con peritas y manzanas, que existe la recusación, y que en todo caso si hoy está realizando una defensa de una nueva justicia, lo pertinente es que ya, en adelanto de la misma, se hubiera decretado retirarle el fuero al diputado?
Blanco hoy llora y ofrece presentarse ante las autoridades, eso sí charola en ristre, por si las dudas. Más vale llegar con fuero, con el privilegio bajo el brazo, que inerme frente a una acusación tan grave como la que se le imputa.
Lo que hoy se denomina como “desaforar” es una simple declaración de procedencia, para quitar una traba a quien goza de inmunidad para que un asunto que lo involucra se atienda debidamente por una autoridad jurisdiccional. Ni siquiera una declaración de este corte prejuzga sobre si es culpable o inocente, porque eso es harina de otro costal. Pero la impunidad es así, es no correr riesgos, es no ponerse en el tocadero, es no perder el poder, aunque sea por unos cuantos días.
Estas declaraciones de procedencia ordinariamente se niegan, porque es una de las formas que tiene la clase política decadente para autodefenderse. La corrupción política se vendría abajo si el crimen se pagara, o mínimamente, quienes reciben una acusación comparecen a la autoridad a aclararla en tiempo y sin la prerrogativa de que pueden evadirla porque para eso es el poder, el fuero.
Si bien resuena el caso Blanco ahora por todo el país, no es ninguna novedad que así suceda. Todas las acusaciones penales, consistentes o no, que llegan a la orilla de una decisión de este tipo, se contienen y exhiben redes muy amplias de connivencia. Por eso resulta grotesco que hoy, lo que estamos viendo en este caso, es un burdo control de daños al que quiso contribuir el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, al presentar una iniciativa, veinticuatro horas después, para eliminar el fuero. Ni la burla perdonó.
Pero ya que se tocó el tema, habría que preguntarse si el mismo sirve o no. Los juristas han dicho que con el fuero se protege la función, no al funcionario; y teóricamente es cierto, sobre todo si viviéramos en una república genuinamente democrática en la que impere la rendición de cuentas, no en la nuestra donde la corrupción y la impunidad tienen un arraigo de siglos.
Pero confórmense, ya López Obrador nos había dicho que con su llegada la corrupción ya se acabó en México, salvo para los suyos, porque no se descarta que desde Palenque haya mandado la consigna de proteger al presunto violador.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
